Superior Tribunal de Justicia: absolvieron al acusado de provocar un homicidio, a raìz de la explosiòn de un tubo de GNC

El juez de audiencia santarroseño, Andrés Olié, absolvió al hombre acusado de provocar el homicidio culposo de Oscar Juan Moronta, a raíz de la explosión de un tubo de GNC en su camioneta, estando estacionada en el garaje de su casa. El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2018, en General Acha, y la víctima de 75 años falleció casi un mes más tarde debido a las heridas sufridas. Heraldo Cristian Martín Tarrio, un mecánico de 35 años, había sido acusado de homicidio culposo por el fiscal achense Juan Bautista Méndez y la fiscala Paula Soledad Duscher, y estrago culposo, por el abogado Alberto Pérez, en representación de los dos hijos de Moronta. Olié recurrió al artículo 6 del Código Procesal Penal de La Pampa, que refiere a que al no haber una certeza absoluta.

Como contrapartida, Olié le remitió una copia de la declaración testimonial de Norberto Ferretti, responsable técnico del taller donde se efectuaron los arreglos del equipo de GNC, para que la fiscalía de turno evalúe si pudo haber cometido algún delito.

Preguntas.
En el fallo, Olié se planteó una serie de preguntas técnicas acerca de si la explosión fue consecuencia directa de una negligencia de Tarrío en el contralor del equipo de gas. Agregó que muchos de esos interrogantes quedaron sin respuesta y lo atribuyó a “falencias” del Ministerio Público Fiscal, por ser el “único en llevar adelante la investigación fiscal preparatoria y de probar la acusación”.

El juez se centró en dos tareas realizadas por Tarrío: la calibración y el cambio de manómetro. Sobre la calibración sostuvo, en base al testimonio de un técnico electromecánico –responsable técnico de su propio taller de instalación de equipos de GNC–, que ninguna de las partes indicó durante el debate que, aún efectuando una mala operación, tal desperfecto puede generar una pérdida de gas.

Con respecto al cambio de manómetro, que fue ejecutado por Tarrío, ese especialista y de un ingeniero electromecánico señalaron que la verificación de que no exista una pérdida del fluido –tal como declaró el imputado– se realiza con agua jabonosa. Ambos indicaron que “si bien no es el procedimiento dispuesto en la normativa vigente, es el usual y el más indicado para detectar pequeñas pérdidas”. Para esa tarea, el Enargas prevé que los talleres deben contar con un detector de fugas de gas natural, algo que no se cumplió.

“Si, eventualmente, pequeñas pérdidas sólo se detectan con el empleo de agua jabonosa, una adecuada y prudente práctica consistiría en utilizar ambos sistemas”, expresó Olié. Y a continuación se interrogó: ¿fue esta violación reglamentaria la causa de la fuga de gas?, ¿hubo una conexión de antijuridicidad entre la violación y el resultado?, ¿aquella violación se verificó en el resultado?

En tal sentido, manifestó que el especialista y el ingeniero –especialmente este último– explicaron muy claramente que, si el resto del equipo de GNC (específicamente la válvula de seguridad) funciona adecuadamente cuando el vehículo está detenido, el único fluido que puede liberarse desde el lugar donde va enroscado el manómetro es el contenido de la cañería que transporta el gas, desde el cilindro hasta el sector del vano del motor, siendo una cantidad despreciable que de ningún modo pudo causar una explosión”.

“Ello es así porque este tipo de equipos cuenta con una válvula de seguridad ubicada en la salida del cilindro, que posee varias funciones de corte: por estallido, explosión y fuga de gas –detalló el magistrado–. Esa misma válvula está conectada al sistema eléctrico y, si el vehículo no está en contacto, impide el paso del GNC desde el cilindro hacia el vano del motor, donde se encuentra el manómetro y el resto de las conexiones al motor”.

“Entonces, ¿cómo fue posible que (un gasista matriculado y técnico mecánico), estando el vehículo detenido, haya constatado un fuga donde enrosca el manómetro?, ¿es factible que entonces existiera un mal funcionamiento de la válvula de seguridad?”.

Inexplicable.
“Tanto los informe presentados por los diversos gasistas matriculados y responsables técnicos de talleres de montaje de GNC, como la declaración (del ingeniero) durante el debate, contaron con la decisiva limitación que implicó no haber visto el equipo instalado en el vehículo, ya que el mismo habría sido entregado a la familia y desmantelado del vehículo, sin que durante el debate nadie diera una explicación acerca de esta circunstancia”.

“Ni el acusador público, ni los hijos del señor Moronta –constituidos como querellantes–, refirieron durante las audiencias quién ordenó la entrega del vehículo; quién dispuso su desmantelamiento; qué taller autorizado realizó esa tarea; cuándo se hizo; si se conservó el equipo de GNC en algún lugar, etc.”.

Al auto solamente lo inspeccionó el gasista unos días después de la explosión y recién un año y medio después, la fiscalía le requirió un “informe detallado” a un comisario del cuerpo de bomberos, quien declaró que hasta ese momento nunca habían requerido su intervención y que era “relativamente difícil llegar a una conclusión precisa de lo que pudo haber causado y/o originado la explosión”.

Olié calificó la calidad de la prueba obtenida por la labor del gasista como “muy limitada” y de “baja calidad”. Si bien esa persona fue la única que pudo verificar el equipo de GNC después de la explosión, “inexplicablemente fue desmantelado” de la camioneta y entregado a los familiares de la víctima “antes de cumplirse con todos los exámenes necesarios”. ¿Por qué? “Supongo que con la anuencia del fiscal encargado de la investigación fiscal preparatoria”.

“Por supuesto que eso no es achacable (al gasista), ya que nunca el responsable de la investigación le dio instrucciones” sobre lo que debía hacer; en alusión a que el testigo solo brindó un diagnóstico de lo ocurrido (falla en una válvula), pero nadie le pidió que constatara su funcionamiento.

Sospechas.
Con respecto a los dichos de Ferretti, Olié remarcó que primero dijo que era jubilado, pero a su vez representante técnico de la firma donde se verificó la Eco Sport. Además aseguró que “para mayo de 2018 ya no era más el propietario de la firma porque la había vendido”, pero que continuaba siendo el representante técnico. A su vez aseveró que Tarrío no era empleado suyo porque la empresa ya no le pertenecía, aunque acotó que el vínculo entre ellos era “patrón a empleado”.

Al final terminó diciendo que vio “cómo se hizo todo el trabajo” y que “supervisó el trabajo (Tarrío)” para constatar que cumpliera con “las normas y el protocolo del Enargas”. Justamente en los registros del Ente Nacional Regulador del Gas figura como responsable técnico del taller.

“Por distintas razones, la utilidad probatoria que pudo obtenerse de la declaración de Ferretti fue muy escasa. En primer lugar, en su exposición lució muy preocupado en deslindar su propia responsabilidad respecto del hecho investigado (no necesariamente referido a la responsabilidad penal), casi a modo de defensa material de su intervención”, subrayó Olié.