Congreso Nacional: “El Gobierno Provincial tiene facultades para controlar la actividad de las financieras”, dijo Marino

El senador nacional Juan Carlos Marino presentó un proyecto solicitando al Gobierno Nacional que regule la actividad de las financieras que operan con dinero propio e instó al Ejecutivo Provincial para que controle los pagarés que entregan estas organizaciones. “Ambos Ejecutivos tienen la facultad de controlar para evitar fraudes”, aseguró. El proyecto de Marino surge a partir de las diferentes denuncias recibidas por parte de personas que fueron estafadas por financieras que operan con capital propio y apunta a que el Ejecutivo Nacional intervenga en la “intermediación” de servicios, pudiendo así fijar un límite a los intereses que cobran. “El problema radica en que como estas financieras no utilizan fondos de ahorristas sino que operan con dinero particular, su actividad no está regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y no se encuentran obligadas a cumplir con, por ejemplo, la reglamentación que fija un techo a los intereses anuales máximos que pueden cobrar”, explicó Marino.

“Los relatos de las personas estafadas son realmente desoladores, han sido víctimas de abusos terribles. Muchas de estas financieras no sólo han cobrado intereses siderales sino que han realizado fraudes en los pagarés que hacen firmar a los clientes, todo esto sin ningún tipo de control”, agregó.

Además de presentar esta iniciativa a nivel nacional, el senador resaltó que el Gobierno Provincial también puede interceder controlando los pagarés que se suscriben: “Todos estos créditos se otorgan a partir de la suscripción de un pagaré que en muchas ocasiones no cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a los datos que allí deben constar, destacándose, el monto a desembolsar, la tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, y la fecha entre otros”.

“Muchas veces este pagaré se firma en blanco y luego la financiera adultera la fecha, pudiendo cobrar así más intereses. Aquí es donde el Gobierno Provincial podría intervenir, dado que la Ley N° 1352 de Amparo de Interés Difusos o Derechos Colectivos posibilita evitar cualquier clase de perjuicio al consumidor a instancias de un contrato abusivo”.

Por último, Marino indicó que este problema no existiría si se incrementara el grado de bancarización de la población aunque remarcó que para eso es necesario un descenso sustancial de la informalidad laboral que “aún se mantiene en niveles altos”.