El Tribunal de Impugnación confirmó la condena contra Juan José Sarraco a un año y dos meses de prisión de cumplimiento, por ser autor de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor oficial Guillermo Horacio Costantino.
De esa forma, la Sala B del TIP, conformada por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, ratificó el fallo dictado el pasado 9 de agosto por el juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano.
Tras el juicio oral, Pagano había dado por probado que el 8 de diciembre de 2015, a la madrugada, “luego de haberse producido un incidente en el interior del baño de caballeros del local bailable del club Costa Brava”, en General Pico, y de que interviniera la policía, Sarraco se alejó del lugar y volvió con “con un pistola Bersa calibre 22, apuntando contra Ernesto Rubén Quiroga, mientras le gritaba ‘te voy a matar, te voy a quemar, borracho de mierda, casi matás a mi sobrino’”. El imputado fue “rápidamente desarmado y reducido por personal policial que se encontraba avocado a finalizar la pelea entre Quiroga y el sobrino de Sarraco”. Mayor información en ver más...
La sentencia se dio a conocer este jueves y fue firmada por el juez de Audiencia, Marcelo Pagano, quien condenó a J.L.Z., un sujeto de 51 años, nativo de Victorica, de ocupación jornalero, por el delito de abuso sexual con acceso carnal y le aplicó una pena de seis años de prisión.
J.L.Z. fue encontrado responsable de un hecho que se produjo entre el 21 de febrero y la madrugada del día siguiente del año 2016, cuando obligó a C.M.P. -una menor- a dirigirse a su casa coaccionándola con matar a su madre y a su hermana sino lo hacía. Una vez que estaba en su vivienda, la obligó a ingresar, la condujo a la habitación, la obligó a desvestirse completamente y abusó sexualmente de ella. La menor contó en Cámara Gesell, que el imputado la había violado y que recién logró irse cuando él se durmió alrededor de las 4 de la mañana.
Intervinieron en el proceso judicia, en representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Luciano Rebechi, y asistió en la defensa al imputado, la defensora general, Dra. María José Gianinetto.
El juez de primera instancia, Claudio Soto, condenó a la empresa Casino Club S.A. a abonarle una indemnización a una empleada que trabajaba como moza, por considerar que se demostró que su salud se vio afectada por la existencia de “violencia laboral o ambiente laboral hostil”. La sentencia está firme.
La mujer, en la demanda laboral que se tramitó en el Juzgado en lo Laboral N° 2 de Santa Rosa, alegó que sufrió situaciones de acoso laboral de parte de un encargado de sector, a través de un trato arbitrario, de la impartición de “órdenes denigrantes y peyorativas” para realizar tareas impropias de su categoría laboral, de no justificarle inasistencias por razones de enfermedad y de sancionarla con el no pago de esos días. Y concluyó que todo ello afectó su salud, su dignidad y hasta su patrimonio. Sigue en ver más...
Este miércoles, en el Palacio de Tribunales de General Pico, se tomó juramento a tres nuevos jueces que estarán desempeñando funciones en la Segunda Circunscripción de la provincia de La Pampa. Participaron del acto el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz, el ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Elena Fresco, Fabricio Lossi y José Sappa, demás funcionarios judiciales y público en general.
En primer término el Dr. Hugo Díaz procedió a tomar juramento a Gustavo Antonio Ariznabarreta, quien fue designado mediante Decreto N° 2862/17 como juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1.
Seguidamente le tomó juramento a la Dra. Alejandra Noemí Campos, quien se desempeñará como jueza de la Familia y del Menor N° 2, designada a través del Decreto N° 3317/17.
Finalmente, el presidente del Superior Tribunal tomo juramento a la Dra. Ana Clara Pérez Ballester, quien a través del Decreto N° 3762/17 desempeñará funciones como jueza de la Familia y del Menor N° 2.
Tras los juramentos se procedió a suscribir el acta respectiva.
Este miércoles a las 12, en la Sala de Audiencias del Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, les tomará juramento a tres nuevos jueces de la Segunda Circunscripción Judicial.
Ana Clara Pérez Ballester asumirá en el Juzgado de la Familia y del Menor N° 1; Alejandra Noemí Campos (foto) estará al frente del Juzgado de la Familia y del Menor N° 2; y Gustavo Antonio Arisnabarreta fue designado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1.
Además, el STJ reconocerá en la misma ceremonia a funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial –también de la Segunda Circunscripción Judicial– que cumplieron 25 y 30 años de servicio al 31 de diciembre de 2016. Por el cuarto de siglo se distinguirá con una medalla a la oficial superior jubilada Nora Marta Jiménez, y por las tres décadas recibirán relojes, el juez de audiencia, Marcelo Luis Pagano, y los jefes de despacho Gabriela Dina Pechín y Alberto Tomás Esperanza.
