Congreso Nacional: el diputado Ziliotto pidió la nulidad de artículos de la denominada Ley Corta sobre Telecomunicaciones

El diputado pampeano Sergio Ziliotto impugnó el articulado que pretende entregar a los operadores privados parte del Espectro Radioeléctrico propiedad del Estado, dejando así de lado el estratégico rol social y federal que tiene asignado ya que se encuentra reservado para el ingreso de nuevos actores sociales al mercado de la telefonía celular (Cooperativas, SAPEM). El pedido de nulidad se fundamenta en que su aprobación en el Senado de la Nación fue irregular, ya no alcanzó la mayoría especial que exige la normativa vigente para tomar tamaña decisión. Concretamente el legislador -mediante nota al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó- solicitó se devuelva la media sanción al Senado para que éste elimine de su texto el artículo 3°, conjuntamente con el artículo 13 y el Anexo II por su vinculación directa con el mismo. Sigue en ver más...

Llamativa e ilegalmente la Presidencia del Senado pasó por alto dicha exigencia legal, dando por aprobado el artículo 3º de la media sanción, a pesar de que no alcanzó los 2/3 de la totalidad de los miembros del cuerpo -48 votos afirmativos- exigidos por la Ley Nº 27.208 de Desarrollo Satelital para posibilitar una reforma en ese aspecto.

Esto se da en medio de un escenario de una creciente concentración económica en el ámbito de las comunicaciones, encabezada por la fusión entre Cablevisión y Telecom que beneficia al Grupo Clarín, cuya aprobación oficial ha sido impugnada por Telefónica de Argentina, filial local de su casa matriz española.

El citado artículo 3º pretende sustituir el artículo 11 de la Ley 27.208 y así eliminar el destino estratégico que se les asignó a dichas Bandas de Frecuencias en manos de la empresa pública AR-SAT. Su rol específico es constituir “un instrumento para el desarrollo de la industria nacional de las telecomunicaciones” con “cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente” a través de la “posibilidad de ingreso de nuevos actores social al mercado de la telefonía celular (Cooperativas, SAPEM)”.

Esta norma exige una mayoría agravada ante “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales (…) que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT”.

Ahora –y a través de la sustitución del citado artículo 11- se pretende aprobar un texto que faculta al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a disponer de esas bandas de frecuencia y asignarlas libremente, con sólo dos simples restricciones.

Por un lado, sólo un 20% de las mismas deberá asignarse para “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional” incorporando prestadores locales. Es necesario aclarar que se sigue excluyendo a Sociedades del Estado (SAPEM) y Cooperativas como Operadores de Red del Servicio de Telecomunicaciones, condición indispensable para que sean pasibles de una asignación del espectro radioeléctrico. Más aún, sólo las entidades solidarias pueden adquirir entidad de operadores virtuales, aunque dependiendo de los grandes operadores.

Por otro, deberá asignar a AR-SAT sólo las que ésta requiera “para el cumplimiento de sus fines”. Esto último resulta casi una burla, ya que desde la aprobación de la Ley 27.208, en noviembre de 2015, dicha empresa estatal ha mantenido ociosa e improductiva semejante infraestructura tecnológica, que debió ponerse al servicio de un fin social federal y estratégico. Se entiende, las autoridades nacionales estaban esperando un cambio en la legislación como el que proponen en esta ocasión. No es casualidad que el Ministro Ibarra, en la presentación del proyecto en el Senado, haya expresado que “la ley busca destrabar una cantidad de barreras regulatorias”. Obvió decir que esas barreras regulatorias fueron colocadas para frenar una gran concentración económica como la que hoy impera en el sector de las comunicaciones.

Ya el año pasado, y ante la manifiesta inacción oficial para cumplir con el mandato legal de federalizar la cobertura comunicacional, Ziliotto presentó un Proyecto de Ley que complementa la Ley 27.208. Pretende asignar espectro radioeléctrico a los Estados Provinciales para que a través de sus empresas públicas, aliadas a cooperativas y pymes, tengan las licencias de telecomunicaciones e infraestructura esenciales para cubrir la geografía nacional y así aportar regulación y competencia al mercado.