El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena contra Mario Evaristo Mora, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción de un vehículo automotor, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículo motorizado por el término de dos años. Ese fallo había sido dictado por el juez de audiencia, Gastón Boulenaz, el 21 de octubre pasado. Durante el juicio oral, el magistrado había dado por probado que, el 9 de noviembre de 2012, cuando Mora –un jubilado de 84 años– se dirigía por la ruta nacional 35 al mando de su Chevrolet Meriva, en sentido sur-norte, a la altura de la YPF próxima al aeropuerto de Santa Rosa, intentó “girar imprevistamente a la izquierda, con claras intenciones de ingresar a la estación de servicio, y en dichas circunstancias la moto que circulaba por detrás, en el mismo sentido, al mando de Claudio Sepúlveda, a pesar de intentar frenar no logró evitar el impacto en la parte trasera de la Meriva”. A raíz de ello Sepúlveda sufrió lesiones de gravedad. Mayor información en ver más...
El concejal del bloque Pueblo Nuevo, Mariano Sánchez se presentó en la mañana del día jueves ante el fiscal Damián Campos por una denuncia sobre un caso de maltrato animal que se dio semanas atrás donde un vecino mató a un gato a cuchillazos en el barrio Carlos Berg, hecho que fue de público conocimiento por ser difundido por los medios locales. “Nosotros no queríamos que este caso quedara impune. Hoy en el bloque se presentó una proteccionista independiente a expresarnos su malestar por lo sucedido, y queria saber que había pasado en sede penal con este horrendo y cruel hecho ...por cual la acompañé a fiscalía para hacer la denuncia correspondiente o para ver si la justicia ya había tomado intervención de oficio, porque en algunos medios se dijo que la policía habia manifestado que no podía hacer nada, así que también pedimos que se nos explique de como debía proceder la policía en una denuncia de este tipo… explicó el edil, quien aseguró que los efectivos policiales debieron actuar de OFICIO en el momento que fueron anoticiados del hecho y no tener que esperar a que se produzca una denuncia en sede policial". Sigue en ver más...
La jueza de audiencia de General Pico, Paola Loscertales, condenó a un hombre de 33 años a la pena de 12 años de prisión de efectivo cumplimiento, como autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple como delito continuado, y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser su autor tutor o persona conviviente o encargada de la educación o guarda en concurso real entre sí . En el legajo intervinieron el fiscal Luciano Rebechi y el defensor particular Oscar Félix Ortíz Zamora.
El proceso se inició el 7 de junio del año pasado, mediante una denuncia radicada por la ex pareja del imputado -del que se encuentra separada desde hace dos años, después de estar casados-, donde manifestó que el hombre abusó sexualmente de su hija no biológica, aunque sí reconocida legalmente, cuando ella tenía entre 8 y 9 años hasta los 13. También afirmó que le había mostrado material pornográfico. Los hechos ocurridos salieron a la luz en oportunidad en que la víctima, que actualmente tiene 15 años, estaba hablando con su abuela respecto a su bajo rendimiento escolar. Allí la adolescente terminó confesando los abusos sufridos tiempo atrás. Sigue en ver más...
En un extenso diálogo con el programa ”Una Mañana y Pico” a través de LA RED PAMPEANA (95,7), así se expresó el defensor de tres de los acusados por el sonado caso ocurrido en aquella localidad del oeste pampeano y que fueran condenados en un fallo que se conoció el miércoles.
En el inicio el letrado dejó en claro su sorpresa ”yo recibí el fallo el día 10 de enero (20 días antes de darse a publicidad) a través de un CD que me dejaron por debajo de la puerta en mi casa. En el mismo se destaca que fue impreso el 27 de diciembre, un día después de los alegatos, algo muy llamativo ya que fueron mas de doscientas cincuenta páginas”.
Otra de las cuestiones señaladas por el letrado santarroseño fue la valoración que hizo el tribunal de los testimonios ”pues descartó la declaración de ciento treinta testigos y solamente tuvo en cuenta lo dicho por veinte, lo mismo hizo con lo expresado por los peritos de parte por considerarlos parciales”. Así mismo expresó ”las pericias médicas no fueron realizadas por especialistas sino por médicos de otras especialidades, a punto tal que una de ellas –ginecóloga- consideró al ano como parte del sistema genital del cuerpo, cuando se sabe que es parte del aparato digestivo”.
Finalmente Gebruers apuntó al abogado querellante Armando Agüero, como quien impulsó la causa para favorecer a uno de sus clientes, el ex intendente David Bravo, sobre quien pesaban acusaciones de malversación de caudales.
Los jueces del Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín, presentaron este jueves ante el fiscal general, Guillermo Sancho, una denuncia penal a fin de que se investigue si existió la filtración de un borrador de la sentencia por los abusos sexuales a alumnos de un jardín de infantes de 25 de Mayo; ya que si ello ocurrió, a través de terceras personas, el material fue obtenido de manera irregular. Los magistrados, firmantes del fallo condenatorio dictado ayer, se presentaron poco antes de las 13 en el Ministerio Público Fiscal, a raíz de las declaraciones públicas que había formulado, en tal sentido, el abogado Omar Gebruers, defensor de tres de los cuatro imputados en la causa citada.
El Superior Tribunal de Justicia también abrió una información sumaria a raíz de los dichos de Gebruers
El Superior Tribunal de Justicia resolvió este jueves instruir una información sumaria, en el ámbito administrativo, a raíz de las declaraciones públicas formuladas por el abogado Omar Gebruers con relación a la sentencia dictada el miércoles 1 de febrero por el Tribunal de Audiencia de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco del juicio oral por abusos sexuales en 25 de Mayo. El STJ entendió “oportuno y conveniente, ante la gravedad de la situación planteada”, ordenar “la sustanciación de una información sumaria”, que fue delegada en la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales.
