La sentencia fue firmada por el juez de Audiencia Marcelo Pagano y se dio a conocer este martes en los Tribunales de General Pico. En la misma se condena a Emiliano Andrés Bustos Maidana, un piquense de 23 años, por el delito de "amenazas agravadas por el uso de arma". Por esto se le aplicó una pena de un año de prisión pero la misma se unificó a otra impuesta en diciembre de 2015 -por el delito de encubrimiento- componiendo una pena única de tres años de prisión efectiva. El último caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las partes representadas por la fiscal Ivana Hernández y el defensor oficial Guillermo Costantino con la responsabilidad del hecho asumida por el imputado.
Así lo hizo el abogado querellante que representa a la familia de Santiago Garialdi a través del programa ”UNA MAÑANA Y PICO” que se emite en LA RED PAMPEANA (89,7). Al referirse a la reconstrucción realizada ayer, el abogado señaló, ”Cuando ingresé a la causa, lo primero que hice fue solicitar la realización de pericias por parte de una fuerza que no estuviera involucrada en la causa. La justicia pidió la colaboración a la Gendarmería. Ayer se hizo en lugar donde ocurrió el caso, aunque el lunes al peritar las camionetas se encontraron dos disparos en la de los cazadores y ayer otro más. Ninguno de esos había sido detectado por la pericia de la policía”.
Siguiendo con sus argumentos el letrado hizo hincapié en los dichos del cazador Arroyo quien observó el fogonazo de un disparo de escopeta y que también escuchó otro. ”Otra irregularidad es que García había dejado el servicio a las 20 hs. y una hora después aparece actuando como policía, con armas, ropa y medios de la policía. También en la camioneta de los cazadores encontramos ayer la cadena con clavos “miguelito” que la policía había puesto en el camino para detenerlos. Arroyo dijo que a unos ochocientos metros detrás observó el reflejo de un vehículo que los seguía, era Ochoa quien les iba comunicando a Safenreider y García por donde se movilizaban los cazadores. Esto da toda la sensación que fue una emboscada".
Ambos ex funcionarios fueron citados a indagatorias por el juez Sebastián Casanello, por supuesto cobro de coimas y defraudación en la contratación de gasoductos a cargo de la firma sueca. La causa había sido cerrada, pero en abril pasado la Cámara Federal de Casación resolvió por voto dividido su reapertura, tras lo cual el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de los ex funcionarios, concretada ahora. Para el fiscal a cargo de la investigación, Julio De Vido y José López son sospechosos de "cohecho" y de defraudación al Estado Nacional mediante el cobro de sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte, que estuvo cargo de Skanska y de las firmas Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, vinculadas ambas de grupo Techint.
Sus derivaciones con La Pampa
El fallo dio validez a una grabación obtenida de manera ilegal en la que un directivo de la empresa sueca confesaba el pago de sobornos a funcionarios mediante el uso de facturas falsas, que ahora podrá ser tenida como prueba. En la grabación, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico de la compañía Claudio Corizzo, quien estaba a cargo de una auditoría interna, hablaban de las coimas para la construcción de obras de gasoductos en el norte y el sur del país.
Con un micrófono oculto, Corizzo registró en 2006 cómo Azcárate decía: "Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, 200 millones de palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo, al tipo que hizo todo el tromping y al muchacho, al 'pingüino' de acá a dos cuadras?". En otra parte de la grabación aparece mencionada la provincia de La Pampa donde se hablaba del “gober…”, del “secretario de Obras Públicas” y de la valijita que “venían a buscar a La Pampa o se la llevábamos a La Pampa”. En esta situación se involucraría a un ex funcionario provincial que posteriormente ocupó un cargo nacional en el área de Obras Públicas.
Silvia Leonor Armagno y Abel Armando Argüello, asumieron como jueza sustituta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, y como juez sustituto de primera instancia en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 3 de Santa Rosa, respectivamente. El acto se desarrolló en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia y los juramentos fueron tomadas por el ministro Hugo Oscar Díaz, quien estuvo acompañado por su par José Roberto Sappa. A la breve ceremonia asistieron funcionarios y magistrados del fuero civil y familiares de ambos jueces.
El juez de control, Néstor Daniel Ralli (foto), condenó a una madre de 30 años como autora de los delitos de lesiones graves calificadas en concurso real con amenazas simples, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además le impuso, como reglas de conducta por el término de tres años, las siguientes obligaciones, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la sanción: a) fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de abordaje, supervisión y orientación para personas en conflicto con la ley penal; b) abstenerse de relacionarse de modo alguno, personalmente, por teléfono ni por ningún otro medio con la víctima; y c) realizar tratamiento psicológico.
La resolución de Ralli -dictada días atrás- fue consecuencia de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Marcos Sacco y la defensora oficial Mariel Annecchini, con el consentimiento de la imputada, un ama de casa con secundario completo, quien admitió la autoría de los hechos. Sigue en ver más...
