Santa Rosa: impulsan la creación de juzgados de violencia de género

La jueza de la Cámara de la Sala III en lo Civil y Comercial Federal y vocal titular de la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina, Graciela Medina, afirmó que se está trabajando en “una ley modelo” para que en todo el país se abran “juzgados de violencia de género que abarquen las competencias civil y penal”, y añadió que esta iniciativa es compartida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Medina fue la primera disertante de la “Jornada sobre valoración y cuantificación del daño a la mujer víctima de violencia de género”, que organizan el Superior Tribunal de Justicia y la AMJA a través del Centro de Capacitación Judicial. Este viernes a la tarde la actividad concluirá con la conferencia que brindará José Mendelewicz, prosecretario del Centro de Datos Informatizados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Medina, una de las impulsoras de la creación de las Oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, expresó que la idea de crear tribunales de violencia de género apunta a que las víctimas no deban andar recorriendo distintos organismos para formular sus reclamos, aunque reconoció que “más allá del anhelo, es difícil implementarla”. Santiago del Estero y Salta son las dos provincias pioneras en este tema. Mayor información en ver más...

La especialista habló el jueves, en el Centro Judicial de Santa Rosa, ante unos 80 asistentes, entre ellos tres ministros del STJ, Hugo Oscar Díaz, Elena Victoria Fresco y José Roberto Sappa.
Medina detalló que aunque “existe un incremento exponencial de las denuncias de violencia doméstica y violencia de género”, ello no se refleja en la cantidad de demandas de resarcimientos por daños que promueven las mujeres damnificadas.

“¿Cuáles son las causales de la falta de reclamos indemnizatorios? –se preguntó–. Una, la propia estructura de este tipo de violencia, que provoca en las denunciantes grandes miedos. Si de por sí existe miedo en denunciar, ni qué decir de hablar de daños”. También enumeró como factores negativos los plazos cortos de la prescripción, la aparición tardía de los daños y el desconocimiento de los legitimados a quién o quiénes reclamar.

En otro tramo de la charla, la disertante identificó a los responsables que pueden ser demandados. Obviamente, en primer lugar ubicó al agresor, aunque agregó, en el caso de los menores, a padres y madres por incumplir sus deberes de vigilancia. Y mencionó a las madres que “toleran agresiones del padrastro a sus hijos sin decir nada”.

En un segundo plano situó a escuelas y hospitales, ya que “están obligados a denunciar y a sabiendas no denuncian, por lo que contribuyen por omisión al agravamiento de los daños”. También sumó a la Iglesia y al propio Poder Judicial, dando ejemplos de sentencias donde ambas instituciones fueron condenadas.

Medina se refirió, como caso emblemático, a un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul, que condenó a un padre –que había abusado de sus hijas, una sobrina y una amiga de ellas– a resarcir por daño moral a las víctimas y a su ex esposa. Esta última reclamó por el daño material derivado por la asistencia económica y manutención de sus hijos menores que debió afrontar sola, las privaciones económicas que debieron soportar y los traslados y mudanzas de domicilio que tuvieron que realizar obligadamente.

Destacó que los jueces marcaron un rumbo acercar de cómo cuantificar los daños al hablar de la “teoría de los placeres sustitutivos”, en alusión a que el dinero debía alcanzarle a las víctimas para adquirir bienes de confort y efectuar actividades placenteras. Y pidió que los resarcimientos no sean bajos porque “obligar a pagar 5.000 pesos por daño moral alcanza para comer cinco asados con amigos…”

Por último, Medina mencionó otras casos resonantes en esta materia como las demandas al Obispado de Quilmes por el abuso sexual de un sacerdote en perjuicio de un menor; a la cadena de helados Freddo porque solo requerías en sus avisos trabajadores varones; a las empresas de ómnibus de Salta porque no aceptaban mujeres choferes; y a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba haciendo lugar a la demanda de una prosecretaria contra un juez –ya fallecido– por severas prácticas de maltrato laboral, ya que la había obligado a permanecer encerrada en una cocina durante tres días. Lo más novedoso de ese fallo fue que algunos de los jueces analizaron esa conducta bajo la óptica de “trato discriminatorio con perspectiva de género”.