Superior Tribunal de Justicia: un comerciante fue condenado por organizar un "Póker" clandestino

Un comerciante de 40 años fue condenado, en el marco de un juicio abreviado, a la pena de tres años de prisión en suspenso por ser autor del delito de organización de juego de azar ilegal, en concurso ideal con infracción al artículo 205 del Código Penal (incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en torno al Covid-19). La sentencia fue rubricada por el juez de control, Néstor Daniel Ralli, a partir del abreviado presentado por el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor particular Walter Pablo Pinto y el propio imputado, Adrián Martín Garrido, quien admitió su culpabilidad. Como la sanción es de ejecución condicional, deberá fijar domicilio y presentarse mensualmente ante el Ente de Políticas Socializadoras durante dos años. Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, Ralli dio por probado que Garrido organizó un torneo de póker que no estaba autorizado por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas).

El certamen se desarrollaría entre los días 11 y 16 de enero de este año y “su convocatoria fue realizada de manera telefónica, mediante mensajes que especificaban la forma en que se desarrollaría, el monto de la inscripción y fechas y horario –dice el fallo–. Todo ello, además, en circunstancias en que las reuniones sociales se encontraban expresamente prohibidas por motivos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19, mediante el decreto provincial 03/21”.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I. En el legajo se incorporaron capturas de mensajes de texto con la convocatoria y la confirmación de los participantes.

Además, se ordenó un allanamiento al lugar donde jugaban al póker y se sorprendió in fraganti a un grupo de siete personas participando del juego clandestino. Por ello procedió a secuestrar “dinero en efectivo, teléfonos celulares, fichas, cartas y el contrato de locación del lugar, vigente a la fecha y cuyo inquilino resultó ser Garrido”, detalló el magistrado.