Congreso Nacional: el diputado Ziliotto analiza la nueva Ley de Telecomunicaciones y se pregunta sobre la integración social o el negocio privado

La pretendida entrega del Espectro Radioeléctrico a grupos concentrados elimina el mandato legal de destinar esta herramienta estratégica a achicar la brecha digital y construir un verdadero federalismo comunicacional, opina el diputado Sergio Ziliotto. Y agrega: "Es el objetivo solapado que el Gobierno Nacional busca través del proyecto de la conocida Ley Corta de Telecomunicaciones, hoy en debate en la Cámara de Diputados. Si bien se la promociona como el marco legal de la convergencia comunicacional que permite a los operadores ofrecer el famoso cuádruple play: telefonía fija, comunicaciones móviles, internet fija y televisión por suscripción, no deben obviarse las asimetrías imperantes en el mercado, que directamente darán mayores oportunidades a los grandes". Sigue en ver más...

Y esa proyectada entrega de patrimonio público se vincula claramente con la ofensiva conocida días atrás en cuanto a la instalación de antenas por parte de grandes empresas destinadas al servicio de telefonía celular 4G que, indudablemente, potenciarían su negocio.

Surge entonces una duda más: cuentan ya con el compromiso del gobierno central para ser beneficiarios del uso de esas frecuencias 4G aunque el proyecto de ley aún esté en debate?

Antes de avanzar debemos saber que ese espectro -90 megas de frecuencias radioeléctricas valuadas en 800 millones de dólares- es patrimonio de todos los argentinos.

Y se encuentra reservado a través de la Ley 27.208 –de noviembre de 2015- para que el Estado “desarrolle una Red Gubernamental de servicios de telecomunicaciones”, con el ambicioso objetivo de “reducir la brecha digital geográfica en todo el país” a través “cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente” propiciando el “ingreso de nuevos actores social al mercado de la telefonía celular (Cooperativas, SAPEM)”, como lo expresa dicho texto legal.

Ya en el debate en la Cámara Alta el proyecto de ley perdió parte de su esencia mercantilista. La participación de los senadores Norma Durango y Daniel Lovera logró que un 20 % de esas frecuencias deba asignarse con exclusividad a operadores regionales otorgándoles a cooperativas y Pymes una participación del espectro radioeléctrico que hoy no tienen. Además, que se eliminara la obligación de los Estados provinciales, cooperativas y pymes de compartir compulsivamente su infraestructura propia (fibra óptica, antenas, dispositivos, columnas de servicios públicos) evitando ponerlas a disposición de los grandes operadores privados.

No obstante, el restante 80 % de las frecuencias quedan al servicio de los negocios privados. Las palabras del Ex Ministro Ibarra en la presentación de la Ley Corta en el Senado no dejan dudas de ello: “necesitamos ampliar al espectro. Por eso es que necesitamos disponibilizar ese espectro para licitar rápidamente y subir ese techo que hoy tienen las telefónicas para que tengan más espectro. En dos o tres meses estamos licitando esos 90 megas de espectro que disponibilizaríamos de manera nacional o regional”.

Ese sincericidio oficial no es más que un acta de defunción del rol social y estratégico que la ley actual tiene reservado para estas frecuencias 4G. Y quizá, la vía libre para el comienzo de esta avanzada privada, recién visibilizada en estos días.

Resulta necesario aclarar que los privados -para brindar más y mejores servicios- no necesitan más espectro, sí invertir más.

Por ello como integrante de la Comisión de Comunicaciones –ámbito de debate del proyecto- he planteado la inconveniencia de la entrega de un patrimonio nacional, que seguramente será destinada a ampliar servicios en los grandes centros urbanos que garanticen la mayor rentabilidad, en el marco de un lógico criterio mercantilista.

Por el contrario propongo respetar la legislación actual y permitir que los estados provinciales sean beneficiarios de dichas frecuencias, y así se cumpla el propósito de reducir la brecha digital y que el acceso a la tecnología sea en un marco de igualdad de oportunidades para todos los argentinos.

Y ese objetivo coincide claramente con el ambicioso proyecto estratégico del gobierno provincial de crear una empresa provincial de telecomunicaciones, que junto a cooperativas y pymes brinde multiplicidad de servicios y que desarrolle una red gubernamental de protección pública e integración social al servicio de todos los habitantes de La Pampa, más allá de donde vivan. Y a través de la empresa estatal AR-SAT y otros estados provinciales constituir una red federal. El texto final que el Congreso dé a esta ley expresará el éxito o el fracaso de nuestra postura.

Como se verá, el avance de los grandes operadores buscando mayor concentración económica tiene varios capítulos y estrategias variadas.

Cada actor social o político sabrá cuál es su lugar en este desafío. Construir la integración social o defender el negocio privado.

Diputado Nacional Sergio Ziliotto