La jueza de audiencia Elvira Rossetti condenó este viernes a un padrastro de 39 años, como autor material penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por resultar un grave daño en la salud física de la víctima, revestir el carácter de encargado de la guarda y cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia, a la pena de 10 años de prisión. La víctima fue una hija de su pareja. Además se le mantuvo la prisión preventiva. En el juicio oral, el fiscal Facundo Bon Dergham había pedido una sanción de 18 años, y el defensor particular, Gastón Gómez, alegó por la absolución del imputado y requirió la nulidad del secuestro del teléfono de su cliente. Durante el proceso, el victimario se declaró inocente. La jueza, con las pruebas incorporadas al expediente, dio por probado que el acusado sometió sexualmente a la hija de su pareja, con acceso carnal, el día que la víctima cumplió 14 años. “En dicha oportunidad, el imputado comenzó con toqueteos, cuando se encontraban en el interior de su vehículo, primero por encima y luego debajo de la ropa, hasta que finalmente se la quitó mientras ella le decía que no”, indicó Rossetti. En esas circunstancias la niña no pudo sacárselo de encima y el acusado cometió el abuso, además de amenazarla diciéndole que si lo denunciaba, “mataría a sus hermanos”. Producto de ese acto, la menor gestó un embarazo que se “interrumpió espontáneamente” y ella sufrió “un daño grave en su salud”, según puede leerse en el fallo. Mayor información en ver más...
El Tribunal de Audiencia, integrado por los jueces Gastón Boulenaz, Carlos Besi y Andrés Olié, condenó este viernes a José Alejandro Ochoa a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal de una menor de 13 años de edad, y dispuso su inmediata detención una vez que el fallo quede firme.
La resolución del tribunal fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado, en forma conjunta, por el fiscal Andrés Torino, el defensor oficial Pablo Maldini y el propio imputado, un empleado municipal y domador de caballos de 24 años, sin antecedentes penales. La denunciante también prestó conformidad, la madre de la víctima, al ser informada por el Ministerio Público Fiscal sobre lo convenido.
Así, en el legajo quedó probado que el 7 de enero del año pasado, a la madrugada, Ochoa abusó sexualmente a una menor de 12 años, “en circunstancias en que la niña se ausentó, sin el consentimiento de su madre, del domicilio que compartía con su grupo familiar”. El imputado había mantenido un contacto con ella vía Facebook y la madre -al enterarse de esa situación- le había pedido a Ochoa que dejara de contactarse con su hija.
La Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, compuesta por los jueces Pablo Balaguer y Fernando Rivarola, no hizo lugar el día jueves 9 de marzo, a los recursos de impugnación presentados por el fiscal Luciano Rebechi y el querellante particular Oscar Félix Ortíz Zamora, y de esa manera confirmó en un todo la sentencia absolutoria del policía Rodrigo Emanuel Benvenuto por el homicidio de Maximiliano Cruz. El hecho investigado ocurrió el 2 de enero de 2015 en General Pico y Cruz falleció días después, el 23 de ese mes. Benvenuto, de 30 años, había sido acusado en el juicio por el Ministerio Público Fiscal como autor del delito de homicidio simple realizado en exceso de la legítima defensa, y por la querella directamente por homicidio simple, requiriendo penas de prisión efectiva a tres y ocho años, respectivamente.
La fiscalía y la querella consideraron que la sentencia del Tribunal de Audiencia de General Pico fue arbitraria, careció de fundamentación y que las pruebas fueron valoradas erróneamente. Rebechi dijo que, contrariamente a lo expresado por los jueces, el policía “no actuó de la única forma posible”, que “en su calidad de funcionario policial era razonable exigirle otra conducta” y que “el medio empleado para repeler la agresión ilegítima de su atacante, fue absolutamente desproporcionada”. Ortiz Zamora cuestionó que los jueces analizaran “los distintos testimonios, valorando unos y restándoles importancia a otros”, y agregó Benvenuto “no actuó amparado bajo ninguna situación de justificación”.
En ver mas recorra la apreciación de los jueces y conozca el texto completo del fallo.
A partir de una denuncia presentada por DAFAS-ISS, el Ministerio Público Fiscal de General Pico ordenó a la Brigada de Investigaciones realizar, el miércoles 8 de marzo, el allanamiento de un local comercial ubicado en el barrio José Ignacio Rucci de la ciudad, donde se constató la comercialización de juego clandestino.
La denuncia penal fue efectuada por DAFAS a través de su representante legal, Pablo Girard, investigación que se está llevando a cabo ante el MPF con el Legajo Nº 32.648. La Fiscalía General está a cargo de la fiscal subrogante Verónica Campo.
Cabe destacar que conforme a la Ley 27.346, sancionada el 27 de diciembre del año 2016, se ha incorporado al Código Penal de la Nación el artículo 301 bis que reprime “con una pena de prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”. Sigue en ver más...
El juez de control Nicolás Casagrande Lorences, a través de un procedimiento de juicio abreviado, condenó este miércoles a Víctor César Sánchez y a Ulises Damián Sánchez, padre e hijo respectivamente, como coautores penalmente responsables del delito de abigeato simple, a la pena de tres años de prisión en suspenso. Además les impuso como reglas de conducta, durante dos años, fijar domicilio, someterse al cuidado del Juzgado de Paz de Winifreda y abstenerse de concurrir al predio del damnificado como así también de relacionarse con él.
