La decisión la tomó el Juez de Control Diego Ambrogetti, y recayó en dos jóvenes nativos de Quemú Quemú quienes fueron encontrados responsables del delito de "encubrimiento por receptación sospechosa". Si bien no trascendieron demasiados detalles sobre el caso, LA RED PAMPEANA pudo saber que los jóvenes habrían encontrado un bolso con algunos objetos que presumiblemente eran robados. Se trata de jóvenes sin antecedentes y la situación ahora deberá ser analizada por el Juzgado del Menor y la Familia.
Así lo dispuso el Juez de Audiencia, doctor Carlos Federico Pellegrino, y se conoció este jueves a partir de su lectura de sentencia. La condena recayó en Carlos Alberto Bravo, un sujeto de 33 años nativo y domiciliado en Intendente Alvear, quien recibió una pena de tres años de prisión, de ejecución en suspenso, por el delito de "abuso sexual simple agravado por la convivencia, en dos hechos, en concurso real". Pellegrino también le impuso algunas reglas de conducta por un período de dos años como "establecer una restricción de acercamiento y comunicación, por cualquier medio, para las damnificadas y su madre". El proceso judicial se inició el 10 de noviembre del 2012, en circunstancias en que el imputado se hallaba en el domicilio de su pareja, en la localidad Sarah, donde abusó sexualmente, mediante tocamientos de dos nenas de 9 y 7 años. La Dra. Ivana Hernández fue la fiscal interviniente y asistió en la defensa al imputado, el Dr. Abel Tanus Mafud.
La sentencia fue dictada por el Juez de Audiencia Fabricio Losi y el condenado resultó ser Leandro Omar Peralta, un joven de 18 años nativo de Quemú Quemú quien fue considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de "lesiones leves agravadas por haber sido cometidas con quien ha mantenido una relación de pareja, privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante el uso de violencia y amenazas y amenazas agravadas". El juez Losi le impuso a Peralta la pena de dos años de prisión, de ejecución condicional y también le aplicó una serie de reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de dos años. La más importante es que debe "abstenerse de relacionarse con la víctima por cualquier medio, imponiéndole la prohibición de comunicación y acercamiento y abstenerse de ingresar por el término de un año a la localidad de Quemú Quemú".
La decisión la tomó el Juez de Audiencia, Florentino Rubio, y se dio a conocer este lunes en los Tribunales de General Pico. La condena le fue impuesta a Mario Luis Albornoz, un piquense de 40 años, que fue encontrado responsable de los delitos de "robo en despoblado y en banda y resistencia a la autoridad -en un caso- y robo en despoblado -en otro hecho-, en concurso real". Por estos delitos, Albornoz recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión y fue declarado reincidente.
El imputado fue encontrado culpable por un hecho ocurrido el día 9 de septiembre de 2012, cuando junto con otras dos personas que no pudieron ser identificadas, arribaron en una camioneta Ford Ranchero, al establecimiento rural propiedad de José Manuel Albizu, ubicado en la vera Oeste de la Ruta Provincial Nº 1 -entre los kilómetros 103 y 104- e ingresaron forzando la cerradura del portón de entrada a un galpón, sustrayendo varios elementos.
El 30 de mayo de 2013, en tanto, Albornoz sustrajo, del establecimiento rural “San Carlos”, propiedad de Gustavo Boles, distante 25 kilómetros hacia el norte de General Pico, varios elementos entre ellos una motocicleta y una soldadora.
La sentencia se dio a conocer el pasado lunes y fue dictada por el Juez de Audiencia, Fabricio Losi, quien condenó a Rubén Darío Wilches, un hombre nativo de Ranchos (provincia de Buenos Aires) de 33 años, a la pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de "lesiones leves calificadas, por haber sido cometidas en situación de convivencia preexistente con la víctima". Losi también le impuso a Wilches algunas reglas de conducta por el término de dos años, entre las que se destacan la prohibición de acercamiento a no menos de 500 metros y la prohibición de comunicación por cualquier medio con respecto a la Sra. Valeria Albina Carruqueo. Finalmente, Losi absolvió a Wilches por el delito de "amenazas simples" por falta de acusación fiscal y dispuso la libertad inmediata del imputado, atento a la imposición de pena de prisión en suspenso. El cabo Wilches fue condenado por un hecho que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2014, en la vivienda que compartía junto a la mujer en la localidad de Realicó. Allí golpeó a la joven en varias partes de su cuerpo, mientras esta sostenía en brazos a una beba que es hija de ambos.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia unipersonal, Carlos Federico Pellegrino, y se conoció este jueves en los Tribunales de General Pico. La condena recayó en William Eulogio Céspedes, un piquense de 20 años de edad, quien fue considerado autor materialmente responsable del delito de "robo simple en grado de tentativa". Por éste hecho recibió una pena de un mes de prisión, de efectivo cumplimiento, pero se le unificó con otra condena que se le había impuesto el pasado 7 de noviembre de 2013, concluyéndose en una pena única de tres años de prisión efectiva. Céspedes fue condenado en éste último caso por un hecho ocurrido el 17 de noviembre del año pasado cuando dos sujetos ingresaron a un automóvil Renault Clío que se encontraba estacionado en las calles 414 y 355, sustrayendo algo de su interior. Una persona observó el hecho y llamó a la Policía quien divisó una moto al ingresar al barrio Rucci. Uno de los sujetos se dio a la fuga pero Céspedes fue interceptado llevando en su poder el frente de un stereo.
