Santa Rosa: no hubo acuerdo en la reunión de Verna con referentes de la Empresa Camuzzi

El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, se reunió esta mañana con los referentes de la empresa Camuzzi, Hugo Cuadrelli, Rodrigo Espinosa y Juan José Mitgans, para abordar la situación referida al servicio de distribución de gas y mantenimiento de las redes que hoy es un tema de preocupación para el Estado pampeano, porque la empresa prestadora no llega a cumplir con la demanda de un importante grupo de viviendas construidas recientemente y en construcción, especialmente en Santa Rosa, General Pico y Toay, y para hacerlo espera inversiones en una obra nueva complementaria a la última realizada. La interpretación que hace el Gobierno de La Pampa es que Camuzzi pidió una obra en el año 2014, el Estado la construyó “y a nuestro criterio hubo un error de cálculo en el crecimiento vegetativo, lo que hace que hoy no puedan atender la demanda de los consorcios del 2015 ni las viviendas que estamos construyendo”, expresó Verna.

Camuzzi adujo que esto se debe a un atraso de la obra que postergó la posibilidad de conexiones y nuevos usuarios de redes existentes que están obligados a conectar y el atraso en la obra hizo que los lugares se ocupasen. “Hay una aceptación por parte de Horacio Giai, como ministro de Obras Públicas, que no se conectasen las viviendas de Santa Rosa, General Pico y Toay que se estaban construyendo, además de aceptarse la notificación que hizo Camuzzi en agosto de 2015, de que la obra que se había iniciado en junio no alcanzaba”, recordó Verna.

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Al respecto expresó que el Gobierno va a seguir impulsando la Ley de Ziliotto (diputado Nacional por La Pampa). “La ley de privatización del gas prevé que la prestación de los servicios lo hagan solamente empresas privadas. Nosotros intentamos modificar ese artículo para que también lo pueda prestar el Estado Provincial y las Cooperativas". Cuando se establezca el nuevo cuadro de reordenamiento tarifario, que debía haberse hecho en el año 2007, y de acuerdo a la expresión del ministro Aranguren, se comenzará a redactar este año y estará vigente en marzo de 2017. Allí estarán las obligaciones y los derechos que tiene la empresa. Si dentro de esas obligaciones incumple alguna, nosotros advertimos a Camuzzi que vamos a pedir rescindir el contrato, y nos vamos a ofrecer al Estado Nacional para hacernos cargo”. En este sentido, Camuzzi respondió que llegada esta medida, se procederá judicialmente.

La Provincia está decidida a hacerse cargo del servicio y de la distribución minorista en las comunidades a las Cooperativas. El gobernador señaló que cuando se empezó la obra en junio, “ya Camuzzi sabía que era insuficiente para la demanda actual. Mi observación a la empresa es por qué no avisó de tal manera que el Estado Provincial, el cual tenía un convenio para que los financie Nación, pudiese hacer una obra más grande. De última al Estado Provincial no le costaba más plata. Camuzzi avisó en agosto que la obra era insuficiente y ya estaba en ejecución. En el mes de noviembre volvió a determinar esto, hay una nota al ingeniero Giai, en la que determina cuales son los servicios que el Estado Provincial elige que se dejen de prestar, y eso es a lo que se atiene la empresa”.

Definió que si hubieran avisado antes de empezar la obra, “se hubiera licitado una obra o ampliación. La empresa hizo una nota al Ministerio de Obras Públicas diciendo quiénes se quedan sin gas. (Viviendas del FONAVI, 800 casas en Santa Rosa, 400 en General Pico, 160 en Toay y todos los que no pidieron las conexiones o consorcios nuevos del 2015”.

El mandatario pampeano recordó que en el año 2014 la Provincia pasó un pedido del IPAV para construir 5.000 viviendas, “de las cuales todavía no se conectó ninguna. Lo que la Provincia dijo que iba a dejar de hacer son 2.482 viviendas, que es la segunda etapa. Si hubieran hecho bien el cálculo vegetativo de la gente que iba a pedir conexiones, debieron tener previsto la obra que piden que hagamos ahora. La responsabilidad es de Camuzzi, se lo hicimos saber a ENERGAS por nota, mandando todos los antecedentes, lo que implica un incumplimiento de la prestación del servicio. El acuerdo es difícil”.

Aclaró, “yo no voté la ley de privatización del gas, era intendente de General Pico en ese momento. Y no formé parte del Gobierno cuando se adjudicó la red de gasoductos a Camuzzi. Siendo ministro de Obras Públicas, terminamos de construir el gasoducto Pigüé – Santa Rosa, en el primer gobierno de Marín, e hicimos el gasoducto Santa Rosa – General Pico”.

Cuando La Pampa cobró las regalías mal liquidadas, “construyó todo el resto de los gasoductos. El último ramal a Telén y Victorica, que fue construido en el último período”.

Camuzzi
Por su parte, los representantes de Camuzzi expresaron que la empresa no está incumpliendo en nada de lo que figura en el contrato de licencia. No han tenido inconvenientes en el pasado con las ampliaciones de las obras. “Hay un malentendido con la administración anterior, pero la idea es aclararlo. Porque la idea es que prestamos un servicio y vender gas. Esperamos que este año se empiecen a normalizar los contratos de concesión de todas las empresas distribuidoras del país, porque desde el año 1999 tenemos los contratos totalmente congelados”. Con la Provincia han formulado proyectos en forma conjunta, el proyecto lo construía la provincia, porque la licencia indica que las distribuidoras no pueden hacer obras de ampliación de las redes, sino operar y mantener las existentes.

Rodrigo Espinosa, señaló que “cualquier sistema del país trabaja con distintas variables, el volumen de gas, la presión y otras cuestiones. El marco regulatorio dice que las licenciatarias tiene la responsabilidad de garantizar el gas a los usuarios que hoy ya tienen el servicio". En ese marco, tomar las medidas que crea competentes para no poner en riesgo a los usuarios actuales. Las obras preventivas son los pedidos de las obras de refuerzo que se le pide a los nuevos usuarios que quieran ingresar al sistema”.
Los usuarios que hoy no cuentan con el servicio “y que tampoco se desarrollen las obras complementarias solicitadas, no pueden ingresar al sistema porque busca proteger a los usuarios que tienen el servicio”.

Lo que se habilitó como proyectos de extensiones, “son más de 400, los que estaban del 2012, 2013 y 2014, que son para 2.600 usuarios sobre redes nuevas. Los del año 2015 son los que habría que hacer otra obra para poderlos alimentar. Sobre la red existente, en ningún momento lo hemos cortado, si sigue el crecimiento. También están las casas del PROCREAR, 573 conexiones para esta etapa; y están para conectar más de 60, en diversas localidades del IPAV, salvo Santa Rosa y Toay que no da el cupo”.