El abreviado fue acordado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y los imputados, ambos domiciliados en Winifreda, quienes admitieron la autoría del hecho. También convinieron reparar el daño pagándolo al damnificado –quien dio conformidad al acuerdo– la suma de 54.000 pesos. Para fijar ese monto se tuvo en cuenta la extensión del daño causado y que el objeto del ilícito fueron dos animales que pesaban alrededor de 500 kilos. Sigue en ver más...
En diciembre, en Santa Rosa, se dictaron 32 condenas por amenazas, lesiones, desobediencia judicial, daños y violación de domicilio, en perjuicio de parejas, ex parejas e hijos. Catorce de ellas fueron encuadrados en el marco de la ley nacional Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Todos los legajos se resolvieron a través de juicio abreviados. En ver más, el detalle completo de las 32 condenas...
El juez de audiencia sustituto, Miguel Angel Gavazza, en un juicio abreviado, condenó a Juan Manuel Caballero, como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por relación de pareja previa, en perjuicio de su pareja, a seis meses de prisión de ejecución condicional. A su vez le impuso el cumplimiento de las siguientes pautas de conducta: fijar residencia, de la cual no podrá alejarse sin autorización judicial; someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras; abstenerse de relacionarse con la víctima; no acercarse a menos de 200 metros de su domicilio; y no usar estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas; y realizar un tratamiento psicológico en la Fundación Ayudándonos. También fueron condenados por hechos de violencia contra la mujer, Gustavo Guillermo Guardia -a la pena de ocho meses de prisión en suspenso-, y Juan Gabriel Joseff -a un año en suspenso-. Mayor información en ver más...
Se trata de Facundo Leonel Cisterna López, un piquense de 19 años, quien ahora recibió una condena por el delito de "robo simple en grado de tentativa" y por ello le aplicaron una pena de un año de prisión efectiva la que se le unifica con una anterior impuesta en noviembre de 2016 donde había sido condenado por "robo en poblado y en banda en grado de tentativa y robo simple -en dos hechos-" componiendo una pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. La decisión la tomó la jueza Alicia Paola Loscertales por un hecho ocurrido en octubre de 2015 cuando el CECOM intervino luego del llamado de un vecino alertando que jóvenes querían ingresar a una vivienda ubicada en 21 esquina 12 con fines de robo. El propietario de dicha vivienda brindó datos a los policías sobre la vestimenta que llevaban y los efectivos lograron encontrarlos a pocas cuadras del lugar. El otro joven era menor de edad y se le declaró en su momento la responsabilidad penal luego de un acuerdo de juicio abreviado.
El juez de audiencia, Gastón Boulenaz, condenó a Fabio Emanuel Balmaceda a dos meses de prisión, por ser autor material y penalmente responsable del delito robo simple en grado de tentativa, y le unificó la sentencia con otra anterior en una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. A su vez le mantuvo la prisión preventiva dispuesta oportunamente. Balmaceda, un desocupado de 24 años, ya había sido condenado el 22 de diciembre pasado por el juez de control Néstor Ralli, en un proceso de juicio abreviado, a tres años de prisión de efectivo cumplimiento, por ser autor -en seis expedientes distintos- de los delitos de robo agravado por ser de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa; robo simple; y robo simple en grado de tentativa, en cuatro oportunidades.
En esta ocasión, la resolución de Boulenaz también fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Carlos Ordas, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez y el propio imputado, quien admitió la autoría del hecho. También mostró su conformidad con ello el damnificado. Con las pruebas incorporadas al legajo, quedó demostrado que el 22 de diciembre pasado, a las 2.50 -horas después recibió aquella condena-, Balmaceda iba en el asiento delantero de un taxi y cuando lo dejaron en Río Bermejo y Stieben junto a otras dos personas, forcejeó con el conductor, le sustrajo un celular y se dio a la fuga. Luego arrojó el teléfono instantes antes de ser aprehendido a pocas cuadras del lugar, en Río de la Plata y Chacabuco.
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia, conformada por los jueces Fabricio Losi y Victoria Elena Fresco, declaró este jueves inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Franco Emiliano Schaab y, de esta manera, confirmó la sentencia condenatoria a cuatro años y seis meses de prisión, y a diez años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículo que requiera habilitación, por ser autor del delito de homicidio culposo calificado –porque el hecho fue resultado de la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor–, en concurso ideal con la creación de una situación de peligro para la vida e integridad física de la personas, mediante participación en una prueba de velocidad con un vehículo automotor, sin la debida autorización (artículos 84, segundo párrafo, 193 bis y 54 del Código Penal). Schaab –que al momento del hecho tenía 18 años– fue condenado por el juez de audiencia, Andrés Olié, el 25 de octubre del año pasado. El magistrado dio por probado que el 5 de febrero de 2015, a las 16.35, el acusado, conduciendo un Peugeot 307, iba a alta velocidad por la avenida Circunvalación en sentido noroeste-sureste, efectuando una contienda de velocidad con una motocicleta, y poniendo en peligro la seguridad de las personas que circunstancialmente circulaban por el lugar. Mayor información en ver más...
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