La lectura de sentencia se llevó a cabo este martes al mediodía y fue firmada por el juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, quien finalmente absolvió a Carlos Eduardo Fanjul y a Ricardo Andrés Pasaman por el delito de "homicidio culposo" que se les había imputado por la muerte de una mujer llamada Ana Belén Ceballos, de 25 años, quien finalmente falleció en la Fundación Favaloro, en septiembre de 2011.
Pellegrino absolvió a Carlos Eduardo Fanjul, un médico nativo de Santa Rosa, de 69 años; y Ricardo Andrés Pasaman, nativo de Posadas pero con domicilio en General Pico, de 45 años, de la imputación de "homicidio culposo" por aplicación del beneficio de la duda.
A Carlos Eduardo Fanjul, en su profesión de médico, se le imputaba haber practicado el día 24 de agosto de 2.011, una “Colangio Pancreatografía retrógrada endoscópica” a dicha paciente en el Sanatorio Santa Rosa, de la que resultó una perforación de duodeno y no se le practicaron los recaudos posteriores que exigía la “Lex Artis” para evitar cualquier riesgo o aumento de riesgo, falleciendo la paciente el día 29 de septiembre de 2.011 en Buenos Aires.
En el caso de Ricardo Andrés Pasaman se le imputó haber recibido el día 24 de agosto de 2.011 a la paciente en la clínica Argentina, de la ciudad de General Pico, con posterioridad a la práctica realizada en Santa Rosa por Carlos Fanjul y no haber adoptado los recaudos mínimos que exigía la “Lex Artis”, para evitar cualquier riesgo o aumento de riesgo, falleciendo la paciente el día 29 de septiembre en la Fundación Favaloro, de la ciudad de Buenos Aires, donde había sido derivada.
La decisión la tomó el juez de Control, Diego Ambrogetti, quien condenó a C.D.F., un empleado municipal nativo de Rancul, de 28 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de "lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la cual mantiene o ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género". Ambrogetti le aplicó una pena de ocho meses de prisión efectiva y le mantuvo la declaración de reincidencia.
La investigación judicial se inició por un hecho que ocurrió el 17 de junio pasado, en horas de la mañana, cuando en el contexto de una discusión con su pareja, M.E.M., el imputado agredió con un cinto a la nombrada, pegándole con la hebilla en la espalda, provocando que la misma tuviera que salir corriendo de la vivienda. Como consecuencia de la agresión recibida la víctima sufrió lesiones de carácter leves.
El Tribunal de Impugnación Penal anuló parcialmente la condena a seis años de prisión que la jueza de audiencia de General Pico, Alicia Paola Loscertales, había dictado contra Jonathan José Correa, como autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real, y ordenó la realización de un nuevo juicio para que se dicte otra sentencia.
Los jueces del TIP, Fernando Rivarola y Mauricio Piombi, al hacer lugar parcialmente al recurso de impugnación presentado por el defensor particular, Oscar Félix Ortiz Zamora, resolvieron “anular parcialmente la sentencia en cuanto la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por resultar la misma arbitraria, por fundamentación ilógica y omisiva, lo que impide que pueda ser considerada como acto jurisdiccional válido” y “reenviar las presentes actuaciones al tribunal que corresponda a fin de que se sustancie un nuevo juicio para el dictado de una nueva sentencia”. Mayor información en ver más...
A partir de una investigación generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos se detectó un complejo entramado societario dedicado a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas apócrifas por un total cercano a los $ 4.100 millones en poco más de dos años. La organización delictiva abasteció de comprobantes apócrifos a más de 5.000 usuarios con el propósito de reducir la carga tributaria.
Durante el transcurso de la investigación se comprobó la emisión, cuanto menos, de unas 45.000 facturas apócrifas. Habiendo dado intervención a la justicia, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9 a cargo del Dr. Javier López Biscayart ordenó -por pedido del Fiscal de la causa, Dr. Pablo Turano- la realización de 70 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y localidades del interior del país, tales como Comodoro Rivadavia, Bragado, Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Córdoba y Rosario.
Con estas acciones se busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los comprobantes apócrifos.
Participaron de los operativos más de 350 agentes de AFIP y personal de Gendarmería Nacional y se secuestró de importante cantidad de documentación y material informático que comprobaría los hechos ilícitos denunciados. La semana pasada se había desbaratado una banda que se dedicaba a lo mismo comercializando facturas por unos 4.000 millones de pesos a través de unos 3.500 usuarios.
La jueza de ejecución, concurso y quiebras, Adriana Cuarzo, resolvió que los préstamos de financieras a personas físicas deben encuadrarse dentro de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor porque se trata de “operaciones de préstamos de consumo”. Lo dispuso en el marco de una demanda donde hizo lugar a una excepción de pago parcial a favor de una empleada doméstica que había tomado créditos de la Compañía Financiera Argentina S.A., más conocida como “Efectivo Sí”.
