Se trata de José Luis Rodríguez, un hombre de 40 años nativo de Corzuela (Chaco) pero con domicilio en Rancul. Fue condenado este miércoles por la Justicia piquense por el delito de "lesiones leves agravadas por la relación de pareja existente con la víctima -en dos hechos-, por lesiones leves agravadas por el vínculo -en otro hecho-, y amenazas simples -en otros dos casos-". Se le aplicó una pena de ocho meses de prisión en suspenso y se le impuso algunas reglas de conducta entre las que se encuentran la "prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la damnificada Ana Rebeca Giménez y de su hijo, como así también de comunicación por cualquier medio con ellos". En ver más, otra lectura de sentencia que se realizó este miércoles...
La sentencia fue firmada por el Juez de Audiencia Florentino Rubio y recayó en Carlos Aníbal Cassaret, un piquense de 33 años, que fue encontrado responsable del delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo" y por ello recibió una pena de seis meses en suspenso. Dicha pena fue unificada con otra que había impuesto el Juez de Control Diego Ambrogetti en mayo pasado y constituyó una pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Respecto al caso en el que Cassaret resultó condenado por "lesiones leves calificadas por el vínculo" éste tiene que ver con una denuncia que le fuera formulada en su contra sobre golpes con el cinto contra su propio hijo, hecho que fue reconocido por el propio Cassaret a través de un juicio abreviado. En el caso actuó como fiscal Alejandro Gilardenghi y como defensor Walter Vaccaro.
Se trata de Fernando Luis Ezequiel Muñoz, alias "Nacho", un sujeto nativo de Santa Rosa (La Pampa) de 36 años, que fue condenado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la situación de guarda". El Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, el aplicó una pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento. Muñoz fue acusado el 4 de septiembre del año pasado por el padre de una niña de 12 años en oportunidad que el imputado trasladaba a la menor, como chofer de la Trafic de la Comisión de Fomento de Agustoni, desde un campo hasta el colegio secundario de la localidad de Dorila, Pellegrino absolvió a Muñoz del delito que también se le imputaba por "abuso sexual con acceso carnal, en grado de tentativa".
La jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre, procesó por el delito de narcotráfico a Alam Carrillo, un ciudadano boliviano que está acusado de proveer drogas a distribuidores de la provincia. Le dictó la prisión preventiva, hasta que finalice la investigación y llegue a juicio, y ordenó un embargo de 1 millón de pesos, dijeron fuentes oficiales. Carrillo -quien fue detenido en abril en la ciudad de Buenos Aires- está acusado de ser un proveedor de cocaína y marihuana en La Pampa y toda la región. La jueza lo acusó de ser “organizador de una cadena ilegal” de tráfico de estupefaciente, “agravado por haber sido cometido por tres o más personas, con la coautoría con el delito de comercio de estupefaciente agravado por el hecho de ser tres o más personas para cometerlo”. Los investigadores llegaron a Carrillo a través de un procedimiento policial en Pico. Allí se secuestraron 5 kilos de drogas que, según dijeron en su momento, había sido enviada por la organización de Carrillo. En ese momento fueron detenidas dos personas, Oscar David Moyano y José Martín Chirino. Ahora la jueza, junto al procesamiento de Carrillo, los acusó del delito de comercio de estupefaciente. También les dictó la prisión preventiva. Fuente: Diario Textual.
Se trata de Daniel Darío Díaz, un mendocino -nativo de General Alvear- de 48 años, que fue condenado por el delito de "lesiones leves calificadas -en un hecho- y amenazas simples -en otro caso-". El Juez de Audiencia Florentino Rubio le aplicó una pena de ocho meses de prisión en suspenso y le impuso algunas reglas de conducta por el término de dos años como "abstenerse de acercarse a menos de 200 metros a Evangelina Barrio -su ex esposa- y a Irma Garay -su suegra- y de mantener comunicación con ellas por cualquier medio". La fiscal que actuó en el caso fue la doctora Ivana Hernández y a Díaz lo defendió el doctor Alejandro Caram. Díaz, que no poseía antecedentes, fue condenado por haber golpeado a su pareja -con quien tiene hijos en común- el pasado 2 de enero y de haberla amenazado con que la iba a matar en otra oportunidad.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia Florentino Rubio y recayó en Daniel Alberto Nilles, un joven de 22 años nativo de Caleufú , quien fue condenado por el delito de "lesiones leves y amenazas simples" . La pena impuesta fue de seis meses de prisión en suspenso y algunas reglas de conducta que deberá cumplir en los próximo dos años como "abstenerse de acercarse a menos de 200 metros a Exequiel Eduardo Fantini y de mantener comunicación por cualquier medio" . Fantini fue quien denunció a Nilles por un hecho ocurrido el 3 de mayo de 2014, en horas de la tarde, cuando de acuerdo a su relato y comprobación posterior Nilles se acercó a su vivienda y cuando él salió lo golpeó en varias oportunidades y lo amenazó con que lo iba a matar sin saber por qué razón lo hizo. En este caso actuó como fiscal el doctor Alejandro Gilardenghi y como defensor del imputado el doctor Carlos Febre.
