Río Atuel: ahora Mendoza propone un protocolo de usos futuros de las aguas

El Gobierno de la provincia de La Pampa recibió una propuesta de acuerdo por parte de la Sra. Vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Ing. Laura Montero, respecto del conflicto interprovincial del río Atuel, que nuestra Provincia ha judicializado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza Provincia de s/ Uso de Aguas”, Expte.: L 195 XVIII. Es de destacar que con esta comunicación oficial se evidencia que la provincia de Mendoza ha revertido su tesitura intransigente, sostenida a lo largo de las últimas décadas, que consistía en sostener su postura sin escuchar la posición pampeana; la que hoy aparece, es totalmente opuesto y se refleja en la apertura de un canal de diálogo y en el entendimiento de que la cuenca del Atuel es interprovincial, y ambas provincias deben regular el uso de sus aguas. Sigue en ver más...

En la propuesta, Mendoza se comprometería a realizar los proyectos ejecutivos y sus respectivas obras de impermeabilización de la red primaria de riego del río Atuel en su provincia, a fin de “asegurar el mayor caudal destinado a La Pampa”; ello, una vez concluidas las obras necesarias.

Consecuente con su cambio de postura, proponen un programa de obras a realizar que garantizarían el ingreso continuo de aguas al cauce del río Atuel en territorio Pampeano en el futuro.

Asimismo, pretenden acordar “constituir una comisión técnica coordinadora, integrada por dos representantes de cada jurisdicción, que será la encargada de realizar los informes mensuales del avance en la implementación del presente protocolo de entendimiento”.

Esta propuesta, enviada desde la provincia de Mendoza, está siendo analizada por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, y será remitida a los ministerios y oficinas del Estado que entiendan en la problemática de la cuenca interprovincial río Atuel para su estudio y consideración.

Especial atención merece para las autoridades provinciales el pedido de Mendoza consistente en la suspensión de los procesos legales en curso.