En la sede del Ministerio de Bienestar Social la titular de éste área, Laura Gallucio, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa, firmaron un convenio destinado a la capacitación de agentes de la Administración Pública respecto de la unificación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La ministra manifestó en este sentido que se trata de un convenio particular enmarcado en uno más amplio que ya mantiene el Ministerio con la Facultad, y opinó que “es algo importantísimo en cuanto a poder contar con los profesionales que no solo tienen un amplio conocimiento en la temática, sino que tienen precisamente el conocimiento pedagógico para poder transmitir estas novedades que se están produciendo en el ámbito legal a todos nuestros agentes” y agregó que “nosotros a su vez tenemos la obligación de brindarles nuevos conocimientos y que mejor que hacerlo a través de nuestra Universidad”. Gallucio agradeció al decano por la predisposición de dicha Facultad “para poder llevar adelante en conjunto estas acciones tan necesarias”.
Se trata de Julio César Aimar, un hombre de 38 años, nacido y domiciliado en Caleufú, quien fue hallado responsable del delito de "robo simple". El Juez de Audiencia, Fabricio Losi, le impuso una pena de seis meses de prisión en suspenso y le aplicó algunas reglas de conducta por el término de dos años. También dispuso la absolución por el delito de violación de domicilio por el que había sido imputado ya que no hubo acusación fiscal en este sentido. Según se desprende de la información brindada por la Oficina Judicial, Aimar fue acusado por su propia esposa -con quien se encontraba separado de hecho- quien señaló que el 26 de enero de este año, en horas del mediodía, Aimar la esperó en el frente de su casa y comenzó a recriminarla. La mujer -Melina Azucena Cora- abrió la puerta y allí el hombre le arrebató una cartera que la mujer llevaba colgada en su brazo mientras le decía "que escondés el celular...". Horas después, la mujer hizo la denuncia y la Policía terminó encontrando dicha cartera en poder de Aimar. Es decir que se trató de un caso de violencia de género que derivó en un robo simple. Asistió, en carácter de Defensor, al imputado, el Dr. Walter Vaccaro, y representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio el Dr. Damián Campos.
Por unanimidad, la Corte Suprema sostuvo que la Ley de Subrogancia es inconstitucional porque afecta la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional. Además, la ley establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares. De esta manera, el régimen de la ley resultaba contrario a la jurisprudencia fijada por este Tribunal en los precedentes “Rosza”, “Rizzo” y “Aparicio” tendiente a asegurar el derecho de los justiciables a contar con un juez independiente e imparcial. Según consigna el Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte advirtió que en la actualidad aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y federales se encuentran vacantes en forma permanente y que, en los hechos, hoy la regla es designar un subrogante y la excepción nombrar a un juez mediante el procedimiento constitucional. Sigue en ver más...
La sentencia se dio a conocer este jueves por la mañana y lleva la firma del Dr. Florentino Rubio, el juez de Audiencia que condenó a Federico Ariel Alvear, un joven piquense de sólo 18 años, por el delito de "robo agravado por el uso de arma". Rubio le aplicó una pena de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento luego de arribarse a un acuerdo de juicio abreviado en el que Alvear reconoció la existencia del hecho por el que se lo acusaba y su autoría en el mismo, confesión que se condice plenamente con las pruebas de cargo valoradas en el proceso. El hecho por el que fue acusado Alvear se produjo el 16 de mayo pasado, en horas de la madrugada, cuando otro joven caminaba por calle 25 junto a un amigo, y al llegar a la 38 fueron interceptados por unas cinco personas y uno de ellos le pidió el teléfono celular al mismo tiempo que le mostraba un cuchillo y lo amenazaba. Finalmente dicho sujeto logró su objetivo y le robó dicho teléfono. La víctima brindó detalles muy precisos sobre la vestimenta que utilizaba su atacante y dijo que lo podría reconocer con absoluta certeza.
La Cámara Nacional en lo Civil reconoció la facultad de los jueces de reducir, de oficio, los intereses de un préstamo cuando son "abusivos". La Sala B del tribunal fijó en un 10 por ciento anual los intereses compensatorios y punitorios en el juicio de ejecución hipotecaria que Felisa Pulvirenti y Esteban Kosichi promovieron contra Juan Mario Bacher, por incumplimiento de pago de un mutuo en dólares. Según constancias del expediente, en el contrato se había pactado para el préstamo en dólares intereses punitorios del 1,5 por ciento mensual. Los camaristas Mauricio Mizrahi, Claudio Ramos Feijóo y Roberto Parrilli recordaron que el Código Civil faculta a los jueces a reducir, sin que se lo pidan las partes, las penalidades que se hubieran convenido para el caso de incumplimiento de las prestaciones prometidas, cuando el monto de la pena fuera desproporcionado en relación con la gravedad de la falta que sancionan. Sigue en ver más...