Se trata de Ariel Omar Quevedo, un hombre nativo de San Rafael (Mendoza) de 49 años, pero con domicilio en Embajador Martini. El Juez de Audiencia, Fabricio Losi, lo condenó por el delito de "abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, como delito continuado -en dos hechos-, en perjuicio de dos sobrinas suyas cuando estas tenían entre 9 y 13 años de edad". El fallo dictado por el juez Losi también señala que se absuelve a Quevedo por otra imputación que tenía sobre "abuso sexual simple agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un ascendiente, como delito continuado". Esto último fue respecto a una acusación que le formulara su propia hija biológica quien posteriormente se retractó de dicha imputación.
Se trata de Claudio Darío Biey, un hombre de 44 años nacido en Venado Tuerto (provincia de Santa Fe), quien recibió esta condena por ser autor material y penalmente responsable como partícipe secundario del delito de "robo calificado por haber sido cometido en lugar despoblado y en banda". La pena de tres años de prisión, de efectivo cumplimiento, le fue impuesta por el Juez de Audiencia Fabricio Losi con la actuación como fiscal de Alejandro Gilardenghi y del doctor Pablo Damico Follmez, como defensor particular del imputado.
El proceso judicial se inició mediante un Parte de novedad policial, cursado el día 12 de diciembre de 2012, por el que se ponía en conocimiento de la solicitud de presencia policial en el predio rural, denominado “El 13”, sito en Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 7, en Trebolares. Al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con José María Gorostiaga, quien denunció que arrendaba junto a su socio Marcelo Rubén Marcos un establecimiento rural de 186 hectáreas, propiedad de “Herederos de Héctor Rubén Falco”, donde entre las 21 horas del día anterior a la denuncia y las 12 horas de esa fecha, autores cuya identidad desconocía, previo romper una cadena del tranquerón de acceso al predio rural, y dañar intencionalmente el perímetro formado de tejido de 7 hilos y varillas, ingresaron al sector donde se ubicaban dos (2) silos bolsas terrestres plásticos (que se hallaron dañados en el lugar) y, mediante la utilización de un “chimango cargador”, sustrajeron aproximadamente 50.000 kilos de semilla de soja a granel. El denunciante valuó lo sustraído y lo dañado, en $100.000, aproximadamente e informó que la carga cerealera no se hallaba asegurada.
Se trata de Juan Alberto Peralta, un sujeto de 28 años nativo de Catriló pero domiciliado en Relmo, quien fue condenado por "el delito continuado de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente". La pena de 10 años de prisión fue dispuesta por el Juez de Audiencia Florentino Rubio y en el caso también participaron Ana Laura Ruffini, como fiscal, y Guillermo Costantino, como defensor oficial. De acuerdo a la información obtenida por LA RED PAMPEANA, la prueba debatida permitió tener por acreditado que Juan Alberto Peralta, abusó sexualmente en más de una oportunidad de una jovencita -menor de 18 años- cuando esta vivió con su abuela materna, quién la tenía a su cargo, y con el acusado, a la sazón, pareja de ésta.
Se trata de Miguel Alejandro Salinas, un piquense de 21 años, que fue condenado por los delitos de "portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma -en un caso- y por robo simple -en otro hecho-, todo en concurso real". La pena aplicada le fue impuesta por el Juez de Audiencia unipersonal Fabricio Losi quien no sólo lo sancionó con un año de prisión, de efectivo cumplimiento, sino que además le revocó la condicionalidad de la que gozaba a partir de otro hecho que tuvo sentencia el 10 de octubre del año pasado. El imputado fue asistido por el defensor particular, Dr. Armando Agüero; mientras que como representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Pampa trabajó el Dr. Alejandro Gilardenghi. Salinas fue condenado ahora por haber disparado desde una motocicleta contra dos jóvenes en un hecho ocurrido el 24 de noviembre alrededor de las 21 horas como así también por un robo ocurrido en una vivienda del barrio El Molino en octubre del año pasado.
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