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Congreso Nacional: el senador Verna presentó un proyecto de declaración rechazando el intento de modificación de la Ley de Hidrocarburos

Martes 10 de Junio de 2014 - 19:11:24
El senador nacional que representa a la provincia de La Pampa, ingeniero Carlos Verna, presentó ayer un proyecto de declaración en el que declara "su firme rechazo a todo intento de modificación de la Ley Nº 26.197 que pretenda desconocer o cercenar los derechos los estados provinciales sobre sus recursos hidrocarburí­feros, reconocidos a partir de la modificación Constitucional de 1994". Dicho proyecto fue presentado por Verna horas después de conocerse sobre la reunión a la que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a los gobernadores de las provincias petroleras -entre ellas La Pampa, representada por Oscar Jorge- para informarles acerca de una nueva Ley de Hidrocarburos. En ver más, el proyecto de declaración completo presentado por Verna en el Senado de la Nación...


PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su firme rechazo a todo intento de modificación de la Ley Nº 26.197 que pretenda desconocer o cercenar los derechos los estados provinciales sobre sus recursos hidrocarburí­feros, reconocidos a partir de la modificación Constitucional de 1994.

FUNDAMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE:

Una vez más surgen exteriorizaciones que manifiestan la intención de modificar marcos normativos que, como en este caso, atentan contra las autonomí­as provinciales. Vemos con suma preocupación declaraciones sectoriales, versiones periodí­sticas y proyectos legislativos que pretenden modificar el escenario actual en materia de hidrocarburos.

Y es nuestro deber, como representantes de los estados provinciales, impedir todo intento de violación a la propiedad que la Carta Magna reconoce a las Provincias.

La Constitución de 1994 -según su artí­culo 124- indica que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Así­ se les ha reconocido la propiedad originaria de dichos recursos y su administración, otorgándoseles una gran herramienta en su búsqueda del desarrollo de su autonomí­a, condimentos imprescindibles para un federalismo pleno. Tal atribución constitucional fue posteriormente introducida, en forma taxativa, en el texto de las modernas Constituciones Provinciales.

En lí­nea con estos preceptos, en el año 2006 fue sancionada la Ley Nº 26197, comúnmente denominada Ley Corta, texto que confirma los derechos sobre todos los permisos de exploración y concesión de la explotación de hidrocarburos, y confiere a las provincias "la autoridad de aplicación y la función de contraparte".

Resulta imprescindible destacar que la mencionada Ley tuvo su génesis en el "Acuerdo Federal de Hidrocarburos" suscripto el 26 de octubre de 2006 -a instancias del entonces Presidente Néstor Kirchner- entre el Gobierno Nacional y las provincias de Neuquén, Chubut, Mendoza, La Pampa, Santa Cruz, Rí­o Negro, Tierra del Fuego, Salta, Formosa y Jujuy.

Así­, estas provincias productoras dictaron sus propias normativas, licitaron y concesionaron sus áreas provinciales y fueron desarrollando estructuras provinciales con un alto grado de profesionalidad que, en la actualidad, garantizan eficacia y eficiencia para logro de las polí­ticas hidrocarburí­feras definidas por el gobierno nacional.

La sanción de la Ley Nº 26.741, que declaró de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, estatizó acciones de la empresa española Repsol y "nacionalizó" Yacimientos Petrolí­feros Fiscales (YPF) fue acompañada -más allá de alguna discordancia puntual- por una amplia mayorí­a del espectro polí­tico por tratarse de una decisión estratégica, y una polí­tica de estado.

Sin embargo, en 2012 surgió una medida del Gobierno Nacional que bien puede tomarse como el primer antecedente de la situación que hoy estamos denunciando.

Una luz de alerta se encendió cuando, al reglamentarse la ley de estatización de YPF, el Poder Ejecutivo Nacional, al dictar el Decreto Nº 1277/12 se arrogó facultades que no posee -y que claramente no otorgan las Leyes Nros. 17.319, 26.197 y 26.741 (último considerando)- tratando de imponer a los estados provinciales un nuevo contexto normativo que resulta claramente contrario a los principios constitucionales ya expresados anteriormente.

Tal situación fue inmediatamente denunciada a través de la presentación del Proyecto de Ley S-3172/12, de autorí­a propia, -representado este año bajo el registro S-126/14- cuyo objetivo primordial pretende que "¦ "La vigencia y aplicabilidad de las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos, que afecten en forma directa las funciones de contraparte de las provincias ("¦) se condicionará a la previa adhesión por parte de cada una de las jurisdicciones locales.

Por todo lo expuesto, y por más razones que argumentaremos al momento de su debate legislativo, solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto al momento de sancionar el presente Proyecto de Declaración.


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