Congreso Nacional: el diputado Ziliotto votará a favor de la despenalización del aborto

Así lo expresó el diputado nacional Sergio Ziliotto a través de un extenso comunicado de prensa en donde esgrime su posición al respecto y adelanta cómo será su voto en el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados de la Nación.

Luego de escuchar y leer todas las posturas y de haber analizado la legalización del aborto desde distintos enfoques, me resulta inaceptable caer en el facilismo de optar entre la vida y la muerte. Afirmarlo es por lo menos inconsistente e imprudente,  no existe certidumbre científica ni legal que lo respalde.

Por el contrario, es imprescindible abordarlo como el grave problema social que representa y darle una respuesta urgente desde la salud pública y resolverlo con una presencia activa del Estado que termine con el escenario actual de desigualdad social.

Consecuente con ello, acompañaré con mi voto el Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. El aborto existe y ya se ha cobrado muchas vidas. La actual legislación no lo ha resuelto, su perfil punitivo, por el contrario, ha profundizado su clandestinidad.  

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En el  fundamento de mis decisiones abordaré exclusivamente mis razones, ya que no entraré en el facilismo de atacar las razones ajenas para justificar las mías, menos aún descalificar a quien no comparte mi decisión.

Rechazo fuertemente el clima de beligerancia instalado durante el debate, que estoy seguro lamentablemente proseguirá post votación. Hemos padecido insultos, descalificaciones, amenazas y promesas de represalias segun tomemos una decisión contraria a tal o cual sector. Una vez más se ha puesto de manifiesto la intolerancia que habita en la sociedad argentina hacia el que comete el error de pensar diferente.

Ingresando en ellas resulta pertinente analizar cuándo comienza la vida. Su inicio es uno de los interrogantes más complejos sobre los que aún no existe consenso en ningún campo y disciplina.

En el ámbito de la ciencia existen diferentes posiciones. Desde quienes consideran que la persona comienza con la fecundación -incluso posiciones más extremas consideran que las células madre embrionarias, por su capacidad de diferenciación, también son personas- hasta aquellos que la ubican en el nacimiento con vida.

Tampoco la normativa vigente lo define fehacientemente desde lo jurídico. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa”, y coincidió con tribunales internacionales y nacionales en el sentido de que “no existe una definición consensuada sobre el inicio de la vida”.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño explicita que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad” sin establecer irrefutablemente en qué momento comienza dicha protección de derechos.

Asimismo, si bien la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 4.1 que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción” urge tener en cuenta la sentencia de su máximo organismo de interpretación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tampoco es lapidario el nuevo Código Civil y Comercial; si nos remitimos a su artículo 19, el mismo texto sostiene que el comienzo de la existencia de la persona y el comienzo de la vida son conceptos sustancialmente diferentes.

Esta falta de certidumbre científica y legal para determinar a partir de cuándo comienza la vida invalida la similitud entre aborto y asesinato.

Su afirmación resulta por lo menos inconsistente e imprudente. Si tenemos en cuenta la importancia de los valores y creencias en la construccion de las decisiones y conductas de los seres humanos, sabemos que  invariablemente la discusion seguirá ocupando espacio en la filosofía, la religión, la ética y la biología.

Ante ello resulta imprescindible observar el contexto mundial y sus regulaciones.

En la actualidad, los países más desarrollados han habilitado el aborto legal mientras que la penalización es una regla que se repite en los denominados periféricos, donde la ciudadanía femenina aún es de baja intensidad.

En tal sentido, no puede pasar desapercibida la decisión de países desarrollados que han despenalizado el aborto y que en base a sus experiencias y aprendizajes perfeccionaron sus marcos normativos y han determinado la semana catorce de gestación como límite para su realización. Sus conclusiones aseguran que las complicaciones por aborto son muy bajas en el primer trimestre y luego aumentan en el segundo trimestre. De allí que la mayoría de las legislaciones lo permiten antes de las 14, 13 o 12 semanas.

Sin dejar de reconocer la importancia de los análisis anteriores,  analizando nuestro contexto social nos lleva a reconocer una realidad tan incontrastable que nos obliga a otorgarle preeminencia a las razones que justifican esta decisión: el aborto existe.

Peor aún, todos sabemos que existe en la clandestinidad. Y esa clandestinidad atraviesa la desigualdad social. Esa misma desigualdad que hoy genera ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda en relación al acceso al mismo.

Esta circunstancia determina que, incursionan en un delito tanto mujeres de clase media y alta como aquellas en estado de vulnerabilidad social. Tanto las que acceden a abortos en condiciones inmejorables de asepsia y a cargo de profesionales médicos, como para quienes se someten a métodos caseros en manos inexpertas, una conjunción de riesgo de salud y de muerte.

Ello ha derivado en un grave problema de salud pública, ya que un número importante de muertes maternas se produce por las complicaciones de abortos inseguros. No podemos obviar el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el cual en el mundo “cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de 47.000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones”.  Yendo a nuestro país, el propio Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein reconoció que las muertes por abortos clandestinos representan un 17 por ciento dentro de las muertes maternas.

No es casualidad el contraste de la situación con otros países donde se han impulsado políticas sanitarias que respetan los derechos sexuales y reproductivos y que incluyen la legalización del aborto.

En Argentina hay 6 muertes maternas cada cien mil nacimientos por consecuencia de abortos clandestinos, mientras que en Holanda y Canadá, los datos estadísticos muestran que se practican 0,53 y 1,20 abortos por cada 100 mujeres en edad reproductiva, respectivamente.

Presidente, a modo de conclusión quiero expresar que la única cuestión valedera es la relacionada con la vida real, que debe resolverse con políticas públicas.

En primer lugar, con un programa de educación sexual que sea Política de Estado, como lo reclaman miles de mujeres y así lo exigimos en este proyecto de ley, la ocurrencia de abortos se reducirá considerablemente.

Dotando a las mujeres de una alternativa legal. Si este proyecto es aprobado el aborto sólo será una opción. Nadie obligará a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. 

Por el contrario, si nada hacemos y continúa siendo castigado por el Código Penal, seguiremos condenando a miles de mujeres pobres a la muerte sólo por no tener dinero para pagar por una buena clínica clandestina o comprar un medicamento abortivo, o sea consolidando el escenario actual de desigualdad y condena social.