General Pico: "Derechos Humanos para las humanas, también", dicen desde el Movimiento por los Derechos de las Mujeres

"Hoy se cumplen tres años del femicidio que conmovió a nuestra ciudad", comienza diciendo el comunicado de prensa entregado por el Movimiento por los Derechos de las Mujeres de General Pico y agregan: "El 10 de diciembre de 2011, Marcelo Tomaselli asesinaba a su reciente esposa, Carla Figueroa, de 19 puñaladas en una vivienda del barrio Indios Ranqueles. Carla, como su mamá y miles de otras mujeres, fueron víctimas de la más extrema de las violencias cometidas por sus parejas. Esa violencia que no es posible reparar y que podría haber sido evitada con la intervención oportuna de las instituciones del Estado. La situación de vulnerabilidad de Carla Figueroa hizo que sea blanco fácil de los abogados al convencerla de “perdonar” a su violador para que éste salga de la cárcel. Y así fue como Tomaselli salió de prisión y a los pocos días la mató. No nos preguntaremos por qué las mujeres, niñas y adolescentes son mayoritariamente víctimas de las múltiples violencias perpetradas por instituciones como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo de todos los niveles del Estado. Tenemos bien claro que vivimos inmersas en una sociedad patriarcal y capitalista donde el bienestar y la vida de nosotras vale poco". En ver más, sigue el comunicado...

Lo que nos preguntamos es hasta cuándo van a ningunear los derechos humanos de las humanas, es decir, de las mujeres, niñas y adolescentes. Hasta cuándo nos serán negados los derechos a la mitad de la población argentina.

No nos alcanza con tener una ley de avanzada que prevenga, sancione y erradique la violencia contra nosotras con un presupuesto irrisorio. Es innegable la desidia imperante de quienes debieran destinar los fondos necesarios para hacer que la ley 26485 sea materializada en lugares de contención, con equipos interdisciplinarios para las mujeres víctimas de violencia.
Además, ¿en qué clase de Estado de derecho vivimos las mujeres cuando hasta la fecha son más de 500 las desaparecidas por las redes mafiosas de trata con fines de explotación sexual?.

Sin ir más lejos, el intendente de Lonquimay dijo: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento” Estas palabras son una muestra de la manera de pensar y en consecuencia, de actuar de los funcionarios que dan luz verde a los ilícitos como la trata de personas.

Por otro lado, nos moviliza otra de las violaciones a nuestros derechos como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. Y para muestra, todo el personal del servicio de obstetricia y ginecología del hospital “Gobernador Centeno” que decide deliberadamente actuar en contra de un derecho que las mujeres tenemos desde 1921 pero que tanto cuesta hacer que se cumpla.

Recordamos que los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal permiten la interrupción del embarazo en el caso de que corriera riesgo la salud de la mujer, si el embarazo fuera producto de una violación o si el feto tuviera algún daño que impidiera su desarrollo.

Más allá de esto, este gobierno elegido por el voto del pueblo ha reconocido recientemente que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Muchas son empujadas a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo. Según las cifras de Amnistía Internacional, en Argentina 80 mujeres mueren cada año y otras 60.000 son atendidas en los hospitales públicos por abortos practicados en forma clandestina e insegura. A pesar de ello, el Congreso sigue sin debatir la despenalización del aborto. Apenas dos veces se trató un proyecto de ley en una comisión de diputados pero nunca llegó al recinto.

Ya pasaron 31 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, pero aún así muchos de los derechos nos son negados a la mitad de la población que exige en las plazas, en sus trabajos, en sus hogares el derecho a vivir una vida mejor, sin violencia.