En esa resolución, la magistrada, ante el intento de ejecución de un pagaré de la financiera, le dio a la razón a la parte demandada en cuanto al invocado abuso del derecho y a la aplicación para resolver el conflicto de las normas derivadas de la citada ley. Mayor información en ver más...
La Sala B del Tribunal de Impugnación, compuesta por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, confirmó la condena contra Marcelo Antonio Pérez por el homicidio de Mirta Silvia Alvarado, ocurrido el 23 de septiembre del año pasado, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por la defensa.
Así, el TIP ratificó la sentencia del 2 de octubre pasado del Tribunal de Audiencia de General Pico, integrado por los jueces Marcelo Luis Pagano, Carlos Federico Pellegrino y Alicia Paola Loscertales, por la cual se condenó a Pérez a la pena de prisión perpetua, como autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con quien mantenía una relación de pareja, amenazas simples, tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, homicidio doblemente agravado por ser cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y desobediencia judicial, todos en concurso real. A continuación una parte del fallo completo del Tribunal de Impugnación...
El video presentado en la audiencia pública probó la desertificación del oeste del territorio pampeano y dejó claro el daño ambiental que produjo el manejo arbitrario del agua por parte de Mendoza.
El 1º de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció en el marco del expediente iniciado por la provincia de La Pampa contra la provincia de Mendoza en el reclamo por el Rio Atuel.
Como primer punto rechazó la defensa de cosa juzgada opuesta por la provincia de Mendoza por entender que las cuestiones sometidas a su decisión en este caso presentan aspectos diferentes de los que se describen en la sentencia emitida el 3 de diciembre de 1987.
Así resuelve que, la última defensa mendocina, considera que el conflicto actual involucra cuestiones de mayor alcance y derechos de incidencia colectiva incorporados en la reforma de la Constitución Nacional producida en el año 1994. Fija expresamente que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible.
El fallo establece que, mediante los precedentes del caso, la audiencia pública realizada el 14 de junio de 2017 y los informes sobre la desertificación del área, acreditan la necesidad de un caudal para asegurar la subsistencia del ecosistema.
Fija que la Corte adoptará una función de cooperación, control y monitoreo que favorezca y garantice una solución al conflicto.
La jueza civil de primera instancia, Fabiana Beatriz Berardi, amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor, condenó a un vendedor de autos a devolverle al comprador de un Corsa Classic una suma que había abonado de más. La magistrada dijo que “el precio de la operación” fue el que se fijó en el boleto de compraventa a través del cual se formalizó el negocio. La resolución fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.
El adquirente del vehículo demandó al propietario de una concesionaria no oficial de Santa Rosa por la diferencia del precio final entre lo pactado y lo que se le cobró. El comprador adujo que entregó el 60 por ciento del valor -más un adicional por “trámites de transferencia- y el vendedor le dijo que para abonar el saldo le gestionaría un crédito prendario con un banco privado con el que tenía convenio. Indicó que no rellenó esa documentación y que solo firmó en confianza la solicitud del préstamo. Mayor información en ver más...
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Además, se mantiene la orden de captura para otros 10 integrantes. El monto de las facturas utilizadas asciende a casi $ 4000 millones.
Durante la jornada de este martes, la Justicia detuvo a nueve personas, entre ellas dos de las principales responsables involucradas en la causa que investiga una asociación ilícita que facilitó facturas apócrifas a casi 3500 contribuyentes.
Además, se secuestraron 32 automóviles utilizados por la organización, cheques, poderes para actuar ante la AFIP y valiosa documentación probatoria.
Las detenciones se dieron en el marco de 45 allanamientos realizados sobre domicilios de Puerto Madero y otros de la provincia de Buenos Aires, todos vinculados a los responsables de la maniobra de evasión.
Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación.
A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero – principal radio de influencia de la organización- cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño.
El Tribunal de Impugnación confirmó la condena contra Juan José Sarraco a un año y dos meses de prisión de cumplimiento, por ser autor de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor oficial Guillermo Horacio Costantino.
De esa forma, la Sala B del TIP, conformada por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, ratificó el fallo dictado el pasado 9 de agosto por el juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano.
Tras el juicio oral, Pagano había dado por probado que el 8 de diciembre de 2015, a la madrugada, “luego de haberse producido un incidente en el interior del baño de caballeros del local bailable del club Costa Brava”, en General Pico, y de que interviniera la policía, Sarraco se alejó del lugar y volvió con “con un pistola Bersa calibre 22, apuntando contra Ernesto Rubén Quiroga, mientras le gritaba ‘te voy a matar, te voy a quemar, borracho de mierda, casi matás a mi sobrino’”. El imputado fue “rápidamente desarmado y reducido por personal policial que se encontraba avocado a finalizar la pelea entre Quiroga y el sobrino de Sarraco”. Mayor información en ver más...
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