Las primeras estadísticas que abarcan hasta fines del año pasado, muestran que la Sala B (Penal) del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Impugnación Penal concluyeron el 2016 con la tramitación de sus expedientes al día. Sus fallos, a partir de marzo, serán publicados en la página oficial del Poder Judicial de La Pampa, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento sobre Principios de Publicidad y Comunicación Judicial aprobado en noviembre pasado.
En la Sala B, integrada por los ministros Hugo Oscar Díaz y Fabricio Luis Losi, ingresaron el año pasado 147 causas, divididas de la siguiente manera: 105 correspondieron al régimen del nuevo Código Procesal Penal implementado hace casi seis años; 10 al régimen anterior; 12 a incidentes (excusaciones, recusaciones, de libertad, etc.) y 20 a presentaciones de detenidos y condenados. A su vez, los ministros dictaron 89 resoluciones interlocutorias, están tramitando nueve causas en casación y, dentro de los recursos federales extraordinarios, tres fueron concedidos y están en la Corte Suprema.
Por su parte, el TIP, compuesto por los jueces Filinto Rebechi, Carlos Flores y Pablo Balaguer -recientemente se sumaron sus pares Fernando Rivarola y Mauricio Piombi-, resolvió 300 causas. De ese total, 215 correspondieron al nuevo régimen (acusatorio), 14 al anterior (residual), 32 fueron ejecuciones, 16 fueron resueltas en plenario y las 23 restantes rechazadas in límine.
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Estado provincial, representado por el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo y la Dra. Marina Álvarez. En cuanto al reclamo administrativo de fecha 23 de octubre de 2007 cuestionando el Decreto 2046/04, el mismo ya había sido ratificado hacía más de dos años atrás, por el art. 50 de la Ley 2150, por lo que no resulta el proceso contencioso administrativo la vía idónea para atacar dicho texto legal. En el reclamo que diera origen a los autos “Lacava” se encuentra concluido, pasado en autoridad de cosa juzgada. Repasando el caso, la pretensión era que se califique de remuneratorio y bonificable el importe pagado en su calidad de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, bajo el concepto originalmente denominado “Acordada 56/91”. Mayor información en ver más...
La jueza de control, María Florencia Maza, a requerimiento del fiscal general a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci, dispuso este jueves 29 de diciembre, que se traslade a Santa Rosa a una mujer que está sospechada de haber retirado una suma importante de dinero de una cuenta del Banco de La Pampa que fue hackeada. La investigación fiscal preparatoria se abrió a fines de octubre cuando un hombre denunció que al ingresar al home banking del BLP le solicitaron la actualización de ciertos datos personales, él los dio y luego accedió a su cuenta sin problemas.; pero ahí advirtió que le faltaba plata y, al revisar los últimos movimientos, apareció una transferencia a nombre de una mujer. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que, contrariamente a lo dicho en un primer momento, no se trató de un hackeo a la seguridad del Banco de La Pampa, sino a lo de los clientes. Específicamente el hackeo fue a la cuenta mencionada y, a partir de que el damnificado ingresó en una página no oficial y aportó información sensible. En ver mas recorra cual fue el procedimiento realizado por la justicia.
La decisión la tomó la jueza Alicia Paola Loscertales al condenar al piquense Jonathan Emanuel Amaya, de 20 años, a quien consideró autor material y penalmente responsable del delito de "lesiones graves culposas" y por ello le aplicó como pena una multa de $ 3.000 y la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y motos por el término de un año. Jonathan Amaya fue condenado finalmente por un hecho ocurrido el 1 de setiembre de 2014, cuando alrededor de las 17:20 horas, se produjo un accidente de tránsito en calles 33 y 36, donde se constituyó personal policial de Comisaría Segunda, a los efectos de corroborar la veracidad de lo sucedido. Ese día Amaya iba al mando de una motocicleta IMSA 125 c.c. por calle 33 con sentido cardinal este-oeste, y al atravesar la intersección de calle 36 a excesiva velocidad, sin respetar la prioridad de paso de quien venía por su derecha, en este caso una motocicleta Motomel BIT, conducida por Roberto Osmar Cazenave, que lo hacía por calle 36 de norte a sur, lo embistió, sufriendo su conductor lesiones que fueron debidamente certificadas. El 22 de diciembre de 2015 se procedió a la Formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria, contra Jonathan Amaya, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves Culposas. A posteriori, el 7 de diciembre de 2016 se arribó a un acuerdo de juicio abreviado el cual fue suscripto por el imputado, su defensora, la Dra. María José Gianinetto y fiscal Dra. Ivana Soledad Hernández.
La sentencia se dio a conocer este jueves y lleva la firma del Juez de Audiencia, Dr. Florentino Rubio, quien condenó a Ricardo René Reale -un piquense de 31 años- por los delitos de "robo en poblado y en banda agravado por haber sido cometido con la participación de un menor de edad -en dos hechos-, robo simple -en otro caso- y robo doblemente agravado, por se cometido en poblado y en banda, además de mediar escalamiento, en grado de tentativa -en otro hecho-". Por todo esto, Rubio le aplicó una condena de cuatro años de prisión efectiva y lo declaró reincidente. Por otra parte, el magistrado también declaró la responsabilidad penal de LP -un joven piquense de 17 años- al considerarlo coautor de los delitos de robo en poblado y en banda -en dos casos- y le elevó dicha sentencia al Juez de la Familia y del Menor.
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