Tribunales Santarroseños: el fiscal pidió prisión efectiva para diez ex policías acusados de sedición y planteó la absolución para otros dos

El fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho, solicitó este martes que 10 policías y expolicías sean condenados entre tres y cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por considerar que fueron autores del delito de sedición, cuando el 11 de diciembre de 2013, a la noche, tomaron “en forma violenta y hostil” la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial y la Dirección de Comunicaciones para “arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial” una serie de reclamos que habían solicitado por escrito en un petitorio entregado en Casa de Gobierno. El defensor oficial, Martín García Ongaro, en cambio, solicitó que todos ellos sean absueltos. El fallo del Tribunal de Audiencia, conformado por los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín, se conocerá el próximo martes a las 12.30.

Sancho, para requerir las penas, tuvo en cuenta los distintos niveles de responsabilidad. Afirmó que “las caras visibles (de los reclamos) fueron, por voluntad propia o por elección de los demás”, Carlos Aníbal Mendibe, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López y Carlos Daniel Gatica. Y consideró como un agravante la condición de policías.

También indicó que, de acuerdo a un informe oficial de la Jefatura, al momento de los hechos, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros y Luis Rodrigo Wiggenhauser estaban retirados de la fuerza, más allá de mantener la condicional policial.

Así, para Mendibe, Bruno y Giménez solicitó 4 años y 8 meses de prisión; para Rolhaiser 3 años y 8 meses; para Diego López y Gatica 3 años y 6 meses; y para Cisneros, Furriol, Daniel López y Wiggenhauser 3 años. En todos los casos requirió que las penas sean de cumplimiento efectivo, más el agregado de inhabilitación por el doble del tiempo.

Con respecto a los otros cuatro imputados, dos no fueron acusados porque no se presentaron al juicio (Pablo Orlando Montes y Jeremías Martín Salvatierra, éste último fue hallado la semana pasada en San Luis), y a los dos restantes (Roberto Germán Mora Bartolomé y Silvio Norberto Rojas) directamente pidió que sean absueltos por entender que no tuvieron intervención en la protesta. Sobre el testigo Hugo Alberto Echeveste adelantó que se lo investigará una causa por falso testimonio.

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Sancho describió lo ocurrido como “un hecho gravísimo” y agregó que “nunca había sucedido un hecho de esta magnitud” en Santa Rosa. Destacó: “Que el paso del tiempo no minimice lo que sucedió, porque en definitiva (los imputados) no robaron nada ni mataron a nadie, pero lo que pasó fue de extrema gravedad”.

El juicio oral y público tuvo 71 testigos y se extendió por más de dos semanas. Al final, a cada uno de los imputados se les concedió la última palabra. Todos se declararon inocentes. Rolhaiser dijo “no hice nada”; Giménez, “si cabe una acusación, ya hemos sido acusados por la opinión pública”; Gatica, “fue un reclamo justo); Mendibe, “la mayoría de nosotros dejó todo en la policía… que Dios nos ayude”; y Furriol, “no soy una persona antidemocrática, juré decir la verdad y la dije”.

Antes de los alegatos, hubo una controversia sobre la exhibición de un video y unos audios. Los defensores se opusieron, pero el tribunal permitió –como quería la fiscalía– que se vieran y escucharan. Los audios mostraron que cuando sonaba el 101 automáticamente se cortaban los llamados, y el video a Bruno efectuando declaraciones periodísticas.


La fiscalía.

Sancho dijo al comienzo de su alegato que “no es cuestión de criminalizar la protesta ni los reclamos sociales”, en alusión a la movilización a la plaza San Martín y la marcha a Casa de Gobierno, como actos previos a la toma de la Jefatura, pero añadió que “tampoco es posible avalar delitos bajo el paraguas de la protesta social”.

Reiteró que los manifestantes tomaron en forma “violenta y hostil” la Jefatura, el Cecom y que “algunos” fueron a la Dirección de Comunicación. “Se trató de un levantamiento colectivo que se insubordinó a la cadena de mandos para arrancarle concesiones al Poder Ejecutivo. Al menos un aumento salarial, y digo al menos porque el petitorio tenía doce puntos, entre ellos el reemplazo del jefe y subjefe de la fuerza”.

“Las ocupaciones del Cecom y de la Dirección de Comunicaciones fueron organizadas porque era algo central para ejercer presión sobre el Ejecutivo. Nada fue espontáneo”, expresó; remarcando que el episodio más grave fue “la toma del Cecom porque no se atendieron llamadas hasta los primeros minutos del día 13, cuando consiguieron la mejora salarial”.

“El 101 dejó de funcionar, lo dijeron todos los operadores del organismo. El propio ex gobernador (Oscar Mario) Jorge lo supo a través del jefe de la Policía (Ricardo) Baudaux, y el propio Jorge contó que llamó a la línea de emergencia y no lo atendieron”, manifestó Sancho. “No hubo fallas técnicas. Lo que ocurrió fue que llamaban y no se atendía porque el organismo había sido copado”.

Al hablar específicamente del hecho, el fiscal resaltó el testimonio del operador Cristian Piermattei, quien manifestó que “no podía creer lo que estaba viendo” y que “había gente con armas”.

“(Francisco) Icuza (subjefe del organismo) reconoció a Diego López como uno de los policías que ingresaron violentamente al Cecom. Fueron más de 40 personas que tomaron el control del 101 y ordenaron que los teléfonos dejaran de atenderse. Antes ya había visto en el lugar a Rolhaiser, Mendibe y Bruno” agregó.

