Se trata de una decisión unilateral que desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la provincia y las pymes pampeanas prestatarias del Servicio Público.

La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el Servicio Público se encuentre a disposición de los usuarios.
De modo alguno resultaría efectivo subsidiar la demanda, toda vez que la cantidad de usuarios que la Provincia de La Pampa posee - en virtud de la densidad poblacional- es una limitante para el desarrollo de la actividad de la empresa prestataria, la cual necesita del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad de las líneas que aseguran la interconexión de las localidades.
No serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio

Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población.

Confunde, en estos parámetros, el gobierno del Estado Nacional privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales.
Lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios lo que promueve es una brecha cada vez mayor - hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente.
La provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano.
Circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación.