Héctor Omar Marcos, un hombre nativo de González Moreno -de 73 años- con domicilio en la zona rural de Villa Sauce, fue condenado este lunes a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de seis años.
La decisión la tomó el juez de Audiencia, Marcelo Pagano, por considerarlo responsable de los delitos de "lesiones leves culposas y homicidio culposo causados por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor, en concurso ideal". También le impuso a Marcos por el término de dos años las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y b) abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas.
El caso se resolvió luego de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal sustituto Dr. Damián A. Campos, conjuntamente con el imputado Héctor Omar Marcos y el defensor particular Dr. Jorge Viñuela, y los querellantes particulares Héctor Alfredo Choquehuanca y Margarita de Jesús Aguilar con el patrocino letrado del Dr. Ezequiel Marquesoni.
Marcos fue condenado por un hecho ocurrido el 21 de septiembre de 2012 cuando conducía una camioneta Chevrolet S10 a excesiva velocidad, en forma imprudente y antirreglamentaria por el acceso Centenario de Intendente Alvear e invadió el carril contrario para embestir frontalmente a un Renault 19 que venía por ese lugar. En el siniestro vial perdió la vida María Laura Choquehuanca, la mujer que conducía dicho auto, acompañada por su hija Camila Ces quien resultó con lesiones leves.
La decisión se conoció este lunes a través de una lectura de sentencia que firmó el juez de Audiencia, doctor Fabricio Losi, quien condenó a Leonardo René Quiroga -un piquense de 29 años- a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de "lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja". El caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal Alejandro Gilardenghi con la defensora oficial, Dra. María José Gianinetto, y el propio imputado. Quiroga reconoció que el 9 de enero de este año, en estado de ebriedad, discutió con su pareja y la echó a patadas de la casa junto a los niños golpeándola delante de ellos, ocasionándole lesiones leves que fueron certificadas por profesional médico. El fallo señala que las partes acordaron esta condena dado que el acusado Quiroga fue condenado por la Cámara en los Criminal en el 2010 a la pena de un año de prisión, en suspenso, por el delito de abigeato en grado de tentativa. Losi también señala que "como lo marca la ley procesal el acuerdo de las partes es un límite infranqueable para el juzgador en la imposición de penas".
Se trata de Gastón Maximiliano Vega, un sujeto de 29 años que tiene domicilio en Río Cuarto (Córdoba), quien este miércoles fue condenado a la pena de tres años de prisión por los delitos de "robo agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda" -en uno de los hechos- y por "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción y con escalamiento" -en el otro caso-. El juez de Audiencia sustituto Heber Pregno Jr. fue quien dictó esta sentencia a partir de la presentación de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal, Dr. Alejandro Gilardenghi, con el imputado Maximiliano Gastón Vega y su defensor particular, el Dr. Armando Agüero. Mayor información sobre los dos hechos por los que fue condenado Vega en ver más...
La decisión se conoció este miércoles a través de la lectura de sentencia dictada por un Tribunal Colegiado compuesto por los doctores Florentino Rubio -presidente-, Fabricio Losi y Carlos Federico Pellegrino. La condena fue para Ariel Fernando Rodríguez, un piquense de 45 años, que fue hallado responsable del delito continuado de "abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente". Según los magistrados, la prueba debatida permitió tener por cierto que Rodríguez abusó sexualmente en varias ocasiones -durante años-, y hasta tres meses antes de formularse la denuncia el 23 de junio de 2013, mediante tocamientos en sus partes íntimas e introducción de los dedos en la vagina. Los abusos hacia su hijastra sucedieron en los distintos domicilios en que vivieron el condenado con la madre de la víctima.
Se trata de Rubén Ramón Lara, un piquense de 40 años, que finalmente resultó condenado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo". El juez de Audiencia, doctor Diego Ambrogetti, le aplicó una pena de seis meses de prisión, de ejecución condicional, y le aplicó una serie de reglas de conducta a cumplir durante el plazo de dos (2) años: a) Fijar domicilio y no modificarlo sin previa autorización del Juez de Ejecución Penal; b) Prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio habitado por la víctima María del Carmen Reale y/o de los lugares habituales a los que la nombrada concurrra; y c) Someterse a un tratamiento médico y/o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia -por profesional idóneo en la materia-, vinculado a superar los episodios de violencia causados. El caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el imputado Rubén Lara, la fiscal Ana Laura Ruffini, y el defensor particular Ariel Hernández. Lara reconoció su autoría en los hechos por los que había sido acusado por su ex pareja y que ocurrieron en el mes de mayo de 2013. En el primero de ellos, en la vereda de una vivienda del barrio Roca, Lara le arrancó a su ex pareja los aros de la naríz y de la oreja para posteriormente aplicarle unas patadas. El otro, ocurrió días después en pleno centro de la ciudad, allí le propinó un golpe con el puño cerrado, que entró por el orificio que posee el casco donde se coloca el visor, rompiéndole los lentes que tenía colocados, pegándole en el ojo derecho.
