Universidad de La Pampa: el Consejo de Decanos de Derecho rechaza la reforma judicial propuesta por la Corte Suprema

El Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, que preside ad tempore el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa, y del que participa su vice Francisco Marull, emitió un documento sobre su posición en torno a la reforma judicial planteada por la Corte Suprema de Justicia que fue difundido el lunes 5 de marzo último por su titular Ricardo Lorenzetti durante el discurso de apertura del año judicial. El escrito de los decanos se manifestó a favor de la defensa del sistema universitario y en contra de los manejos corporativos.

Uno de los puntos más conflictivos es la pretensión de que se instrumenten exámenes de aptitud profesional por parte de otras instancias para las y los abogados lo que les restaría carácter habilitante a los títulos expedidos por las instituciones universitarias.

Los decanos de todo el país aseveraron que comparten el trazo grueso de la propuesta, llamada "Lineamientos de una política de estado para la transformación de los poderes judiciales, la abogacía y la educación legal". Pero resaltaron que recibieron el proyecto con “sorpresa” y “malestar” por la omisión de un llamado a la “participación mayoritaria de los interesados”.

Además, según el documento oficial, el Consejo rechazó “cualquier injerencia o avance del Poder Judicial en temas relativos a la formación y capacitación de abogados sin la debida convocatoria y participación real de las universidades”. "La legitimación exclusiva de las Facultades de Derecho en la materia deriva de la propia ley de Educación Superior Nº 24.521 (texto modificado por Ley 27.204) sancionada por el Congreso de la Nación", completaron.

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El Consejo en pleno dejó en claro su “total disconformidad” y “rechazo” a cualquier injerencia o avance del Poder Judicial en temas relativos a la formación y capacitación de abogados “sin la debida convocatoria y participación real de las universidades”.

Los decanos recordaron que ni el Poder Judicial nacional o provincial ni el ministerio de Justicia federal o provinciales pueden “definir políticas referidas a la enseñanza del derecho y a la formación científica y profesional de los abogados, como así también para instrumentar exámenes de aptitud profesional que resten carácter habilitante a los títulos expedidos por las instituciones universitarias”.