Legislatura Provincial: beneplácito de la diputada Mayoral por la sanción de las leyes "Brisa" y "Justina"

Alicia Susana Mayoral (PJ) diputada provincial y vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados de La Pampa, ingresó sendos beneplácitos por la sanción de las Leyes “Brisa” y “Justina”, aprobadas por unanimidad el último 4 de julio del corriente año en el Parlamento Nacional. Haciéndose eco del impacto humano y la trascendencia social que ha supuesto para nuestro país, el tratamiento de las citadas leyes, la diputada Mayoral resolvió manifestar su beneplácito respecto de las mismas, a través de dos resoluciones. Mayor información en ver más...

La "Ley Brisa" establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, para hijas e hijos de víctimas de femicidios en todo el país. Está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma). No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años. La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos". Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.

Lleva el nombre de "Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de cinco años, cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías.

Esta ley volvió a poner en el debate a la violencia de género, que ha dejado en los últimos años a más de 3.000 niñas y niños huérfanos.



Con respecto a la “Ley Justina”, a partir de las modificaciones a la Ley de Trasplante de Órganos (solo falta que el Poder Ejecutivo la reglamente), todos los mayores de 18 años pasaran a ser donantes, salvo que expresen lo contrario. Esta Ley fue trabajada en conjunto con el INCUCAI y está inspirado en el caso de Justina Lo Cane.

Hasta ahora, sólo se tomaban como donantes aquellas personas que hubieran manifestado expresamente su voluntad de donación (en caso de mayores de edad) o cuyos responsables legales quisieran donar sus órganos (en caso de menores de edad o personas tuteladas). Los objetivos de esta ley son no sólo aumentar la cantidad de donantes, sino también que el sistema de salud esté capacitado para responder y que esos órganos lleguen en tiempo y forma a quien los necesita.

La nueva ley regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en la Argentina. Prevé que los establecimientos de salud habilitados para hacer trasplantes cuenten con servicios destinados a la donación, que permitirán detectar, evaluar y tratar al donante. Hay unas 10.500 personas en la Argentina que esperan por un trasplante, se destacó durante el debate. Y sólo donan hasta ahora, 13 personas por cada millón de habitantes.

Esto habilita la figura del "donante presunto", ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza "la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos". En el caso de los menores de edad, se posibilita la obtención de una autorización para la ablación por parte de ambos progenitores, o por aquel que se encuentre presente o del representante legal. Además, se prevé la donación cruzada para trasplantes renales entre parejas de donantes compatibles pero no relacionadas familiarmente sin necesidad de intervención judicial.

La ley propone que tanto los hospitales públicos y como las instituciones de salud privadas deberán contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento de los pacientes. Se creerá el Servicio de Procuración que deberá contar con al menos un medico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación.

Ambos Proyectos de Resolución fueron acompañados por el Diputado Jorge Lezcano y las legisladoras Claudia Godoy y Carina Pereyra.