Tribunales Santarroseños: cuatro testigos pasaron por la séptima jornada del juicio por sedición contra ex policías pampeanos

Cuatro testigos, de los 14 previstos, fueron los que declararon este lunes en la séptima jornada del juicio oral y público, que se realiza en la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, contra 14 policías y ex policías acusados de sedición, un delito penado con entre uno a seis años de prisión. Los imputados están acusados de tomar de manera “violenta y hostil”, la noche del 11 de diciembre de 2013, la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones. Según la acusación fiscal, el objetivo de la protesta era “arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial” varios reclamos que habían solicitado en forma escrita en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. Mayor información en ver más...

Hoy no estuvieron presentes Giménez ni Mora Bartolomé, pero sí asistió Diego López, quien la semana pasada había faltado tres días consecutivos. En todos los casos el defensor oficial Martín García Ongaro –que representa a todos ellos, a excepción de Rojas, junto a su par Paula Arrigone– explicó que se trató de motivos impostergables.

Rojas, quien con Montes también están imputados de daño y coacción, por un hecho contemporáneo ocurrido en el playón de expendio de combustibles en Vialidad Provincial, es defendido por el abogado particular Boris Vlasich.

Los jueces a cargo del proceso Carlos Besi, como presidente del tribunal, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín. De todos los imputados, Montes y Salvatierra no concurrieron desde el primer día y por eso fueron declarados en rebeldía y rigen sobre ellos pedidos de detenciones.


Testigos.

Los cuatro testigos de hoy fueron policías. El primero, Pablo Suárez, en aquel momento trabaja en el área de Judiciales y estaba de licencia. El marchó con su familia a la plaza San Martín, a la Casa de Gobierno, a la Jefatura y a Comunicaciones. “En Jefatura estuvimos un ratito y de ahí fuimos a Comunicaciones –indicó–. Allí preguntamos si nos podíamos quedar. (El jefe Pedro) Vigne nos dijo que estuviéramos tranquilos. Que él estaba de acuerdo con lo que pedíamos, pero no con las formas. ¿Cuáles eran las formas? El acuartelamiento”.

Suárez señaló que “ni en Comunicaciones ni en Jefatura, que estaba llena, nos dijeron que nos fuéramos” y negó que durante la protesta alguna persona en especial hubiera dado órdenes.

– ¿Qué hizo en Comunicaciones?

– Nada, tomé mates. El personal trabajó tranquilo y los turnos se cumplieron.

Ante una pregunta de la defensa, calificó a los acusados de “muy buenas personas” y de “excelentes” en el plano profesional.

Pedro Schumeister cumplía tareas en el Cecom, pero en esos días estuvo de licencia. El también marchó. Al igual que el testigo anterior afirmó que la protesta fue pacífica, que no hubo amenazas ni violencia y que tampoco vio que se exhibieran armas de fuego.

Los policías retirados Hugo Rubén Vázquez y Víctor Hugo Ochoa no dijeron mucho. Simplemente que respaldaron la protesta y que no fueron convocados por nadie en especial. El último dijo que no recordaba, durante su paso por la fuerza, “un reclamó así, un acuartelamiento”.

Si bien para estaban citados 14 testigos, García Ongaro, al comienzo de la audiencia, desistió de cinco y otros cinco no concurrieron al Centro Judicial. Hasta hora han testificado 56 personas. El juicio continuará mañana, el miércoles, el jueves y el viernes y el martes 27 se escucharán los alegatos. Para estos últimos cuatros días están citados otros 56 testigos. Pero hoy Vlascih adelantó que desistiría de dos que estaban convocados para el viernes.

El delito de sedición prevé penas de uno a seis años de prisión y se aplica a quienes, “sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”.