Tribunales Piquenses: dos mujeres y un hombre fueron acusados de "intimidación pública" y quedaron en libertad

Este viernes por la tarde se realizó la audiencia de formalización contra las tres personas que fueron detenidas anoche luego de varios procedimientos en la ciudad. Tres piquenses, dos mujeres y un hombre, fueron formalizados este viernes por la tarde y se los acusó de "intimidación pública", artículo 211 del código penal.  Se trata de Marina Gabriela Mendoza y Antonella Yara Quiroga, quienes serían madre e hija, y de Angel Pedro Morales. Mayor información en ver más...

La audiencia se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, como sucede en estos tiempos de aislamiento social y obligatorio, y fue conducida por el juez Diego Ambrogetti. También participaron el fiscal general, Armando Agüero, y el defensor oficial Walter Vaccaro. 

Las mujeres, que serían madre e hija, habían sido aprehendidas anoche y trasladadas a la Comisaría Tercera, mientras que el hombre estuvo alojado en la Brigada de Investigaciones. 

Según la información brindada por el fiscal Agüero "más de 200 personas integraban un grupo de WhatsApp llamado 'Nos Ayudamos', en el que se hizo identificación de la persona infectada, su grupo familiar, actividades laborares y se enviaron fotografías de las personas que creían que estaban infectadas".

También, y siguiendo con los dichos del fiscal, "se incitaba a identificar vínculos y ámbitos laborarles para mantener un control social de dichas personas". 

Se trata de pruebas importantes como para analizar, porque -como se dijo- a través de esta metodología, "se logró así generar temor, conmoción y alarma en la sociedad, lo que motivó la intervención de oficio y las detenciones".

Finalmente, y luego de la audiencia realizada esta tarde, se dispuso el secuestro de sus teléfonos celulares y las tres personas quedaron en libertad aunque la investigación judicial seguirá su curso. 

Aquí está la información oficial

Se formalizó a tres personas por intimidación pública

Hoy se formalizó a Marina Gabriela Mendoza, a Antonela Yara Quiroga y a Ángel Pedro Morales por el delito de  “intimidación pública”, mediante videoconferencias de zoom en la ciudad de General Pico. En la audiencia intervinieron desde sus respectivos domicilios,  el juez de control Diego Ambrogetti, el fiscal general Armando Agüero, el defensor oficial Walter Vaccaro , personal de Oficina Judicial y otras dependencias. Las dos imputadas y el imputado participaron desde sus lugares de detención.

En la audiencia se formalizó a Marina Gabriela Mendoza y a Antonella Quiroga por haber infundido temor, dando voces de alarma, mediante la administración de un grupo de whatsapp. Y a Pedro Morales se lo formalizó por haber infundido temor, dando voces de alarma, mediante la creación de un audio de whatsapp, que fuera masificado y viralizado por esa red, así como también por haber agregado el mismo al  grupo de whatsapp administrado por las otras imputadas. En dicho audio se daba cuenta de una presunta persona infectada de COVID-19, así como también de sus familiares directos, grupos de pertenencia, relación laboral y demás datos.

El juez ordenó la libertad para los tres imputados y como medida sustitutiva de la prisión preventiva, la prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio, además de  la prohibición de acercamiento,  en relación a la persona damnificada y su grupo familiar por el plazo de 90 días.



Otras cuatro formalizaciones

Por otra parte, también se realizaron cuatro formalizaciones por “incumplir las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la introducción o propagación de una epidemia y desobediencia a la autoridad”.

Participaron el juez de control Diego Ambrogetti, los fiscales Luciano Rebechi y Guillermo Komarofky y el defensor oficial Walter Vaccaro. En dos causas, una de General Pico y otra de Ingeniero Luiggi, se imputó a dos personas que fueron halladas juntas en la vía pública, por lo que el total de imputados fue de 6.  

Todos fueron hallados en dos oportunidades en la vía pública sin poder justificar su presencia y en los seis casos el juez les ordenó como medida sustitutiva de la prisión preventiva el  arresto domiciliario hasta el 12  de abril a uno de ellos, con controles sorpresivos periódicos por parte de personal policial en el domicilio de cada uno y sus inmediaciones.