El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Estado provincial, representado por el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo y la Dra. Marina Álvarez. En cuanto al reclamo administrativo de fecha 23 de octubre de 2007 cuestionando el Decreto 2046/04, el mismo ya había sido ratificado hacía más de dos años atrás, por el art. 50 de la Ley 2150, por lo que no resulta el proceso contencioso administrativo la vía idónea para atacar dicho texto legal. En el reclamo que diera origen a los autos “Lacava” se encuentra concluido, pasado en autoridad de cosa juzgada. Repasando el caso, la pretensión era que se califique de remuneratorio y bonificable el importe pagado en su calidad de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, bajo el concepto originalmente denominado “Acordada 56/91”. Mayor información en ver más...
La jueza de control, María Florencia Maza, a requerimiento del fiscal general a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci, dispuso este jueves 29 de diciembre, que se traslade a Santa Rosa a una mujer que está sospechada de haber retirado una suma importante de dinero de una cuenta del Banco de La Pampa que fue hackeada. La investigación fiscal preparatoria se abrió a fines de octubre cuando un hombre denunció que al ingresar al home banking del BLP le solicitaron la actualización de ciertos datos personales, él los dio y luego accedió a su cuenta sin problemas.; pero ahí advirtió que le faltaba plata y, al revisar los últimos movimientos, apareció una transferencia a nombre de una mujer. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que, contrariamente a lo dicho en un primer momento, no se trató de un hackeo a la seguridad del Banco de La Pampa, sino a lo de los clientes. Específicamente el hackeo fue a la cuenta mencionada y, a partir de que el damnificado ingresó en una página no oficial y aportó información sensible. En ver mas recorra cual fue el procedimiento realizado por la justicia.
La decisión la tomó la jueza Alicia Paola Loscertales al condenar al piquense Jonathan Emanuel Amaya, de 20 años, a quien consideró autor material y penalmente responsable del delito de "lesiones graves culposas" y por ello le aplicó como pena una multa de $ 3.000 y la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y motos por el término de un año. Jonathan Amaya fue condenado finalmente por un hecho ocurrido el 1 de setiembre de 2014, cuando alrededor de las 17:20 horas, se produjo un accidente de tránsito en calles 33 y 36, donde se constituyó personal policial de Comisaría Segunda, a los efectos de corroborar la veracidad de lo sucedido. Ese día Amaya iba al mando de una motocicleta IMSA 125 c.c. por calle 33 con sentido cardinal este-oeste, y al atravesar la intersección de calle 36 a excesiva velocidad, sin respetar la prioridad de paso de quien venía por su derecha, en este caso una motocicleta Motomel BIT, conducida por Roberto Osmar Cazenave, que lo hacía por calle 36 de norte a sur, lo embistió, sufriendo su conductor lesiones que fueron debidamente certificadas. El 22 de diciembre de 2015 se procedió a la Formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria, contra Jonathan Amaya, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves Culposas. A posteriori, el 7 de diciembre de 2016 se arribó a un acuerdo de juicio abreviado el cual fue suscripto por el imputado, su defensora, la Dra. María José Gianinetto y fiscal Dra. Ivana Soledad Hernández.
La sentencia se dio a conocer este jueves y lleva la firma del Juez de Audiencia, Dr. Florentino Rubio, quien condenó a Ricardo René Reale -un piquense de 31 años- por los delitos de "robo en poblado y en banda agravado por haber sido cometido con la participación de un menor de edad -en dos hechos-, robo simple -en otro caso- y robo doblemente agravado, por se cometido en poblado y en banda, además de mediar escalamiento, en grado de tentativa -en otro hecho-". Por todo esto, Rubio le aplicó una condena de cuatro años de prisión efectiva y lo declaró reincidente. Por otra parte, el magistrado también declaró la responsabilidad penal de LP -un joven piquense de 17 años- al considerarlo coautor de los delitos de robo en poblado y en banda -en dos casos- y le elevó dicha sentencia al Juez de la Familia y del Menor.
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Banco de La Pampa contra la ordenanza 5546/16 de la Municipalidad de Santa Rosa, y suspendió sus efectos hasta tanto dicte sentencia sobre la cuestión de fondo, o sea si el texto objetado es constitucional o no. Esa norma habilita a la comuna a abrir cuentas corrientes y cajas de ahorro, y a efectuar colocaciones de fondos disponibles en cualquier otra entidad financiera.
Además, para resolver el tema con prontitud, el STJ dispuso que el juicio principal sobre la legalidad de la ordenanza se tramite a través de un proceso sumarísimo, que se caracteriza por su brevedad, ya que a diferencia del procedimiento ordinario todos los plazos son de tres días –excepto el de contestación de la demanda, que es de cinco–. Además, una vez concluido el período probatorio, el tribunal dispone de 10 días (y no 40) para fallar.