Se trata de Ceferino Faustino Rodríguez, un hombre de 38 años nacido en Intendente Alvear pero con domicilio actual en Maisonnave, quien fue condenado por "lesiones leves calificadas por el vínculo -en dos hechos- y amenazas simples y lesiones calificadas por el vínculo -en otro caso-, todo en concurso real". El Juez de Audiencia Fabricio Losi, le aplicó una pena de ocho meses de prisión en suspenso y le impuso reglas de conducta por el término de dos años como "el sometimiento a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, previa evaluación de su conveniencia y necesidad, a fin de evitar hechos de violencia contra las mujeres". El caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado ya que Rodríguez reconoció su autoría en los hechos que se le imputaban y no poseía antecedentes. Actuaron en el proceso judicial, la defensora oficial, Dra. María José Gianinetto; el fiscal Dr. Damián Campos y representando a la querellante, Sra. Mónica Patricia Quiroga, el Dr. Julio Ballari.
La sentencia se dio a conocer este miércoles y fue firmada por el Juez de Audiencia unipersonal, Fabricio Losi, quien condenó a Nicolás José Mignola, un piquense de 18 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de "portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y encubrimiento por receptación en concurso ideal; robo agravado por escalamiento -en un hecho- y robo simple -en otros dos casos-". Además de la pena de tres años de prisión en suspenso, Losi le impuso algunas reglas de conducta por el mismo plazo como "abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, concretamente en relación a los damnificados". El joven Mignola fue asistido por la Defensora General, Dra. María José Gianinetto, mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal actuó el Dr. Alejandro Gilardenghi. El caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado ya que Mignola reconoció su autoría en estos ilícitos -ocurridos durante el mes de marzo de este año- y no poseía antecedentes condenatorios hasta el momento.
Se trata de Leo Andrés Solopi, el muchacho de 21 años que el pasado 19 de abril al mediodía apuñaló en el pecho a Miguel Ángel Chávez, de 31 años, provocándole la muerte. Solopi fue condenado este jueves por el delito de "homicidio simple" y recibió una pena de nueve años de prisión efectiva. La sentencia dictada por el Juez de Audiencia, Fabricio Losi, coincide con el pedido de la fiscal Ana Laura Ruffini en los alegatos finales del debate oral y público que se realizó la semana anterior. En aquel momento, y al finalizar el mismo, cuando se le concedió la última palabra al imputado, éste dijo que está "arrepentido" y le pidió "perdón" a la familia Chávez, señalando que "no tuvo intención de quitarle la vida", y que "nunca pensó iba a pasar por este momento".
La opinión del Juez Losi
"La causa de la muerte de Chávez fue una puñalada certera en su corazón asestada intencionalmente por Leo Solopi. El motivo fue nimio. Un grupo de personas, que durante la semana son trabajadoras y pacíficas, están alcoholizadas casi al mediodía del domingo, en un punto de encuentro habitual en las esquinas de nuestra ciudad. Producto de su estado, sin el descanso necesario dado que estaban sin dormir desde el día anterior, se empeñan en reyertas entre ellos y molestias a los vecinos -a los cuales orinan sus casas y se muestran impúdicamente ante los niños del lugar-. Esta situación, que pareciera se ha tornado habitual en nuestros días, derivó en un incidente con vecinos que se sintieron molestos -aunque durante la semana mantengan una convivencia cordial- y culminó con la muerte de uno de ellos. No hay otra explicación. Sólo la ira desatada en Solopi, de quien no tenemos constancia que estuviera bajo efectos del alcohol o estupefacientes, dado que no se le suministró ninguna prueba inmediata, sino recién a las 48 horas. Existieron las molestias por parte de Chávez, quien muy alcoholizado probablemente insultó a la madre de Solopi. Las amenazas no son sustentables, dado que todos rescatan el carácter pacífico de la víctima, dato que incluso afirmó Solopi en su última palabra. Pero no existió ninguna agresión ilegítima hacia el acusado, o sus padres, que habilitara el ejercicio de la legítima defensa. Corresponde tipificar los hechos como Homicidio Simple".
La sentencia fue leída este miércoles y la firmó el Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, quien condenó a Alberto Jorge Berón, un hombre nacido en San Agustín (Córdoba) hace 54 años pero con domicilio en la zona rural de Villa Mirasol, a la pena de un año de prisión, de efectivo cumplimiento. Pellegrino lo halló responsable del delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo" en perjuicio de una mujer llamada Azucena Noemí Díaz. En el caso actuó como fiscal el doctor Damián Campos.
Se trata de Antonio Dardo Miranda, un realiquense de 29 años que actualmente vive en Hilario Lagos, quien fue condenado por los delitos de "desobediencia judicial -en dos hechos- y violación de domicilio, en concurso real". El Juez de Audiencia, Carlos Pellegrino, le impuso una pena de seis meses de prisión, de ejecución condicional, y le aplicó algunas reglas de conducta por el término de dos años como "abstenerse de relacionarse con la damnificada Andrea Marina Orellano, y de mantener comunicación, por cualquier medio, con ella". En el caso actuó como fiscal el doctor Alejandro Gilardenghi.