La sentencia se dio a conocer este miércoles al mediodía en los Tribunales de General Pico y fue dictada por el Juez de Audiencia Florentino Rubio. Se condenó a Romina Liz Saavedra, una joven mujer piquense de 28 años, a la pena de tres meses de prisión en suspenso por el delito de "daño simple". Además le impusieron, por el término de dos años, algunas reglas de conducta entre las que se destacan "abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con Hugo Alfredo Urquiza y su grupo familiar". Romina Saavedra fue condenada por un hecho ocurrido el 19 de noviembre de 2013 cuando prendieron fuego un automóvil Chevrolet Corsa que estaba estacionado en calle 12 entre 29 y 31. La mujer reconoció ser la autora del hecho por el que se la acusó. Según se supo también, Romina Saavedra era la esposa del fallecido Julio Gualpa, quien había amenazado en vida con prenderle fuego el auto a la familia Urquiza. Perteneciente a esta familia Urquiza es Vanesa, la primera mujer de Gualpa con quien tuvo dos hijos y después otros dos con Donito Javier Blanco, principal responsable del asesinato de Julio Gualpa.
Se trata de Gustavo Ariel Lara, un hombre de 32 años, nativo de Huinca Renancó pero con domicilio en General Pico y a quien apodan "manguera". El Juez de Control, Heber Pregno Jr. lo halló responsable del delito de "robo simple" y le aplicó una pena de un año y seis meses de prisión, la que unificada con la pena dictada por el Tribunal de Audiencia -con fecha 21 de marzo de 2013, de dos años y tres meses de prisión- quedó en una pena única de tres años y nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento. El juez Pregno también declaró a Gustavo Lara reincidente y le revocó la libertad asistida que le había sido otorgada oportunamente.
Se trata de Leonardo Javier Pérez, un piquense de 33 años, que fue condenado por los delitos de "amenazas calificadas por el empleo de armas -en un hecho- y desobediencia judicial -en dos casos-, en concurso real". La sentencia la dictó el Juez de Audiencia, Florentino Rubio, y se le aplicó una pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento. El juez Rubio absolvió a Pérez de un delito de "amenazas simples" por el que también había sido acusado. Se trata de hechos ocurridos durante el año 2013 en donde Pérez amenazó en varias oportunidades a su pareja, una mujer de apellido Alfonzo, con quien convivió durante unos 10 años y tuvo dos hijos. El fiscal interviniente fue el Dr. Alejandro Gilardenghi, la querellante particular fue patrocinada por el Dr. Oscar Ortiz Zamora y también participó el Dr. Fernando Savid Buteler, como defensor del acusado.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, y la condena recayó en Adriana Edith Quiroga, una piquense de 41 años, a la que consideró responsable del delito de "lesiones leves" aplicándole una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional.
Pellegrino también le impuso una serie de reglas de conducta que Adriana Quiroga deberá cumplir por el término de dos años como fijar residencia; presentarse mensualmente a la Comisaría más próxima a su domicilio a fin de dar razón del mismo; y establecer una restricción de acercamiento y comunicación, por cualquier medio, para con la damnificada. Pellegrino absolvió a Adriana Quiroga por el delito de "amenazas simples" ya que no hubo acusación fiscal al respecto.
El proceso investigado se inició el día 13 de marzo de 2.013, en oportunidad que aproximadamente a las 09:55 horas, se presentó la imputada en el municipio local, cito en calle 11, entre Avenida San Martín y calle 16, previa discusión con la damnificada Patricia Salvadori, la golpeó con un casco en la cabeza, al tiempo que la insultaba y amenazaba con que “la iba a cagar a palos” y “le iba a prender fuego la casa”. La denunciante resultó con lesiones de carácter leve.
En el caso actuaron como representante del Ministerio Público Fiscal, la Dra. Ivana Hernández; asistió en la defensa a la imputada, el Dr. Humberto Bauducco; y ejerciendo el rol de querellante particular, la Dra. Cecilia Ruffini.
