Se trata de Daniel Horacio Schonfeld, un joven de 25 años nativo de Colonia Barón, quien fue considerado responsable de los delitos de "resistencia a la autoridad -en dos hechos-; daño simple -en cuatro casos-; lesiones leves; amenazas simples y amenazas agravadas". El Juez de Audiencia unipersonal Fabricio Losi le aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso y le impuso -por el término de dos años- algunas reglas de conducta como la "prohibición de comunicación y contacto a menos de 100 metros de Yohanna Dunel y Gastón Dunel; y la abstención del abuso de bebidas alcohólicas y de estupefacientes". El caso se resolvió a través de una audiencia de juicio abreviado en donde Schonfeld aceptó el acuerdo al que habían arribado el defensor oficial Alejandro Caram y la fiscal Ivana Hernández.
La lectura de sentencia la firmó el Juez de Audiencia unipersonal, Carlos Federico Pellegrino, y el caso se resolvió a través de un Juicio Directo, acordado por las partes, en virtud del reconocimiento de la autoría delictual por parte de los imputados, presentando a su vez, mediante un acuerdo de Juicio Abreviado. Pellegrino condenó a Iván Guillermo Cabral, de 34 años; y a Emanuel David Domínguez, de 33 años; por el delito de "infracción a la Ley Nacional Nº 22421" y les aplicó una pena de cinco meses de prisión, de ejecución condicional, y de un año de inhabilitación para la actividad cinegética mayor y menor. El magistrado también condenó a Juan Carlos Alesso, de 35 años; por el delito de "infracción a la Ley Nacional Nº 22421 y portación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal" y le impuso una pena de un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación para la actividad cinegética mayor y menor. A los tres imputados les impuso también que por el término de dos años deben fijar residencia y/o domicilio. El caso por el que fueron juzgados es por haber cazado nueve ciervos adultos sin permiso de autoridad competente y haberlos trasladado el día 12 de junio de 2015, en una camioneta al domicilio de uno de ellos a fin de despostarlos.
Se trata de Hugo Aparicio Gaita, un sujeto de 40 años nativo de Bowen (Mendoza) pero que tiene domicilio en Trenel. El juez de Audiencia Fabricio Losi lo condenó por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente" y le aplicó una pena de diez años de prisión efectiva. Según se pudo saber, la investigación se inició en febrero de este año 2015, a partir de una denuncia formulada por unos tíos de una niña de doce años quienes sospechaban que la pequeña estaba siendo abusada por su padre ya que la menor les había contado de algunos hechos que habían ocurrido en su vivienda. Gaita fue asistido por el defensor oficial Carlos Alejandro Caram, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Ivana Soledad Hernández.
Se trata de Juan Manuel Alvarez, un villeguense de 36 años, que tiene domicilio en la localidad de Intendente Alvear y que este miércoles fue condenado por los delitos de "lesiones leves calificadas -en un hecho- y lesiones leves calificadas y amenazas simples -en otro caso-". El Juez de Audiencia unipersonal, Carlos Federico Pellegrino, le aplicó una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y le aplicó una serie de reglas de conducta por el término de dos años. Entre ellas se destacan la prohibición de comunicación, por cualquier medio y de acercamiento para con Daniela René Rebichini, a un radio no menor a doscientos metros de su domicilio. Pellegrino también absolvió a Alvarez por otros delitos que se le imputaban, uno sobre lesiones leves -por no haberse producido acusación fiscal- y otro por privación ilegítima de la libertad, al aplicársele el beneficio de la duda. La investigación del caso en el que participó como fiscal, la doctora Ana Laura Ruffini, y como defensor del imputado, el doctor Norberto Paesani, comenzó el 25 de diciembre de 2.013 cuando en horas de la madrugada de ese día Alvarez golpeó a su esposa Daniela Rebichini y posteriormente a su suegra que se interpuso en su defensa. Alvarez también fue denunciado por otro hecho ocurrido el 30 de mayo de 2014 cuando su ex pareja concurrió a un lugar a pedido del imputado, la tomó del brazo y la obligó a ingresar a la vivienda, donde la amenazó y la golpeó produciéndole nuevamente lesiones. Además, le prohibió la salida del domicilio por espacio de cuarenta minutos, contra la voluntad, cuando le permitió retirarse, le retuvo el celular y la llave del auto.
La decisión se conoció este jueves por la mañana a través de una lectura de sentencia que fue firmada por el Juez de Audiencia unipersonal Fabricio Losi. La condena fue para Carlos Alberto Oviedo, un piquense de 52 años, quien fue hallado culpable de los delitos de "lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra la persona con quien mantiene una relación de pareja y amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real". Losi le impuso a Oviedo una pena de un año de prisión en suspenso y algunas reglas de conducta -por el término de dos años- como "someterse a un tratamiento psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia, a fin de evitar hechos de violencia contra las mujeres". El caso se resolvió a través de un juicio abreviado al que arribaron las partes involucradas en el hecho que ocurrió el 16 de octubre de 2014 en la localidad de Metileo. La concubina de Oviedo lo denunció ante la Policía local por haberla golpeado y amenazado de muerte.