También enfatizó que el comisario Eloy Rodríguez, que la noche del 11 estaba a cargo de la custodia de Jefatura, identificó a Mendible, Bruno, Daniel López, Gatica, Rolhaiser y Giménez como algunos de los manifestantes que habían ingresado al edificio.

Más adelante, Sancho recordó que el policía Ricardo Daniel Andalor declaró “con naturalidad” que habían relevado a los operadores del Cecom y que él atendió los teléfonos. “Fue uno de los que participó activamente. Lo reconoció. Si no está entre los imputados fue porque en su momento no pudo ser identificado”, señaló.


Audios y video.

En los audios objetados por los defensores se oyeron cuatro llamadas al 101, a la madrugada, que fueron cortados. Solo uno fue atendido porque la persona que lo hizo conocía el número del que llamaban. “Acá adentro somos como 50 y no atendemos los llamados. A los jefes los sacaron de las pestañas…”, comento. “Esta era la situación objetiva que se vivía en el Cecom la madrugada del día 12”, graficó Sancho.

El fiscal afirmó que con la protesta “se dejó desprotegida a la sociedad” y que “en esas condiciones se llevaron adelante las negociaciones” que concluyeron la mejora salarial. “Nada fue pacífico, todo fue violento”, aseveró.

“En ese contexto de violencia fueron las negociaciones con el gobierno. Diciendo ‘apúrense porque empiezan los saqueos’. El propio ex gobernador Jorge afirmó que fue extorsionado. Bajo esos condicionamientos terminó firmando el aumento salarial, sabiendo que no estaba garantizada la seguridad de la ciudadanía –indicó Sancho–. Y si en Santa Rosa no pasaron cosas mayores fue porque no tenían que pasar. Si alguien iba y reventaba una vidriera en el centro, no hubiera quedado un negocio sin ser saqueado”.

Más adelante, la fiscalía recordó que Baudaux y el subjefe Diego Martínez expresaron que la desprotección “fue total porque se había roto la cadena de mandos”, añadiendo que ello lo ratificaron otros testigos. “El comisario (Temístocles) Torreani confirmó que la Seccional Primera fue tomada y los jefes de la Segunda reconocieron que no se pudo brindarse seguridad”.

“De los registros de libros de guardia de las comisarías surgió que no se asentaron novedades desde las primeras horas del día 12 y que recién se retomaron al 13. En la Sexta directamente no hubo registros el 12. ¿Eso es una situación normal?”, se preguntó Sancho.

Además recordó que Jorge declaró en el debate que debió pedir la llegada de 700 efectivos de fuerzas de seguridad nacionales porque no estaban dadas las condiciones para brindarle seguridad a la población. “Un testigo (Oscar Félix Garrido) habló de pic-nic. ¿O sea que para controlar un pic-nic fue necesario que vinieran 700 efectivos”, dijo el fiscal.

Al exhibirse el video pudo oírse a Bruno decir que “lo único que pido es que traigan a Gendarmería para que cumplan la función que nosotros no cumplimos”. “Reconoció que la policía no brindaba seguridad y que la sociedad estaba absolutamente desprotegida”, señaló Sancho.

Por último,al justificar que se cometió el delito de sedición, el fiscal dijo –entre otras cosas– que “se entiende por alzarse en armas simplemente tener la disponibilidad de ellas, la posibilidad efectiva de usarlas y, en este caso, todos eran policías, o sea que tenían las armas”.


La defensa.

A su turno, el defensor oficial García Ongaro alegó por la absolución de los policías y ex policías. Sostuvo que existió “un defecto grave en la acusación” fiscal, ya que “no basta la sospecha” para hablar de sedición “sino que debe probarse la puesta en riesgo del orden constitucional”. Y agregó: “No existió una afectación del bien jurídico”.

Destacó que ni siquiera la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició trámites disciplinarios hacia los imputados. “Hubo recorridas en las calles, coberturas de seguridad –incluso en comercios–, no hubo sanciones, la actividad del servicio judicial fue normal… Todo eso lo dijeron los propios jefes de las seccionales y otros testigos. Y hasta el fiscal admitió que hubo coberturas mínimas”.

“Además la fiscalía no determinó la acción, y cualquier persona tiene derecho a saber de qué hechos se los acusa, algo que no ocurrió. Porque la fiscalía primero buscó a los culpables y después vio cuál podía ser el delito”, añadió García Ongaro.

El defensor negó que hubiera existido violencia (“así lo demostraron las imágenes registradas dentro y fuera de Jefatura”), indicó que “no alcanza con la sola disposición de un arma para hablar de alzamiento en armas” y que las fuerzas nacionales llegaron a la ciudad solo lo hicieron “para reforzar la seguridad”.

Subrayó que “lo más grave es que no hubo una determinación de la autoría, no hubo un detalle sobre la presunta participación criminal de cada uno” de los acusados. “Tampoco la fiscalía dejó en claro cómo participó cada uno como interlocutor (en las negociaciones con el gobierno) ni cómo participó del alzamiento en armas. Porque también otros policías actuaron de intermediarios (el actual subjefe Héctor Osvaldo Lara, Susana Rosane y Oscar Félix Garrido) y dos de ellos ni siquiera fueron imputados”.

Finalmente, la defensa hizo hincapié en que “la protesta careció de cabecillas, no hubo una voz cantante; y eso lo dijeron Lara e innumerables testigos”.

El defensor particular de Rojas, Boris Vlasich, no alegó por la falta de acusación contra él, quien había llegado al juicio imputado por la sedición y daños y coacción por una carga de combustible en Vialidad Provincial. Por ello solo quedó imputado el prófugo Montes.