Legislatura Provincial: los diputados avanzaron para haya fiscalías rurales para atender delitos como el abigeato

En plenario de comisiones de asuntos constitucionales y justicia, presidida por la diputada Alicia Mayoral, y de hacienda y presupuesto, presidida por el diputado Roberto Robledo, por unanimidad, los legisladores emitieron despacho favorable al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crean cuatro cargos de Fiscal en el Poder Judicial de La Pampa. Claro que, antes, las y los diputados, a partir de lo que la diputada Laura Trapaglia presentó como un pedido de los productores rurales, acordaron en incorporar al texto de la ley, el espíritu de la misma plasmándolo de manera explícita. Mayor información en ver más...

Ese espíritu es el que aparece en la fundamentación del proyecto que inicia diciendo: los cargos a crearse “resultan de ineludible generación, dado que serán asignados a cubrir Unidades Fiscales para la investigación, promoción y ejercicio de la acción penal en hechos delictivos ocurridos o relacionados con el ámbito rural y la actividad agraria”.

El dictamen acordado por las y los legisladores contempla la modificación del texto de la ley especificando que los cuatro nuevos fiscales se dedicarán exclusivamente a lo rural.      



La importancia de psicólogos en la defensa pública

También hoy se reunió la comisión de Peticiones y se trataron cuatro pliegos por los que se solicitan cubrir los siguientes cargos: Titular en la Defensoría Adjunta en lo Penal de la II Circunscripción Judicial, con el abogado Mauro Gabriel Fernández; Titular en la Defensoría Penal de la I Circunscripción Judicial, con la abogada María Antonella Marchisio; Titular en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 1 de la II Circunscripción Judicial, con la abogada María Belén Lavechia y el de Titular en la Defensoría Adjunta en lo Civil de la I Circunscripción Judicial, con la abogada Carla Pamela Martín.

Mauro Gabriel Fernández ingresó en el Poder Judicial en agosto de 2011 y desde 2019 trabaja en la Defensoría Penal.

“En mi función como ejecutor de la pena debemos tener entre 120 o 130 condenados. Es sabido que las dificultades que hay en cuanto a cupos, respecto a esto entiendo que fue muy bueno el acuerdo que se logró con la prisión de San Luis. Fue una buena decisión teniendo en consideración que sigue existiendo mucha gente presa en dependencias policiales. Si una persona no puede trabajar al encontrarse en un ambiente que no está preparado para tener detenidos, se dificulta su reinserción en la sociedad”, contó Fernández en el comienzo de su exposición frente a diputadas y diputados.

En esta línea, indicó que el principal problema es con los condenados por abuso sexual. “No se han ampliado los lugares donde estas personas puedan cumplir su condena. El tema a solucionar es ese, un tercio de los presos que tenemos se encuentran en comisarías”, señaló el letrado.

Posteriormente se le pidió opinión sobre la queja de defensores en casos de abusos, teniendo como vinculante los informes psicológicos de sus clientes.

“La declaración de la víctima es fundamental –dijo Fernández- y la herramienta que da la psicóloga es relevante en una causa penal. La pericia evalúa un montón de cuestiones”.

A su vez, sostuvo: “es importante que en la defensa pública haya un profesional psicológico. Es un recurso que necesitamos. La defensoría está trabajando sobre esto para que ingresen profesionales para cumplir con esta demanda”, dijo el abogado.

María Laura Trapaglia del bloque de Popuesta Federal, preguntó si el acuerdo de “El Caldén” con la provincia de San Luis vulnera algún derecho, al estar los reclusos lejos de su familia.

“Lo ideal sería tener a todos los presos pampeanos acá. Pero hay que tener en cuenta que por cada preso se requieren 3. 5 empleados, y hoy en La Pampa llevaría un tiempo capacitar a esas personas, también implica un gasto muy grande. Lo cierto es que a las familias se les brindan los pasajes para que puedan viajar a San Luis”, respondió Fernández.

María Antonia Marchisio ingresó al Poder Judicial en el año 2021. Frente a legisladoras y legisladores, la abogada expresó que los aportes como profesional no van solo desde la “formación técnica” sino también desde la “condición humana”.

En la ronda de preguntas se le consultó por qué cree que han aumentados las denuncias relacionadas a la violencia de género.

“Si en los últimos años se han incrementado las denuncias tiene que ver con la mayor disponibilidad de derechos que cuentan las personas y con una mayor concientización de la sociedad. Esto no quiere decir que el delito haya aumentado, porque antes no se denunciaba como se lo hace ahora”, señaló Marchisio.

María Belén Lavechia juró en el cargo de jueza sustituta en el Juzgado Laboral N° 1 en el año 2021. En su exposición, la letrada sostuvo que “la Justicia debe ser rápida para darle una respuesta al ciudadano. Precisa y rápida”.

Se le consultó por la llamada “Industria del juicio”. “Yo no creo en eso, porque el juez es el director del proceso. Quizás en donde percibo una mayor problemática es en la ley de accidentes laborales. Creo que ahí existe una tendencia al conflicto, particularmente con lo que tiene que ver con la ART. En cierta medida se juega con el tiempo del procedimiento”, manifestó Lavechia.

Pamela Martin fue convocada por el Poder Judicial en 2019 para desempeñarse en la Defensoría Civil. “Desde mi lugar creo que se debe trabajar de forma interdisciplinaria. Hay profesionales que están en el territorio, como asistentes y psicólogos. Es importante el contacto con las personas que están en ese lugar. Me parece sumamente importante”, dijo frente a diputadas y diputados.

Por otro lado, indicó que en su área el contacto directo es con la población. “A esos problemas hay que resolverlos de manera inmediata, porque muchas veces se trata de una cuestión social y no tanto jurídica”, concluyó Martín.