La sentencia se dio a conocer este miércoles al mediodía en los Tribunales de General Pico y fue dictada por el Juez de Audiencia Florentino Rubio. Se condenó a Romina Liz Saavedra, una joven mujer piquense de 28 años, a la pena de tres meses de prisión en suspenso por el delito de "daño simple". Además le impusieron, por el término de dos años, algunas reglas de conducta entre las que se destacan "abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con Hugo Alfredo Urquiza y su grupo familiar". Romina Saavedra fue condenada por un hecho ocurrido el 19 de noviembre de 2013 cuando prendieron fuego un automóvil Chevrolet Corsa que estaba estacionado en calle 12 entre 29 y 31. La mujer reconoció ser la autora del hecho por el que se la acusó. Según se supo también, Romina Saavedra era la esposa del fallecido Julio Gualpa, quien había amenazado en vida con prenderle fuego el auto a la familia Urquiza. Perteneciente a esta familia Urquiza es Vanesa, la primera mujer de Gualpa con quien tuvo dos hijos y después otros dos con Donito Javier Blanco, principal responsable del asesinato de Julio Gualpa.
Se trata de Gustavo Ariel Lara, un hombre de 32 años, nativo de Huinca Renancó pero con domicilio en General Pico y a quien apodan "manguera". El Juez de Control, Heber Pregno Jr. lo halló responsable del delito de "robo simple" y le aplicó una pena de un año y seis meses de prisión, la que unificada con la pena dictada por el Tribunal de Audiencia -con fecha 21 de marzo de 2013, de dos años y tres meses de prisión- quedó en una pena única de tres años y nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento. El juez Pregno también declaró a Gustavo Lara reincidente y le revocó la libertad asistida que le había sido otorgada oportunamente.
Se trata de Leonardo Javier Pérez, un piquense de 33 años, que fue condenado por los delitos de "amenazas calificadas por el empleo de armas -en un hecho- y desobediencia judicial -en dos casos-, en concurso real". La sentencia la dictó el Juez de Audiencia, Florentino Rubio, y se le aplicó una pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento. El juez Rubio absolvió a Pérez de un delito de "amenazas simples" por el que también había sido acusado. Se trata de hechos ocurridos durante el año 2013 en donde Pérez amenazó en varias oportunidades a su pareja, una mujer de apellido Alfonzo, con quien convivió durante unos 10 años y tuvo dos hijos. El fiscal interviniente fue el Dr. Alejandro Gilardenghi, la querellante particular fue patrocinada por el Dr. Oscar Ortiz Zamora y también participó el Dr. Fernando Savid Buteler, como defensor del acusado.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia, Carlos Federico Pellegrino, y la condena recayó en Adriana Edith Quiroga, una piquense de 41 años, a la que consideró responsable del delito de "lesiones leves" aplicándole una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional.
Pellegrino también le impuso una serie de reglas de conducta que Adriana Quiroga deberá cumplir por el término de dos años como fijar residencia; presentarse mensualmente a la Comisaría más próxima a su domicilio a fin de dar razón del mismo; y establecer una restricción de acercamiento y comunicación, por cualquier medio, para con la damnificada. Pellegrino absolvió a Adriana Quiroga por el delito de "amenazas simples" ya que no hubo acusación fiscal al respecto.
El proceso investigado se inició el día 13 de marzo de 2.013, en oportunidad que aproximadamente a las 09:55 horas, se presentó la imputada en el municipio local, cito en calle 11, entre Avenida San Martín y calle 16, previa discusión con la damnificada Patricia Salvadori, la golpeó con un casco en la cabeza, al tiempo que la insultaba y amenazaba con que “la iba a cagar a palos” y “le iba a prender fuego la casa”. La denunciante resultó con lesiones de carácter leve.
En el caso actuaron como representante del Ministerio Público Fiscal, la Dra. Ivana Hernández; asistió en la defensa a la imputada, el Dr. Humberto Bauducco; y ejerciendo el rol de querellante particular, la Dra. Cecilia Ruffini.
Se trata de Claudio Darío Calvo, un hombre de 53 años nacido en Bahía Blanca pero domiciliado en General Pico desde hace mucho tiempo. El Juez de Audiencia unipersonal, doctor Fabricio Losi, dictó su absolución por los delitos de "amenazas simples reiteradas en concurso real y amenazas agravadas por el uso de arma".