Con el sí a la medida cautelar, los ministros Hugo Oscar Díaz, José Roberto Sappa y Fabricio Luis Losi retrotrajeron la situación al momento anterior al dictado de la ordenanza, aunque ello no implica ningún prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión. Sigue en ver más...
El juramento se llevó a cabo este miércoles 28 de diciembre, donde el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, asumió como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura -en reemplazo de su par Eduardo Fernández Mendía-, por un período de dos años que concluirá el 28 de diciembre de 2018. El juramento le fue tomado por el ministro del STJ a cargo de la presidencia, Hugo Oscar Díaz.
A posteriori, y una vez en funciones, Sappa les tomó juramento a 19 consejeros, entre ellos a todos los titulares y a once suplentes. Allí explicó brevemente que “nos espera un año distinto, no solo por la conformación del Consejo, sino porque recientemente se dictaron dos leyes que nos trascienden a nosotros como cuerpo”. Por un lado –señaló– se dispuso que los plazos de funcionamiento del Consejo sean más dinámicos, por lo que seguramente pediremos la asistencia de los consejeros suplentes; y por el otro, con las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo tendrá una nueva función, que será la de evaluar a los aspirantes a desempeñarse como sustitutos. Por eso este jueves nos reuniremos con el Centro de Capacitación Judicial para conversar sobre cómo capacitarlos y, a partir de febrero, empezaremos a tratar la reglamentación del curso de formación y de los exámenes posteriores, tal cual lo exige la ley”. En ver mas recorra la lista de los consejeros que han prestado juramento.
El tribunal de Jujuy pasó a un cuarto intermedio de dos horas antes de dictar la sentencia en la causa contra la líder de la Tupac Amaru que, antes de la decisión, se dirigió a los jueces que la juzgan en la causa por el "escrache" al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y les reclamó que "no se dejen apretar por el poder político". "Dicten lo justo, no se dejen apretar por Morales", agregó en un breve alegato antes de que el tribunal decidiera. Un notable dispositivo de seguridad de la Policía de Jujuy se observaba en las afueras del juzgado federal de Jujuy donde se dio a conocer el veredicto del juicio contra la líder de la Tupac Amaru y otros dos integrantes de la Red de Organizaciones Sociales, imputados por el escrache al gobernador Gerardo Morales en 2009, cuando era senador nacional. En el fallo Milagro Sala, fue sobreseída por amenazas pero recibió una condena en suspenso por daño agravado en la causa que se le sigue por el escrache al gobernador Gerardo Morales. Asimismo los jueces también resolvieron condenar a los cooperativistas, Graciela López a la pena de 3 años y a Ramón Salvatierra 2 años, por ser los coautores de daños agravados materiales de los hechos investigados. A partir de este fallo la líder de Tupac Amaru quedará libre, al menos por esta causa, pero deberán cumplir con ciertas pautas de conducta.
Este miércoles 28 de diciembre a las 9 horas, en el Tribunal Electoral Provincial, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, asumirá como presidente del Consejo de la Magistratura para el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2016 y el 28 de diciembre de 2018. El juramento como representante del STJ ante el Consejo le será tomado por el ministro Hugo Oscar Díaz y luego Sappa, ya en funciones, hará lo propio con los demás integrantes del cuerpo. De acuerdo al artículo 12° de la ley 2600 (Orgánica del Consejo de la Magistratura), la presidencia del Consejo es ejercida por el representante del Superior Tribunal de Justicia. Sappa reemplazará en el cargo al ministro Eduardo Fernández Mendía. En esta oportunidad, el gobernador Carlos Verna, a través del decreto 4515/16, declaró integrado el Consejo de la Magistratura, con vigencia a partir de mañana y por el plazo de dos años.
El juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a un chapista de 50 años por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un ascendiente, como delito continuado (artículo 119 primer párrafo en relación al quinto en su remisión al cuarto párrafo inciso b del Código Penal), a la pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, a la que unificada con una sanción anterior impuesta por la propia Audiencia de Juicio el 28 de mayo del año pasado, compone la pena única de seis años de prisión de efectivo cumplimiento. La víctima fue una hija propia. La resolución de Pagano fue dictada en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscala Ana Laura Ruffini, el defensor particular José Luis Bernal y el propio imputado, quien reconoció la autoría del hecho. La condena anterior había sido a cinco años de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, como delito continuado –dos hechos–, en perjuicio de dos sobrinas menores de edad. Siga leyendo en ver mas...
El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por $ 10.000 millones por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una "asociación ilicita" que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz. En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, y el también detenido y procesado Báez. En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".
Para el magistrado "se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original". Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos". Siga leyendo en ver mas...
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