La lectura de sentencia se dio a conocer este jueves al mediodía y fue firmada por el Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino (foto), quien condenó a un sujeto identificado como JLR, por los delitos de "abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal como delitos continuados, ambos agravados por la situación de convivencia" aplicándole una pena de diez años de prisión de efectivo cumplimiento. Dicho sujeto es nativo de Rosales (Córdoba) tiene 47 años y se encuentra domiciliado en Intendente Alvear. Fue importante la declaración de la menor en Cámara Gesell, como así también la actuación de los peritos que participaron de la investigación como así también algunos testimonios, como el de una hermana menor y hasta el de la propia abuela, que a pesar de ser la madre del imputado creyó lo que su nieta le había contado. En el debate oral intervinieron, en representación del Ministerio Público Fiscal la Dra. Ana Laura Ruffini; en la defensa al imputado, la Dra. María José Gianinetto; y también lo hizo el Dr. Fabián Allara quien asistió en su carácter de Asesor de Menores.
Así lo resolvió un Tribunal Colegiado integrado por los doctores Marcelo Pagano, Carlos Federico Pellegrino y Florentino Rubio al conocerse este viernes la lectura de sentencia en la que señalan la absolución de Rodolfo Higinio Rodríguez -un hombre nacido en Arata (La Pampa) hace 48 años- por el delito de "homicidio simple y lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego por haber sido cometidas en el ejercicio de la legítima defensa propia y de terceros".
Los magistrados también lo absolvieron a Rodríguez por la imputación que tenía sobre "portación de arma de fuego de uso prohibido" y finalmente lo condenaron por los delitos de "lesiones leves y daño simple" aplicándole por ello una pena de dos meses de prisión en suspenso.
El proceso judicial se inició a partir de un hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2015, cuando alrededor de las 20.45 horas, personal policial de Comisaría Segunda luego de tomar conocimiento vía radial de una supuesta comisión de disparos en las inmediaciones de la calle 46 bis entre 29 y 31, se constituyeron en el lugar constatando que se encontraba sin vida sobre la calle, el ciudadano Julio Omar Sotelo. También la Policía toma conocimiento que Rodolfo Higinio Rodríguez habría sido quien disparó, y que además resulta herido en un hombro, Walter Fabián Fernández, nieto de la víctima. Ese mismo día, los efectivos secuestran una escopeta calibre 32 con caño recortado, del domicilio de Rodríguez, como así también una vaina servida calibre 32 y dos cartuchos.
A pesar de una carátula inicial en donde la Fiscalía acusaba a Rodríguez de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego" en el transcurrir de las jornadas de debate oral y público, en donde pasaron alrededor de 30 testigos, se pudo demostrar que el imputado -que estuvo detenido desde el mismo momento en que se produjo el lamentable episodio- había actuado en legítima defensa tanto por él como así también para proteger a su familia. Ese día, familiares de Sotelo, lo atacaron con palos y cuchillos amenazándolo de muerte tanto a Rodríguez como a otros integrantes de su familia. En un momento hasta ingresaron a su vivienda y fue allí donde para defenderse lo hizo con un arma efectuando un disparo que provocó la muerte de Sotelo y la herida en uno de sus nietos.
Rodolfo Rodríguez fue defendido por el doctor Armando Agüero quien desde un principio manifestó que su patrocinado había actuado en legítima defensa pero a pesar de ello se mantuvo su privación de la libertad durante todo el proceso investigativo.
Se trata de Matías Juan Carlos Bravo, un sujeto de 27 años nacido en Posadas (Misiones) pero con domicilio en General Pico, quien fue condenado por los delitos de "hurto simple -en un hecho- y lesiones graves -en otro caso-, en concurso real". El juez de Control Alejandro Gilardenghi le impuso para su tratamiento penitenciario una pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y lo declaró reincidente. Según se informó, el imputado actualmente cumple prisión preventiva desde el mes de junio del 2015. Intervino en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal sustituto Luciano Rebechi, y asistió en la defensa al acusado, el defensor oficial Walter Vaccaro.
El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena contra un pintor-albañil de 41 años a la pena de 14 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal -de un menor de 13 años-, agravado por ser encargado de la guarda, como delito continuado, al no hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por la defensa. La víctima fue el hijo de su esposa, un niño que padece retardo madurativo. De esa manera, los jueces Pablo Balaguer y Andrés Olié, como subrogante, ratificaron en un todo el fallo dictado el 26 de febrero por sus pares del Tribunal de Audiencia, Gastón Boulenaz, Mauricio Piombi y Néstor Daniel Ralli, éstos dos últimos también subrogantes. El Tribunal de Audiencia había dado por probado que mientras el imputado estaba en convivencia con su ex pareja y la víctima –11 años al momento de la denuncia, en 2013–, abusó de ella en reiteradas oportunidades, siendo la última vez el 22 de enero de ese año. Mayor información en ver más...
La sentencia la firmó el juez de Control Diego Ambrogetti (foto) y recayó en Eduardo Javier Aimar, alias "Tortuga" o "Pambomba", un sujeto de 39 años que nació en Huinca Renancó (Córdoba).
El caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes por un hecho ocurrido el 1 de mayo de este año en una vivienda de la localidad de Realicó en la cual vivían el imputado y su pareja, con quien tenía una relación de siete meses. Ese día Aimar quiso irse de la casa y a raíz de ello comenzó una discusión que derivó en algunos golpes (primero cachetazos y posteriormente patadas cuando estaba en el piso) que le propinó el imputado a la mujer además de amenazarla con prender fuego la casa con las hijas de la pareja adentro y de matarla a ella también.
El juez Ambrogetti lo condenó por "amenazas simples y lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra la persona con la cual mantiene o mantenía una relación de pareja" y por ello le aplicó la pena acordada de un año de prisión de efectivo cumplimiento.