A modo de detalle, la Sala de Audiencias fue decorada con obras de artistas plásticos que pertenecen al Poder Judicial de La Pampa, como la coordinadora del Centro Público de Mediación Judicial y Resolución Alternativa de Conflictos Judiciales, María del Carmen García Fava; el ex juez de instrucción Luis Abraham, y la empleada del Ministerio Público Fiscal, Norma Tello.
La jueza civil de Santa Rosa, Fabiana Beatriz Berardi, condenó a la empresa Peugeot Citroen Argentina S.A. y a la concesionaria local Pampeana Automotores S.A. a sustituirle a un cliente el vehículo 0 kilómetro que había adquirido por “otro de idénticas características” y, además, a abonarle un resarcimiento por daño moral. El fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.
La sentencia fue dictada en base al artículo 17 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, referido a reparaciones no satisfactorias. El texto dice que “en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada”, el consumidor puede: a) pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características; b) devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas; y c) obtener una quita proporcional del precio. Mayor información en ver más...
La jueza civil de Santa Rosa, Susana Ethel Fernández, condenó solidariamente a la empresa Volkswagen Argentina y a la concesionaria local Sauma Car La Pampa S.A. a pagarle a una pareja un resarcimiento por daños y perjuicios por “vicios ocultos” en un Surán 0 kilómetro, basándose en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. La resolución fue confirmada hace unos días por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial y quedó firme.
Fernández dio por probado que los adquirentes del vehículo detectaron “anormalidades y defectos” desde que les fue entregado y durante 14 meses reclamaron a Sauma Automotores (hoy Sauma Car), abrieron dos reclamos en Volkswagen y hasta enviaron un mail a la casa matriz, en Alemania, donde se interesaron por el tema e instruyeron a la filial local para que se comunicara con ellos.
De acuerdo a los demandantes, los defectos fueron que el auto presentaba una vibración de origen desconocida, fundamentalmente cuando circulaba entre 60 y 80 kilómetros por hora, y daños en la pintura del capot. También indicaron que, más allá los arreglos efectuados por Sauma –se le llegó a cambiar un semieje–, la anomalía nunca fue reparada y los demandados tampoco explicaron cuál era el problema. Mayor información en ver más...
El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenó por mayoría a Enrique Manuel Romero Oneto a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor material y penalmente responsable del delito previsto en el artículo 128, primer párrafo, primer apartado del Código Penal, referido a “producción de imágenes que involucran a menores de 18 años con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, como delito continuado”.
Los jueces Carlos Alberto Besi y Alejandra Flavia Ongaro se inclinaron por esa pena; mientras que el restante integrante del cuerpo, Daniel Sáez Zamora, votó por una sanción de cuatro años de prisión.
A su vez, el tribunal, en forma unánime, no hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía; rechazó el pedido de actividad procesal defectuosa formulado por la defensa; y mantuvo la prohibición absoluta de contacto por cualquier medio y acercamiento del acusado a menos de 200 metros de las menores que resultaron víctimas y de sus respectivos domicilios.
También dispuso la inmediata detención del ex fiscal de Investigaciones Administrativas una vez que la sentencia quede firme, y dio por tenida por presente, “para el momento procesal oportuno”, la solicitud de prisión domiciliaria formulada por la defensa atento a la edad del imputado (70 años).
Durante la mañana del viernes 10 de noviembre, en la sala de audiencias N° 1 del Edificio Judicial de General Pico, juraron y asumieron dos fiscales y una prosecretaria sustitutos, en un acto encabezado por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Elena Victoria Fresco y Fabricio Losi. Junto a ellos estuvo el fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero. En dicha ceremonia prestaron juramento Guillermo Félix Komaroski, como fiscal sustituto; Juan Ignacio Pellegrino, como fiscal adjunto sustituto; y Elba Albina Pozze, como prosecretaria sustituta.
La jueza civil María del Carmen García condenó, en base a la Ley de Defensa del Consumidor, a la firma Sistema de Viviendas Tecnohogar S.R.L. a resarcir económicamente a un cliente por haber incumplido el contrato de locación firmado entre ambas partes. La sentencia fue ratificada por la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.
La demanda por daños y perjuicios fue iniciada aduciendo que la empresa violó el deber de información que prevé la ley nacional 24.240, al suscribir el contrato para la construcción de un inmueble de 30 metros cuadrados denominado “modelo 30”.
El demandante sostuvo que no se le dijo que “la instalación eléctrica incluía solo los caños vacios, sin cables, ni tomacorrientes, ni llaves de luz; ni que el revestimiento exterior de ladrillos no sería colocado, sino que solamente le entregarían los ladrillos” y que él debería hacerse cargo de ese trabajo. Tampoco le indicaron que las aberturas no tendrían vidrios ni picaportes, que no habría tuberías de desagüe y que ni los artefactos del baño ni los cerámicos estarían colocados.
.jpg)
