La Pampa: “La gente debe aprender a resolver conflictos hablando”, dijo la directora de Mediación

La mediación es un herramienta muy válida para resolver conflictos. De hecho, de las mediaciones efectivamente realizadas el año pasado llegaron en alguna circunscripción judicial hasta el 88 por ciento de acuerdos”, señaló María del Carmen García Fava, directora de la Oficina de Mediación Judicial. La ley de mediación judicial obligatoria está vigente en La Pampa desde el 1 de septiembre de 2014. Se trata de un método no adversarial para resolver conflictos en determinados ámbitos, que apunta a acuerdos rápidos y eficaces en términos de tiempo y dinero, que no utiliza el papel y que rige en las cuatro circunscripciones judiciales, con sedes en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica con altos índices de soluciones de común acuerdo y bajos de incomparecencias. La norma alcanza a cuestiones mediables que no tengan que ver con el orden público (amparos, sucesiones, medidas cautelares, etc.). Por ejemplo en lo referido a vínculos familiares (horarios de visita y alimentos a hijos), en temáticas civiles, cumplimientos de contratos, medianeras y daños y perjuicios. Para ello, en La Pampa, trabajan unos 50 mediadores entre abogados de la matrícula y personal del Poder Judicial.

“Es una herramienta tan válida que, a partir de un convenio interprovincial que contiene el concepto ‘neutralidad tecnológica’, hemos resuelto muchos conflictos vía teleconferencias, Skype, mails, celulares, WhatsApp, teléfonos de línea y hasta señales de humo…”, exageró García Fava para dar una idea de que todas las alternativas son posibles para alcanzar soluciones mancomunadamente.

Los responsables de las oficinas de uno y otro lado del conflicto ponen todos sus recursos a disposición de las partes para intentar el diálogo más allá de las distancias. De hecho, ya se hicieron 65 mediaciones a distancia –con casi todas las provincias– y además varias de ellas están ampliando el abanico a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

“De febrero a diciembre del año pasado ingresaron 2.200 causas en toda la provincia y, a febrero de este año solo 200 permanecían activas; es decir en trámite". En las restantes se obtuvo una respuesta –indicó García Fava–. Ello significa que el trámite finalizó, sea por acuerdo, sin acuerdo, porque las partes no comparecieron o porque fue imposible localizarlas; pero las oficinas se pusieron a disposición de las partes para la búsqueda de una solución independientemente del resultado. Eso tiene que ver con uno de los elementos principales del servicio de mediación que es la rapidez y la eficiencia. El propio procedimiento es rápido porque a los 10 días hay que citar a la primera audiencia y luego la ley prevé otros 60 días para llegar a una solución antes de avanzar con la causa o llegar a juicio”.

Al referirse a los índices de efectividad, la funcionaria enfatizó que “son muy buenos. El valor real de las cifras es cuando se miden en función de las causas efectivamente mediadas, porque si alguien no se presenta es imposible saber si se hubiera podido llegar a una solución favorable. El año pasado en Santa Rosa las causas efectivamente mediadas llegaron al 55 por ciento, en General Acha al 66, en General Pico al 68 y en Victorica al 88. O sea, si cada 100 casos hay entre 55 y 88 que se resuelven favorablemente cuando las partes se presentaron a las audiencias, quiere decir que el sistema es eficiente”.

“Ahora empezaremos a llamar a grupo de personas para medir el sostenimiento de los acuerdos en el tiempo –acotó–. Es decir, si un padre continuó pagando en tiempo y forma la manutención de un hijo; si alguien que se comprometió a reparar un daño en cuotas las está pagando… Ahí tendremos otro dato fundamental para medir la eficacia del sistema. A nivel nacional las causas que vuelven para atrás rondan entre el uno y el tres por ciento”.

“A su vez, como contrapartida, los índices de incomparecencia en La Pampa son muy bajos, ya que oscilan entre el 18 por ciento de General Pico y el 22 de Santa Rosa, cuando en otras provincias ronda el 40 o el 50 por ciento –dijo García Fava–. Algo que hacemos, y ayuda mucho a eso, es llamar telefónicamente a las personas, más allá de la notificación formal. Incluso les ofrecemos todas las alternativas que tenemos a nuestro alcance. Si no pueden venir a la mañana, que lo hagan a la tarde u otro día. Frente a ello, la respuesta de la gente es muy buena porque ve que realmente se presta un servicio en función de ella. Ve que el Estado usa la tecnología pensando en la comunidad y que busca que el acceso a la justicia sea amplio y que nadie quede afuera, con independencia de su situación social y económica”.

Por último, la directora de la Oficina de Mediación Judicial destacó que “la rapidez del sistema provoca la baja de costos, porque ir a audiencia o hacerla por videoconferencia, significa no viajar. Además la mediación, en general, se resuelve sin pericias y sin testigos, lo que también contribuye a ello. Y lo fundamental es que la gente, de esta manera, aprende a resolver sus conflictos hablando. Así te lo hacen saber cuando dicen: ‘no quiero ir al juicio, quiero hablar’”.