La investigación de este caso comenzó luego de una denuncia radicada por María Gabriela Tobal, el día 7 de julio de 2011, ante la Comisaría Primera, quien manifestó que el día 6 de Junio en momentos en que se encontraba acompañando a un cliente-amigo para la realización de un trámite en su auto, quien fuera su marido, Claudio Darío Calvo, comenzó a perseguirlos, cruzando su camioneta, para luego bajarse y tirarse sobre el rodado. Que después de ese episodio se separó de hecho y comenzó a sufrir diversas molestias, entre ellas ser observada y perseguida por un hombre robusto, que se movilizaba en motocicleta o en un cuatriciclo, persona que en una oportunidad vio ingresar al café que se encuentra debajo de su edificio, lugar donde estaba sentado su ex esposo Calvo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam invita a participar de las “II Jornadas sobre el Código Civil y Comercial de la Nación”, que fuera sancionado con fuerza de ley el 1º de octubre del año 2014. La actividad se realizará este miércoles 18 de marzo de 14 a 18 horas en el Aula Magna de la casa de estudios pampeana. Las jornadas pretenden clarificar las modificaciones sustanciales en materia del llamado Derecho Privado. En esta ocasión, se abordarán temáticas vinculadas a Obligaciones, Derechos Reales y Derecho de Familia. “Ante esta trascendente modificación de un Código con más de 120 años, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas debe continuar en su búsqueda por la excelencia académica, la actualización profesional y la adaptación a las nuevas realidades sociales, que siempre son receptadas por el Derecho de manera tardía. Asimismo, es primordial que se siga impulsando la generación de pensamiento crítico por parte de los estudiantes de la Facultad y de sus egresados, además de la sociedad civil en general”, informó el vicedecano, Francisco Marull.
La decisión la tomó el Juez de Control Heber Pregno Jr. y se dio a conocer este miércoles al mediodía en los Tribunales de General Pico. De acuerdo a la información entregada por la Oficina Judicial la condena recayó en Sergio Marchisio, un sujeto de 33 años, nativo de Santa Rosa pero con domicilio en la localidad de Trenel. Se lo encontró responsable de los delitos de "daño simple, amenazas simples y amenazas calificadas por el uso de arma -en dos hechos-". El juez Pregno le aplicó una pena de un año de prisión de ejecución condicional y le impuso -por el término de dos años- algunas reglas de conducta entre las que se destacan la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de una mujer llamada Milagros Arenas Illesca quien reside en General Pico y de cualquier tipo de contacto o comunicación respecto de las víctimas, la persona antes mencionada un hijo de ella que es menor de edad. También le ordenó someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, destinado a superar los episodios de impulsividad y violencia hacia las mujeres.
Se trata de Alexander Emanuel Fernández, un joven nativo de General Pico de sólo 20 años, quien fue encontrado responsable de los delitos de "hurto simple -en un hecho- y robo simple -en otro caso-". El Juez de Audiencia unipersonal, Dr. Carlos Federico Pellegrino, le impuso una pena de un año y seis meses, de ejecución condicional y le impuso algunas reglas de conducta, por el término de dos años, como "fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, y establecer una restricción de acercamiento para con los damnificados". Pellegrino también dispuso la absolución de Alexander Fernández por el delito de "encubrimiento" por el que también había sido acusado. El joven Fernández fue condenado por un hecho ocurrido el 17 de agosto de 2014 cuando acompañado por otro joven -que no pudo ser identificado- irrumpió en un departamento del barrio Malvinas y tras golpear a su dueño le terminaron sustrayendo una computadora notebook. El 22 de mayo del mismo año había ingresado por una ventana a un departamento ubicado en calle 19 entre 4 y 6 donde sustrajo dos candelabros, un perfume, dos pares de zapatillas, un reloj pulsera, un equipo musical, un MP3 con auriculares, un IPOD y una campera azul.
Se trata de un joven de 20 años, nativo de General Pico, e identificado como Brian Ezequiel Puebla, con domicilio actual en Eduardo Castex. El Juez de Audiencia Florentino Rubio lo condenó por el delito de "hurto calificado" al que se arribó a través de un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Alejandro Gilardenghi y el imputado Puebla representado por la defensora oficial María José Gianinetto.
Brian Puebla fue acusado por un hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2014, entre las 7 y las 7.15 horas, de haber sustraído una camioneta Toyota Hilux -de color negro- que se encontraba estacionada, con las llaves colocadas, frente a una vivienda en la localidad de Intendente Alvear. Luego de la denuncia presentada por su propietario, la Policía local encontró al imputado tirado debajo de la puerta del asiento del conductor de la camioneta, luego de que esta había colisionado y volcado, conducida por él por un camino vecinal.
El juez Florentino Rubio le impuso a Puebla algunas reglas de conducta a cumplir por el plazo de dos años: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, c) completar la escolaridad primaria y d) someterse, en caso que resulte necesario y eficaz, a un tratamiento médico en orden a la adicción al alcohol.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia unipersonal, Dr. Fabricio Losi, y la lectura de sentencia se dio a conocer este lunes al mediodía. En la misma se condena a Carlos José Rojo, un alvearense de 24 años, de profesión changarín, por considerárselo autor material y penalmente responsable de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de armas en concurso real", a la pena de un (1) año de prisión, en suspenso. Losi también dispuso que por el término de dos años, el condenado Carlos Rojo fije domicilio o residencia y se someta a un tratamiento psiquiátrico urgente, a fin de evitar hechos de violencia contra las mujeres. A Rojo lo condenaron por un hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2013 cuando Marcela Micaela Maurino lo denunció ante la comisaría de Intendente Alvear porque la había agredido con golpes de puño y la amenazó con matarla con un cuchillo de la cocina. Rojo fue asistido desde el inicio de la causa por el Defensor Oficial, Dr. Guillermo Costantino, y también participó como representante del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Alejandro Gilardenghi.