Se trata de Juan Manuel Ricchiardi, un joven piquense de 19 años, que cuando todavía era menor de edad -el hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2012- durante la madrugada y luego de una fiesta que se desarrollaba en el Pampaban se acercó a otro joven JF y sin mediar palabra le propinó un golpe de puño en la boca causándole la pérdida de dos piezas dentarias. El juez de Audiencia, Diego Ambrogetti, declaró la responsabilidad penal de Ricchiardi por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de "lesiones graves dolosas". El caso se resolvió a partir de un acuerdo de juicio abreviado que fue refrendado por el propio imputado Juan Manuel Ricchiardi; por su madre Silvia Colombero; por su defensor oficial Walter Vaccaro; por el asesor de menores Fabián Allara; por la fiscal interviniente Ana Laura Ruffini; y por la doctora Pamela Manera en su carácter de abogada patrocinante de la querellante particular.
El ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno finalmente no se presentó este jueves al juicio en su contra por el delito de abuso de autoridad. Convocó a sus seguidores a su casa para impedir que la Policía lo lleve detenido pero su esposa, la diputada Sandra Fonseca, le dijo a un comisario que no sabía dónde estaba. Los magistrados de la Cámara en lo Criminal lo declararon en rebeldía y ordenaron detenerlo. Técnicamente, el hecho de que lo hayan declarado en rebeldía significa que está prófugo y que la Policía lo tiene que detener donde lo encuentren. El debate se inició de todos modos sin él ya que en la causa hay otros cuatro imputados: sus entonces secretarios Oscar Vignatti (Hacienda), Juan Pablo Fasce (Gobierno), Viviana Rodríguez (Coordinación General) y Blanca Soto (Acción Social). Fuente y foto: Diario Textual.
El fiscal Marcelo Amado solicitó este jueves la absolución de los imputados. De acuerdo a la información publicada por Diario Textual, dijo que "los cuatro entonces secretarios no fueron responsables de esa resolución". Para el titular del Ministerio Público Fiscal, el responsable fue Tierno. “No se le puede achacar a ninguno de los presentes el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, dijo Amado. “El delito de autoridad es una figura personalísima, donde debe existir el dolo, el saber que está realizando un delito. Ninguno de los imputados aquí tenía capacidad para modificar de alguna forma alguna resolución. No fueron los autores ideológicos de dicha resolución, ni los autores materiales. Simplemente como integrantes del departamento, refrendaron una resolución realizada por el intendente. Podrá achacársele alguna falta administrativa, pero por la figura del 248 del Código Penal no puede acusarlo. No se dan los elementos de abuso de autoridad de los presentes. Por eso no voy a sostener la acusación original y voy a solicitar que sean absueltos”.
La decisión la tomó el juez de Audiencia, Marcelo Pagano, y se conoció este jueves a través de su lectura de sentencia. La condena recayó en Cristian Adrián Arias, un piquense de 31 años que vive en el barrio Don Bosco. Pagano dispuso para Arias una pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de "hurto agravado por escalamiento". También mantuvo para Arias la condición de reincidente ya que posee al menos tres casos anteriores en los que fue juzgado por distintos hechos -todos por tentativa de robo- y ya se había declarado su reincidencia. En esta última oportunidad Cristian Arias fue hallado responsable de un hecho ocurrido el 19 de septiembre de este año cuando en horas de la madrugada se introdujo en la morada de un vecino, saltó una reja de casi dos metros, y del garage sustrajo una bicicleta playera de mujer la que debió pasar también por encima de la reja para llevársela. En el caso actuó como fiscal el doctor Damián Campos.
La decisión la tomó el Juez de Audiencia unipersonal, doctor Fabricio Losi, y se conoció este miércoles a través de su lectura de sentencia en los tribunales de General Pico. El fallo señala que se condena a Julián Norberto Pollo, un sujeto nacido en Haedo (provincia de Buenos Aires) de 25 años, a la pena de seis años de prisión de efectivo cumplimiento. Pollo fue condenado por ser el autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real".
La investigación judicial se inició a partir de una denuncia formulada en el mes de marzo de 2012, en la Comisaría Departamental de Quemú Quemú, por parte de la madre de la joven abusada. Esta mujer contó aquel día que su hija había mantenido una relación de noviazgo con Pollo pero que la misma había terminado un año y medio atrás pero que a pesar de ello el hombre había seguido viéndola. Un día, una familiar suya la llamó para contarle que su hija le había contado que Pollo había intentado ahogarla metiendo su cabeza en un fuentón con agua, que también la había golpeado y amenazado. Luego de ello, la trasladaron al Hospital para certificar las lesiones y formuló la denuncia. Tiempo más tarde, la menor, que ante su madre había negado los hechos, terminó confirmándolos y amplió la denuncia manifestando que además de los golpes, Pollo la había obligado a tener relaciones sexuales bajo amenazas.
El juez Fabricio Losi también dispuso no hacer lugar al pedido de la querella respecto a aplicar la prisión preventiva del ahora condenado señalando que "con los elementos que cuento a la fecha no hay sustento para revocar el estado de libertad de Julián Pollo. El debate pudo llegar a su fin en forma normal y se ha cumplido, en consecuencia, uno de los fines del proceso. El devenir de las etapas recursivas determinará si el acusado deberá cumplir o no con la efectiva privación de libertad, pero como pena y no como medida cautelar".
