Legislatura Provincial: los diputados solicitaron que se avance con un amparo ecológico contra Mendoza, San Juan, San Luis y la Nación por el río Desaguadero Salado Chadileuvú

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una solicitud al Poder Ejecutivo para que instruya al Fiscal de Estado de la Provincia para que éste promueva acción de amparo ecológico o ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis y se cite como tercero al estado nacional. Los legisladores en su sesión de este miércoles coincidieron en la necesidad de promover la acción de amparo, tras las fundamentaciones que realizaron los diputados Martín Berhongaray (Frepam) y Juan Pablo Morisoli (PJ). Asistieron a la sesión integrantes de la Fundación Chadileuvú. En primer lugar lo hizo el legislador radical Berhongaray quien indicó que “finalmente, hoy la Cámara de Diputados de La Pampa va a tomar una decisión muy esperada, pedirle al Poder Ejecutivo que instruya al Fiscal de Estado para que inicie un juicio por los daños sociales, económicos y ambientales derivados del manejo arbitrario, inconsulto, e ilegal del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú".

Lamento que se tomará esta decisión ya que es “un recurso hídrico que por sus características de interprovincialidad debiera ser administrado en forma compartida por todas las provincias condóminas, incluida La Pampa. Ese manejo conjunto es una exigencia legal, constitucional y aplicable en el ámbito internacional a los recursos que son transfronterizos, donde es impensable que un país, por ubicarse aguas arriba, pueda llegar a apropiarse de un río o afectar su escurrimiento en desmedro de los que están aguas abajo”.

“Pero eso en Argentina es moneda corriente –agregó-- sobran los ejemplos de jurisdicciones que realizan un aprovechamiento unilateral de recursos naturales que debieran compartir. Y el Estado Nacional y los organismos creados y proyectados para dirimir estas situaciones se viven haciendo los distraídos”.

Molesto sobre estas situaciones dijo que “miran para otro lado, porque es más cómodo o más conveniente, porque prefieren no enfrentarse a los intereses económicos y políticos que hay detrás de cada uno de estos abusos. Y haciendo eso, transgreden abiertamente la visión federal que la constitución nacional reformada en 1994 asignó a la temática ambiental y a lo que refiere la gestión de los recursos naturales”.

Habló sobre la Ley de “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” que estableció los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Y creó, para las cuencas hídricas interjurisdiccionales, los comités de cuencas con la misión de colaborar con la gestión ambiental y asesorar a la autoridad de aplicación nacional (art. 4), y dispuso que para utilizar las aguas de las cuencas interjurisdiccionales será vinculante la aprobación por el Comité de Cuenca correspondiente (art. 6).

Acotó que “el problema, es que muchas de las buenas intenciones consagradas por estas leyes no se aplican o sólo lo hacen de modo parcial, por la falta del dictado de las respectivas normas reglamentarias o porque muchas de ellas no fueron complementadas.

Tras estos conceptos prosiguió diciendo en otro pasaje que “estas omisiones en materia normativa, estas deudas, son imputables a las autoridades federales. Cuando hablamos de falta de reglamentación, el responsable es el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando decimos que falta el complemento, el responsable es el Congreso de la Nación”.

Más adelante se refirió al amparo diciendo que “se lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por nuestra constitución, en este caso el derecho humano al agua, el derecho a la salud, garantías que hacen a la protección del ambiente, entre otras.

Contra quién se pide? Se preguntó. Contra las provincias que están ubicadas aguas arriba, que comenten en forma directa los abusos: San Juan, San Luis y Mendoza. Y, a pesar de que no lo menciona el despacho, creo que es absolutamente necesario demandar al Estado Nacional, por todas las consideraciones que acabo de formular, y porque así lo exige uno de los principios de política ambiental que es el principio de solidaridad.

Apuntó con énfasis que no queremos, que con el río Salado ocurra lo mismo que con el Atuel. Los perjuicios sociales, económicos y productivos y ambientales son de consideración, pero hay que trabajar con firmeza para evitar que se profundicen, y en la medida de lo posible para revertirlos. La situación es sumamente preocupante, pero no es nueva.

Berhongaray expresó finalmente que “ahora, pretendemos que no esperen a que nos terminen de robar el Salado, y accionen con firmeza y determinación para detener primero, y revertir después, las consecuencias del aprovechamiento ilegal de sus aguas”.

El diputado justicialista Juan Pablo Morisoli destacó la unanimidad que recibiera el proyecto en tratamiento e incluso recordó que se han producido similares informaciones en distintos sectores, haciendo hincapié en el Parlamento Patagónico que elaboró dictámenes sobre el río Atuel y Salado, que fueron elevados a la Presidenta de la Nación y a los organismos nacionales competentes.

Los diques que fue construyendo Mendoza sobre los ríos Atuel, Tunuyan, Diamante y Mendoza fueron cortando todas las vertientes mendocinas en el rio Desaguadero, con posterioridad, y se refirió seguidamente a la provincia de San Juan, que estaba desarrollando su potencial energético.

Luego aparece la provincia de San Luis, que en un primer momento era perjudicada por sus dos hermanos cuyanos, que solicitó a La Pampa construir tres pequeños diques para revivir los humedales que ellos iban a dar a los descendientes de los pueblos originarios, en las riberas del rio Desaguadero. Recibimos visitas de funcionarios de San Luis y nos hablaron de las bondades, aunque para nosotros era contraproducente.

Más adelante dijo que buscando en Google maps observó que se habían construido dos diques, no sabe si tienen compuertas, cuál es su funcionamiento, pero fueron denegados los mismos ante notas elevadas por la Provincia, pero si sabemos que hay menos cantidad de agua en los caudales del Salado. San Luis a través de notas manifestaron su desagrado, ya que decían que las obras no iban a influir en los cursos del rio Salado. Este material se lo alcance al diputado Berhongaray y a la Fundación Chadileuvú.

También se quejó que Nación no protegía a La Pampa, hay derechos constitucionales que defienden a las provincias aguas abajo. Se refirió al Consejo Hídrico Federal y se lamentó ya que tampoco encontramos un eco positivo en el mismo, entendiendo en consecuencia que Nación también estaba en igual situación que Mendoza, San Juan y San Luis.