Deuda Pendiente: la muerte del fiscal Nisman, un enigma que atraviesa a la sociedad argentina

A casi un año de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, la pregunta central sobre si fue un suicidio o un asesinato sigue sin respuesta, y prolonga el estado de sospecha que atraviesa a la sociedad desde el 18 de enero último. La investigación judicial no está cerrada pero decenas de constancias y peritajes médicos, criminalísticos y tecnológicos asentados en el expediente robustecen la hipótesis de que fue una muerte autoinfligida. Antes de tener que ceder el control de la pesquisa a la jueza, la fiscal Viviana Fein se esperanzaba con que informes pedidos a servidores de Internet en los Estados Unidos por vía de la estación local del FBI permitieran reconstruir -e iluminar- los últimos tráficos del fiscal, esenciales para determinar si recibió presiones capaces de obligarlo a quitarse la vida. Pero esa línea nunca fue aceptada por la ex mujer del fiscal de la causa AMIA, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien con la fuerza de su lugar en la justicia federal afirma, desde antes aun de los peritajes criminalísticos, que la muerte del padre de sus hijas fue un “magnicidio”. En ver más, siga leyendo la nota publicada por la agencia oficial de noticias Télam...

En su última versión, aseguró sin dar aun demasiados detalles que fue un crimen sofisticado con participación de servicios de inteligencia extranjeros "con ayuda local'', ya que, según dice, está probado que no hubo negligencia sino “zona liberada” por los prefectos y los policías federales de la custodia.

En esa teoría no está claro qué lugar ocupan las declaraciones de uno de esos policías, quien aseguró que un día antes de aparecer muerto Nisman le pidió un arma para defensa, lo mismo que el informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa 22 hallada bajo su cuerpo y cuyas coartadas fueron verificadas.

Arroyo pone la lupa sobre el vidrioso colaborador de Nisman ya que, además de trabajo compartía con el fiscal la intimidad de una cuenta familiar en la sucursal neoyorquina del banco Merrill Lynch por la que, supuestamente, circuló dinero negro, según se investiga en otra causa judicial en curso.

Al retomar el manejo de la causa, la juez Fabiana Palmaghini ha vuelto a citarlo, al igual que a un personaje central de esta trama: el ex jefe operativo de los espías estatales, Antonio “Jaime” Stiuso, con quien el fiscal intentó comunicarse en vísperas de su muerte sin conseguir que le respondiera.

Stiuso abasteció durante años a Nisman de información de inteligencia en la causa por el mayor atentado criminal de la historia argentina, la voladura de la Amia, que aun sigue impune, aunque en un juicio que se desarrolla en estos días se ventila el ocultamiento premeditado de la “pista siria”, ordenado por el entonces presidente Carlos Menem.

El nuevo gobierno se muestra proactivo en el caso y ya creó una secretaría especial para “ayudar” a los tres fiscales que quedaron al frente de la unidad investigadora del atentado aun impune contra la mutual judía Amia, y a la investigación de su dudosa muerte, dando así por sentado una continuidad en ambos hechos.

Si se tratara de un crimen, como aseguran las querellas, la investigación debería pasar a la justicia federal, a la que pertenece Arroyo y también la mayoría de los fiscales que organizaron la marcha del 18F para respaldar las hipótesis culpabilizadoras del gobierno de Cristina Kirchner.

Es claro que las creencias sociales no se forjan en los expedientes judiciales, pero la hipótesis del suicidio ya estaba sostenida en el informe de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia pocas horas después del hallazgo del cadáver en el piso 13 de una torre sin balcones.

Para los tanatólogos que actuaron bajo supervisión de la cabeza del Poder Judicial, el cuerpo tenía un solo tiro en la sien del lado de su mano hábil y trababa la puerta del baño, impidiendo la salida de otro interviniente.

Fue esa primera hipótesis la que “compró” por pocas horas la ex presidenta, quien luego pasó a sostener lo contrario y a creer que Nisman fue un “muerto que le tiraron” para dar escenario a la campaña electoral que se avecinaba.

Tras conducir durante 12 años la investigación del mayor atentado criminal en la historia argentina, cuatro días antes de su muerte Nisman acusó al gobierno elegido nueve años después del atentado, de encubrirlo.

La base argumental de su denuncia quedó destrozada luego de que el ex jefe de Interpol, Ronald Noble, refutó que el gobierno argentino hubiera gestionado quitar a los iraníes acusados las “alertas rojas” para permitirles volver circular por el mundo a cambio de un incremento del intercambio comercial, que tampoco se verificó.

Ni los jueces federales a los que quiso presentar su denuncia durante la feria aceptaron tramitarla con urgencia, y luego otro juez federal y el tribunal de alzada la desestimaron.

Para quien mejor conoce la investigación de la muerte -la fiscal Fein-, no existe hasta ahora ningún indicio que acredite “un obrar homicida”, lo que es igual que decir que Nisman se mató o fue obligado a hacerlo.

Los peritajes descartaron signos de violencia o resistencia, no hallaron ADN de otras personas, ni sustancias tóxicas que pudieran doblegar su voluntad y tampoco sangre en el departamento fuera del charco que rodeaba el cuerpo.

Las constancias del expediente ponen en tela de juicio la hipótesis de la querella de que la escena fue manipulada para que pareciera lo que no fue y los peritos de Arroyo Salgado quedaron en abrumadora minoría en las dos juntas de médicos y criminalistas convocados a debatir las pericias.

Aun así aseguran que Nisman no murió el domingo 18 sino un día antes, cuando Lagomarsino le llevó el arma y exhibieron como un triunfo que los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta no hallaran rastros de una deflagración en la mano de la víctima, aun cuando lo consideraron posible y no inhibitorio para la hipótesis del suicidio.

Ningún sabueso policial pone hoy en duda que si la víctima fuera un ciudadano común, en la causa ya habría un dictamen previsible, porque en toda investigación criminal lo que sobran son las suposiciones pero no las evidencias.

Fuente: Télam.