Se trata de José Luis Garay, un hombre de 35 años nacido en Realicó, quien fue condenado por el delito de "amenazas simples y violación de domicilio". El juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, le aplicó una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional y le impuso algunas reglas de conducta como "abstenerse de acercarse o comunicarse por cualquier medio con Mariana Pamela González". Según surge del fallo, ésta mujer lo denunció el 23 de noviembre de 2014 cuando según su relato, su esposo Garay -de quien se encontraba separada hacía más de un año- se introdujo sin autorización a su vivienda y la amenazó de muerte además de agredirla físicamente mediante golpes de puño. Las partes en el proceso fueron representadas por el Dr. Alejandro Gilardenghi, por el Ministerio Público Fiscal y el Dr. Sebastián Fornasari, quien asistió en la defensa técnica al acusado.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, y recayó sobre Miguel Angel Ugas, un mendocino nacido en Salto de las Rosas hace 38 años, quien fue condenado por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo". Pellegrino le aplicó una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y algunas reglas de conducta que deberá cumplir por el término de dos años. Entre ellas se destacan, "someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y realizar un tratamiento médico a fin de evitar problemas con el consumo de alcohol, previa acreditación de su pertinencia". El magistrado absolvió a Ugas, con domicilio en Caleufú, por otra imputación que tenía por "amenazas simples" ya que no hubo por ésta acusación fiscal. Ugas fue condenado por un hecho ocurrido el 9 de marzo de 2014 cuando amenazó a su concubina con que la iba a matar y le aplicó un golpe de puño. La mujer huyó de la casa y se refugió en la de un vecino que es policía. Posteriormente Ugas también amenazó a dicho efectivo.
Se trata de Ricardo Armando Bozzola, un hombre de 52 años que reside en General Pico, y que fue considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de "amenazas simples y desobediencia judicial -en dos hechos-". El Juez de Audiencia Florentino Rubio le aplicó una pena de siete meses de prisión en suspenso pero además le aplicó algunas reglas de conducta como "abstenerse de acercarse a menos de 200 metros a Andrea Daniela Martín y de comunicarse por cualquier medio con ella y someterse, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, a un tratamiento psicológico en orden a prevenir episodios de violencia". Rubio absolvió a Bozzola por el delito de "amenazas simples en otro hecho por el que había sido acusado" y declaró extinguida la acción penal por amnistía, sobreseyéndolo por el delito de "tenencia de armas de uso civil y de uso civil condicionado sin la debida autorización legal".
Así se expresó el abogado piquense en diálogo con el programa ”Una Mañana y Pico” a través de LA RED PAMPEANA (95,7)” echando aún mas sospechas sobre un hecho delictivo que desde el primer momento tuvo aristas poco claras.
”La actitud de CORPICO fue llamativa siempre, primero no se hizo referencia a su presencia. Llama la atención que algunos fueran por montos muy importantes, de pago diferido. Creo que el Ministerio Público Fiscal debió haber llamado a los libradores o haberle preguntado a la Cooperativa acerca del origen de los mismos. En la investigación debió acreditarse su existencia a través de pericias contables que no se hicieron” siguió diciendo Ortiz Zamora.
Posteriormente el letrado profundizó sus dudas, ”la relación entre el Consejo de Administración de la Cooperativa y algunos integrantes de la Mutual de Ferro Carril Oeste –un señor Giganti y otro señor de quién no recuerdo su nombre pero creo que fue presidente- me hace pensar que esos cheques pudieron haber provenido de allí, por eso insisto en que se debió haber investigado la procedencia ya que si se llegara a probar que esto es así debería constar en los registros contables de CORPICO” para sentenciar ”en caso existir alguna prueba de lo que yo hago referencia habría que determinar si el beneficio fue para la Cooperativa o para algún intermediario pues eso constituiría el delito de defraudación”.
Se trata de José Luis Rodríguez, un hombre de 40 años nativo de Corzuela (Chaco) pero con domicilio en Rancul. Fue condenado este miércoles por la Justicia piquense por el delito de "lesiones leves agravadas por la relación de pareja existente con la víctima -en dos hechos-, por lesiones leves agravadas por el vínculo -en otro hecho-, y amenazas simples -en otros dos casos-". Se le aplicó una pena de ocho meses de prisión en suspenso y se le impuso algunas reglas de conducta entre las que se encuentran la "prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la damnificada Ana Rebeca Giménez y de su hijo, como así también de comunicación por cualquier medio con ellos". En ver más, otra lectura de sentencia que se realizó este miércoles...
