Un grupo de 40 aspirantes a agentes de calle, pertenecientes a la Policía provincial, concurrió esta semana a presenciar un juicio oral y público en la Sala 1 del Edificio Judicial de General Pico. La visita se realizó en el marco del curso de formación básica que se les dicta en el Instituto Superior Policial, en la materia Asuntos Legales, que está a cargo del fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, y las fiscales Verónica Campo e Ivana Hernández. La audiencia fue presidida por el juez Marcelo Pagano y se trató de un legajo caratulado “lesiones graves culposas agravadas -dos hechos- y quebrantamiento de inhabilitación en concurso real". Desde el Superior Tribunal de Justicia se viene promoviendo la asistencia de alumnos secundarios a juicios orales y audiencias de formalización, como una forma de acercamiento real al servicio de justicia.
Se trata de Miguel Alfredo Becerra, un hombre de 58 años nacido en Arizona (San Luis) pero con domicilio en General Pico, quien fue hallado responsable del delito de "homicidio preterintencional". El juez de Control, Alejandro Gilardenghi, le aplicó una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Esto sucedió luego de la realización de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron la fiscal Ivana Hernández y el defensor oficial Carlos Alejandro Caram, con el consentimiento del propio Becerra quien reconoció su autoría en los hechos que se le habían imputado. La causa se inició por un hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2015, entre las 15 y las 17 horas, en oportunidad que se encontraba en el domicilio habitado junto a su hermano Reinaldo Becerra, en calle 105 esquina 4, bebiendo alcohol, mantuvo una discusión con él y lo agredió físicamente, aplicándole un violento golpe con un objeto romo y sólido en la frente, un palo con un trozo de alambre enroscado, que le produjo traumatismo cráneo encefálico, lo que a la postre le causó la muerte".
El juez de control, Alejandro Gilardenghi, condenó este martes a un hombre de 49 años, de una localidad vecina a General Pico, como autor material y penalmente responsable del delito de “amenazas simples -dos hechos- y violación de domicilio en concurso real”, a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento. Según la información brindada desde la Oficina Judicial, los dos hechos fueron realizados contra su ex pareja y madre de 3 hijos, uno de ellos en común con el acusado.
Además le revocó una pena condicional de dos meses de prisión dictada en 2016 por haber cometido los hechos de violencia que actualmente se valoran, dentro de los cuatro años posteriores a dicha condena.
La resolución del juez fue dictada a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor Norberto Pesani y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. La propia damnificada al serle explicadas por el juez las implicancias del acuerdo, mostró su conformidad.
María Liz Figueroa Echeveste asumió este miércoles 12 de abril, como jueza de control sustituta de la Cuarta Circunscripción Judicial, durante un acto desarrollado en el Edificio Judicial de esa localidad, que contó con las presencias del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz –a cargo de tomarle el juramento–, y el ministro José Roberto Sappa. También asistieron la jueza de paz, Olga Haydeé Domínguez, y el jefe local de la Policía, Alfredo Rebichini.
La jueza de control, María Jimena Cardoso, condenó este miércoles a un hombre de 25 años de Ingeniero Luiggi, a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves contra su ex pareja.
El imputado ya había sido condenado anteriormente a la pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo contra su ex mujer en un fallo dictado en 2015. Por haber reincidido en la violencia contra su ex pareja, la jueza de control Cardoso revocó la condicionalidad de la pena del imputado impuesta en aquella oportunidad y unificó la misma con la sentencia de hoy.
La resolución de Cardoso fue dictada a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor particular Carlos Pedro Febre y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. La propia damnificada, al serle explicadas por la jueza las implicancias del acuerdo, mostró su conformidad.
Con las pruebas incorporadas al legajo quedó probado que en la madrugada del día 24 de enero de 2017, el imputado agredió físicamente a su pareja, causándole lesiones de carácter leve, las que se encuentran acreditadas mediante certificado médico. Esta imputación se funda en primer lugar en las manifestaciones de la víctima, expuestas en la denuncia radicada en Comisaría de la localidad, en la cual dio detalles del hecho.
Se trata de Enzo Matías Lara, alias "Chata" -un piquense de 20 años- que fue condenado por el delito de "robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada". El juez de Control, Diego Ambrogetti, aceptó un acuerdo de juicio abreviado y le aplicó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso reglas de conducta por el término de cuatro años. La mas importante es la restricción de acercamiento y comunicación para con algunas personas.
