La Pampa: la diputada Mayoral mostró su desacuerdo y preocupación por algunas medidas tomadas por el Gobierno Nacional

Mediante sendos proyectos de Resolución, la Vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados de La Pampa, Alicia Mayoral (PJ), manifestó su postura respecto a medidas implementadas desde algunas áreas del gobierno dependientes del ejecutivo nacional. En primer término, Mayoral manifestó su desacuerdo con el recorte presupuestario de más de 400 millones de pesos para el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación; y que son destinados mayormente a las acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana en desastres, incluidas dentro del referido sistema. También manifestó su preocupación por la situación sanitaria de La Pampa y el país, tras el despido de 130 trabajadores pertenecientes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Sigue en ver más...

La diputada justicialista expuso: “En comparación con el año anterior, para 2018 se ha presupuestado un 25% menos, pasando de $ 1.467 (de los cuales fueron ejecutados $ 990 millones) en 2017, a $ 1.094 millones durante el corriente año. Esta medida del gobierno nacional afecta directamente la puesta en marcha de planes de mitigación de fuegos, reconstrucción y capacidad de respuesta ante los incendios en todo el país, no sólo en nuestra provincia”. A lo cual agregó: “Lamentablemente los pampeanos estamos lejos de poder evitar estos siniestros, que afectan gravemente la economía, fauna y flora regional. Un recorte presupuestario como el citado, repercute negativamente en la capacidad de ayuda por parte del Estado Nacional a La Pampa. Quienes representamos al pueblo e intereses de nuestra provincia, no podemos menos que estar en desacuerdo, además de preocupados, dada la trascendencia de sus consecuencias ante esta lamentable medida gubernamental”.

En segundo lugar, la legisladora Mayoral manifestó su preocupación por la situación sanitaria de La Pampa y el país, tras el despido de 130 trabajadores pertenecientes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

A fines del año pasado, el Gobierno Nacional despidió a 130 trabajadores del SENASA, eliminando controles y tercerizando a otros de empresas privadas; dentro de un plan de reestructuración que, al debilitar los controles establecidos, podría llegar a acarrear graves consecuencias en materia de seguridad alimentaria en todo el país.

En la primera quincena de enero, los trabajadores del SENASA en provincia de Buenos Aires se manifestaron en contra de los despidos de sus compañeros, exigiendo la reincorporación de los 130 “sin causa ni notificación”. La delegada gremial de ATE en el organismo, Carina Maloberti señaló: “Presentamos una denuncia a organismos internacionales, porque hay riesgo sanitario y riesgo de los mercados internacionales. Se eliminaron algunos controles y se tercerizaron otros al sector privado o a las provincias sin los correspondientes fondos. Se trata de controles extremadamente sensibles para la defensa de la seguridad alimentaria en el país”.

La presentación fue realizada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), órgano conformado por 35 Estados, cuyo objetivo consiste en coordinar sus políticas económicas y sociales. En dicha presentación se alertó que la reestructuración del SENASA “avanza sin la urgente y necesaria conformación de una mesa de trabajo pública y privada, transparente, interministerial e intersectorial, integrada por profesionales y técnicos especializados del organismo, junto con la participación y debate entre consumidores, productores, legisladores y sociedad civil involucrada”.

SENASA, hoy bajo la presidencia de Ricardo Negri, es la autoridad de aplicación en materia de control y fiscalización de la sanidad animal y vegetal, la inocuidad y calidad agroalimentaria. Cuenta con 14 centros regionales y 362 oficinas locales distribuidas por todo el país, incluida La Pampa.

Vale recordar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación a cargo del ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, lanzó el Decreto 27/18 a través del cual se derogan 15 leyes con el fin de “desburocratizar” el SENASA. Esto forma parte de la reestructuración que cuestionan los trabajadores y que junto a los despidos de 130 puestos de trabajo, ponen en riesgo los controles sanitarios.

Ambas resoluciones, autoría de la Diputada Alicia Mayoral (PJ) serán remitidas al Poder Ejecutivo Provincial y a los legisladores nacionales por La Pampa en ambas Cámaras del Parlamento Argentino.