El 7 de enero de 2017, siendo las 21:35 horas aproximadamente, Enzo Matías Lara ingresó a una heladería ubicada en calle 9 entre 122 y 124 donde esgrimió un arma de fuego tipo pistola, ordenándole a las dos empleadas que se encontraban en el lugar que se tiraran al piso y no llamaran a la Policía. Luego de ello se colocó una capucha, se tapó el rostro y siempre exhibiendo el arma de fuego se dirigió a la caja registradora sustrayendo la suma aproximada de mil quinientos pesos. Antes de irse advirtió que no llamaran a la Policía dado que volvería por el equipo de música que se hallaba en el local, algo que luego no ocurrió.
En el marco de una audiencia pública, cinco postulantes se presentaron este martes 11 de abril, a rendir el examen oral, ante el Consejo de la Magistratura, para cubrir los cargos de juez en los Juzgados en lo Civil, Comercial y de Minería 1, 2 y 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Pico. Ellos fueron Carina Lis Carbajo, Gerardo Mario Moiraghi, Guillermo Horacio Pascual, Gustavo Antonio Arisnabarreta y Raquel Amalia Guazzaroni. Los tres primeros concursaron por los tres cargos, Arisnabarreta se inscribió por los Juzgados 1 y 3 y Guazzaroni solo por el Juzgado 2. El presidente del Consejo y ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, junto a los consejeros titulares Daniel Pablo Bensusan, ministro de Gobierno y Justicia y representante por el Poder Ejecutivo; María Soledad Sciu, diputada provincial en nombre del Poder Legislativo; y Jorge Gabriel Salamone, por los abogados de la matrícula de la Segunda Circunscripción Judicial; formularon preguntas técnicas y de opinión a cada uno de los candidatos. El lunes ya les habían tomado el examen escrito, que fue anónimo, por lo que los consejeros cuando los corrijan no sabrán a quién pertenece cada uno. Siga leyendo en ver mas....
El Consejo de la Magistratura entrevistará públicamente a los aspirantes a cubrir los tres cargos de juez para los Juzgados en lo Civil, Comercial y de Minería 1, 2 y 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Pico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la ley 2934. La actividad se desarrollará el martes, a partir de las 8, en la nueva sede del organismo, avenida San Martín 152.
La ley 2934 es modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura de La Pampa y en su artículo 4° indica que “los postulantes participarán de una entrevista personal pública, ante el Consejo de la Magistratura, la cual se desarrollará en forma inmediatamente posterior a la conclusión de la prueba de oposición. En la entrevista personal se evaluará la aptitud y características personales de los postulantes respecto a la función a cumplir”.
Dicha norma fue dictada el año pasado y suspende, por dos años, la vigencia de los artículos 22, 23 y 25 de la ley 2600 Orgánica del Consejo de la Magistratura para darle más agilidad a los procesos evaluativos. Así, ahora, la entrevista donde se evalúa “la aptitud y características personales de los postulantes respecto a la función a cumplir” se efectúa en forma inmediatamente posterior a la conclusión de la prueba de oposición. Estas entrevistas son públicas desde hace siete años, cuando se aprobó la ley 2600.
Este Consejo, cuyas autoridades asumieron a fines del año pasado, ha tomado la decisión de anunciar públicamente con anticipación las fechas de las entrevistas, e invitar a autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Colegios de Abogados y de Magistrados y Funcionarios y al público en general.
Para ser juez en los Juzgados 1 y 3 se inscribieron Gustavo Antonio Arisnabarreta, Carina Lis Carbajo, Raúl José Mazzola, Gerardo Mario Moiraghi y Guillermo Horacio Pascual; y para el Juzgado 2, Carbajo, Raquel Amalia Guazzaroni, Moiraghi y Pascual.
El juez de audiencia, Andrés Aníbal Olié, condenó este lunes a Enrique Omar Cañete, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, a la pena de tres años de prisión en suspenso.
Además le impuso, por el mismo plazo, las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Ente de Políticas Socializadoras y prohibición de todo tipo de contacto, por cualquier medio, con la víctima.
La resolución de Olié fue dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado acordado entre el fiscal de General Acha, Máximo Ramón Pérez Florez, el defensor particular Carlos Daniel Sabarots Abdala y el imputado, un albañil de 63 años.
Tanto la encargada de la guarda de la menor, como la asesora de Menores, María Agostina Pensa, dieron su consentimiento al acuerdo, remarcando ésta última que la restricción de acercamiento coadyuvará “a la protección y resarcimiento de la víctima y fortalecerá su autonomía y desarrollo personal y social”.
La Policía de la Seccional Tercera de Santa Rosa halló este sábado a la tarde a Catherina Joana Sosa (11), y a su madre. Recordamos que el día viernes, la Fiscalía de Causas No Penales, y derivadas del Juzgado de Familia y el Menor de la I Circunscripción Judicial, había iniciado la búsqueda de la niña, quien había desaparecido el día miércoles.
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